Autor: Rodrigo SANTODOMINGO

Si la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOE) llega a buen puerto durante su tramitación en Las Cortes, los centros de Educación Superior de nuestro país gozarán de una mayor autonomía en sus procesos de toma de decisiones y en su funcionamiento interno.
El cambio más notorio de este nuevo espíritu se encuentra en el método para elegir rector. Y es que el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) quiere dejar libertad a cada universidad para que decida si prefiere que la elección del cargo recaiga en manos de todos los "miembros de la comunidad universitaria" mediante "sufragio universal", o bien sea potestad exclusiva del claustro de profesores.
Parejo a este incremente en la independencia de gestión, el MEC busca reforzar la evaluación de la calidad de las universidades, "por ser este un factor fundamental en el binomio mayor autonomía, mayor responsabilidad". En este sentido, el texto aprobado en Consejo de Ministros estipula que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca) pase a ser un ente público y no privado, tal y como había sido hasta ahora. El objetivo es "dotar de una mayor transparencia a los procesos de evaluación".

Cooperación

Otro de los ejes de la reforma es el impulso dado a la cooperación con las comunidades autónomas mediante la creación de una Conferencia General de Política Universitaria.
Por el lado de los alumnos, el texto deja la puerta abierta a la elaboración de un Estatuto del estudiante que "deberá prever la constitución, funciones, organización y funcionamiento de un Consejo de los estudiantes universitarios". Otros puntos importantes de la reforma apela a una mayor coordinación de las universidades con el sector productivo para promover la movilidad de los profesionales, así como para el desarrollo conjunto de proyectos de investigación.

 Acreditación vs Habilitación.
Uno de los puntos más peliagudos de la reforma redactada por la ministra Cabrera y su equipo tiene que ver con los procesos de contratación del profesorado (ver pág. 5). Aunque aún quedan aspectos por definir, sí se sabe seguro que el sistema de habilitación quedará sustituido por el de acreditación. Esto implica dos cambios fundamentales. En primer lugar, la candidatura a ocupar un puesto de funcionario docente en la universidad deja de ser presencial. Además, el número de potenciales acreditados ya no será limitado y proporcional al número de plazas demandadas, tal y como ocurría con el sistema de habilitación.
Poco más de un mes antes de la aprobación de la reforma, un grupo de profesores y catedráticos españoles, la mayoría de especialidades científicas, firmaba un manifiesto exigiendo profundos cambios en los métodos de selección de docentes en la Educación superior.
"Por desgracia", decía el escrito, "en nuestro país los profesores universitarios se seleccionan con demasiada frecuencia por procedimientos poco transparentes, donde ´amiguismo` y ´enchufe` pesan sustancialmente más que la investigación y la docencia".