En el caso de los delitos relacionados con el matonismo (bullying), el proyecto acordado por el Ejecutivo y enviado al Congreso de los Diputados recoge la posibilidad de que el acosador permanezca alejado no sólo de su víctima, sino también del centro escolar en el que se produjeron las situaciones de acoso. En cuanto a las medidas contra el aumento de poder e influencia de las bandas juveniles (fundamentalmente latinas) en nuestro país, el texto estipula como agravante en cualquier actividad delictiva el hecho de que el menor pertenezca a una banda, algo que le podría suponer medidas privativas de libertad en régimen cerrado aún cuando el delito cometido no sea considerado grave. El objetivo es alejar a los adolescentes de un entorno que favorece enormemente la comisión de delitos. Penas Por su parte, y en lo relacionado con las penas impuestas en caso de delitos graves y muy graves, la reforma impulsada por el Gobierno fija, para los chavales de 14 y 16 años, un máximo de seis años de internamiento; y para aquellos que hayan cumplido los 16 o los 17 años, hasta 10 años. Más importante aún, la futura Ley del Menor incluye la posibilidad de que el joven pase a un centro penitenciario adulto cuando alcance la mayoría de edad, una opción hasta ahora inexistente en nuestro país. Este último aspecto ha sido criticado por el defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, al considerar que el paso del reformatorio a la cárcel supone enviar al joven delincuente un mensaje poco alentador. Una opinión que no comparte la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos, para quien el texto de reforma sigue mostrando poca mano dura.