“Política de descalificación interesada”, “reforma que responde a intereses ideológicos y sociales”, “proceso oscurantista y antidemocrático”, “vuelta a un sistema elitista, selectivo y segregador”, son algunas de las perlas que han lanzado contra el Ministerio en forma de Manifiesto. Con respecto a asuntos concretos, los firmantes del Manifiesto (CCOO, UGT, STE, CGT, Ceapa y el Movimiento de Renovación Pedagógica) afirman que “la modificación de los reales decretos de mínimos supondrá un recorte en la autonomía de los centros, a través del control de los contenidos y del concepto centralista de los mismos”. Asimismo, consideran que los conflictos que aquejan al sistema educativo “tienen un origen social, económico y cultural, mientras que las medidas que la ministra, Pilar del Castillo, propone como solución agravarán los problemas, por lo que suponen de retorno a un sistema elitista, selectivo y de clasificación de personas según su estrato social”. Finalmente, la Plataforma Estatal en defensa de la enseñanza Pública defiende, ya prácticamente en solitario, la Educación compresiva “como garante de la Atención a la Diversidad y promoción de la igualdad del sistema educativo”, además de reivindicar el aumento en la dotación de los medios humanos y materiales “que permitan desarrollar una labor docente que beneficie a toda la sociedad”. El manifiesto quiere hacer hincapié en la importancia de la escuela Pública “por su carácter participativo e integrador”, por lo que también denuncia la política de ampliación de conciertos del Ministerio “que tiende a fomentar la enseñanza Privada desde los primeros tramos de la Educación invirtiendo el equilibrio de la red educativa”. En el terreno de las propuestas alternativas, poca cosa aparte de pedir más recursos. Otros sindicatos de enseñanza con una amplia presencia en la escuela Pública, como ANPE o CSIF, han querido desmarcarse desde el principio de esos planteamientos.