Uno de los aspectos que recoge la ley y que está suscitando más polémica es el establecimiento de un canon por el préstamo de libros en bibliotecas.
Hace justo un año, MAGISTERIO publicó una entrevista con Rogelio Blanco, director general del Libro, en la que adelantaba que el proyecto de ley estaba ya preparado en Consejo de Ministros para iniciar su trámite. Blanco apuntaba que la creación de esta ley respondía a “que creemos que la lectura es el único elemento globalizador” y afirmaba que “la ley regula en general, pero los libros de texto y los cambios en la biblioteca son competencia de las CCAA y cada una será responsable de lo que haga”.
Según indican los socialistas, “la oportunidad de esta norma es evidente si se considera que la Ley del Libro en vigor data de 1975 y que muchos preceptos han sido superados por la Constitución y por la evolución del sector”.
De esta forma, la nueva ley aporta novedades como el impulso de los planes de lectura, la promoción de los creadores y la inclusión de los libros de texto en las excepciones al precio fijo. Además, establece programas de apoyo a la industria del libro y crea el observatorio de la lectura. El proyecto contempla una financiación de 431 millones de euros.
La Ley del Libro hizo su entrada en la Cámara Alta el 9 de abril y el plazo de presentación de alegaciones finalizó el pasado día 20. Los distintos grupos registraron un total de 91 enmiendas parciales.