El Gobierno andaluz pretende conciliar la vida familiar y la laboral. Su solución ha sido definir esta etapa como “uno de los mecanismos más eficaces para asegurar la conciliación entre la vida laboral y familiar de sus padres y madres. En consecuencia, la organización y funcionamiento de estos centros, regulada en este Decreto, tiene en cuenta esta función asistencial”.

Para el sindicato andaluz Ustea “el Decreto antepone las necesidades de conciliación a la calidad educativa”. Según el sindicato “se aumenta el número de niños por aula; se disminuye el personal de los centros; se amplía el calendario lectivo y el horario, no reconociendo vacaciones a los niños; el proyecto pedagógico del centro pasa a ser un proyecto asistencial; al no integrarse en el sistema educativo andaluz, se impide que los niños puedan seguir con sus compañeros en las etapas posteriores, puesto que la admisión en un centro de Educación Infantil no conlleva ninguna adscripción para un colegio posterior en el ciclo siguiente”.

Ustea quiere poner de manifiesto que “este ciclo educativo presenta unas exigencias pedagógicas muy elevadas y complejas”. Para la organización sindical, “es en estas edades cuando se detectan los posibles problemas o necesidades educativas, como la dislexia de los niños y pueden ser tratados de forma precoz”. Este ejemplo refleja para Ustea que “esta etapa no consiste únicamente en cambiar pañales y enseñar a los niños el control de sus necesidades fisiológicas, sino que tiene profundas implicaciones educativas, ya que es la base de todo el desarrollo posterior”.

Ustea considera que “reducir esta etapa a unas tareas de cuidado y crianza, como dice el Decreto, es desconocer de forma absoluta la esencia de la Educación Infantil”. Además, según el sindicato, “el Decreto es ilegal por contravenir a la LOE, ya que ésta, frente a leyes anteriores, afirma que la Educación Infantil sólo tiene una finalidad: la educativa”.