Autor: José M. LACASA

De momento, nació sin pena ni gloria, pues el decreto de Ingreso y Acceso a la Función Pública Docente le hizo sombra y lo arrinconó en el olvido nada más ver la luz. Su anodina vida hasta el momento ha estado exenta hasta de polémicas, y ni siquiera fue recibido por un “ya era hora”.
Porque, además de las buenas intenciones consabidas y globales –“la construcción activa de un ambiente de convivencia escolar adecuado es una responsabilidad que debe ser compartida y asumida por toda la comunidad educativa”–, la más consabida aún paridad –“el observatorio tendrá la siguiente composición, en la que se velará por la paridad entre hombres y mujeres”–, y el ya tópico olvido de la existencia de una ley llamada LOCE (es curiosa la inquina legislativa contra esa ley, condenada a una damnatio memoriae sin precedentes), lo demás ya se lo puede suponer. por ejemplo, seguro que no le sorprende una sola de sus funciones:
a) Actuar como órgano de asesoramiento, análisis y difusión de información periódica relativa a la situación de la convivencia en los centros escolares.
b) Recoger y analizar información sobre medidas y actuaciones puestas en marcha desde las diferentes instancias, públicas y privadas, para prevenir, detectar y evitar las situaciones contrarias a la convivencia escolar.
c) Difundir las buenas prácticas educativas favorecedoras de la convivencia escolar.
d) Promover la colaboración entre todas las instituciones implicadas en materia de convivencia escolar.
e) Actuar como foro de encuentro interdisciplinar entre organismos públicos y organismos privados acerca del aprendizaje de la convivencia escolar y de la convivencia social.
f) Formular propuestas de actuación tendentes a mejorar la convivencia en los centros educativos y, en general, a la consecución de los fines previstos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación, relativos a la Educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la  resolución pacífica de los mismos.
g) Elaborar informes periódicos para el Consejo Escolar del Estado y otras instituciones sobre la evolución de la convivencia en los centros educativos y las medidas adoptadas para su mejora.
h) Realizar cuantas otras actuaciones le sean encomendadas para el mejor cumplimiento de sus fines.

Nada sorprendente. Como tampoco se sorprenderá de la composición –paritaria, recuerde– del observatorio: parte del MEC, parte de los sindicatos, parte de las CCAA “que voluntariamente lo acepten” –es curioso que el decreto no nombre un solo observatorio autonómico, quizás porque alguno ya peina canas como homenaje a la celeridad del MEC–, y representaciones de la privada, de los padres, de los alumnos, personalidades de reconocido prestigio, representantes de diversos ministerios y de los distintos defensores del pueblo. Vamos, un Consejo Escolar. Será presidido por el ministro de Educación de turno, etc. Nada nuevo, en definitiva. Esperemos oír hablar pronto de él.