En las próximas semanas las familias catalanas cumplimentarán el impreso de preinscripción de sus hijos en centros públicos y concertados para el próximo curso. La sorpresa es que en el formulario de preinscripción no se incluye la posibilidad de elegir una de las lenguas oficiales de Cataluña. “La cuestión es grave”, asegura Ramón Novella, presidente de Profesionales por la Ética de Cataluña, “porque existe una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2008 que obliga a la Generalitat a incluir un apartado en el que los padres puedan elegir si sus hijos han de ser escolarizados en catalán o en castellano”.

Para Novella “aún más grave es la actitud de la ministra, Mercedes Cabrera, que mira para otro lado cuando es el Gobierno catalán quien incumple una sentencia del Supremo y amenaza con imponer la fuerza de la ley a los objetores a Educación para la Ciudadanía”. Profesionales por la Ética de Cataluña anima a los padres catalanes a reclamar sus derechos frente a la arbitrariedad de la Generalitat, acudiendo incluso a los tribunales si fuera necesario.

Por otro lado, la Confederación Católica de Padres (Concapa) exige al Gobierno central que “ejerza sus funciones y utilice los resortes legales disponibles y, en particular, la Alta Inspección Educativa para velar por la garantía de los derechos constitucionales de los ciudadanos”. Para la Concapa “no resulta admisible que los intereses políticos de partido se sitúen por encima de los derechos fundamentales de las personas”. La Concapa lamenta que “la ministra Cabrera no haya usado también en esta ocasión las nuevas tecnologías para apoyar decidida e inequívocamente la sentencia del Supremo exigiendo el cumplimiento de la resolución”.