Carta blanca a las comunidades autónomas para que intervengan en el concierto de los centros cuando estimen oportuno. Es la visión general que las organizaciones con representación en la Concertada tienen del borrador del Real Decreto del Reglamento de Conciertos, que MAGISTERIO publicó en exclusiva la semana pasada en su web. Uno de los puntos más polémicos lo encontramos en al artículo 36 y en la disposición adicional sexta, donde se hace depender la continuidad de los conciertos educativos a las asignaciones presupuestarias.

Según Jesús Pueyo, secretario general de FSIE, “de esta forma se deja al criterio de cada comunidad autónoma asignar o no cantidades económicas suficientes para los conciertos educativos de forma que, aquella administración que decida reducir la enseñanza concertada, le bastará asignar una cantidad inferior en sus presupuestos y, por lo tanto, quedará legitimada para no renovarlos”.

Para Antonio Amate, secretario general de la Federación de Enseñanza de USO, “el elemento clave del borrador es la programación de la red de centros que se introduce en esa adicional sexta, ya que en el anterior reglamento, de 1985, existía un cierto automatismo en la renovación de los conciertos”. Sin embargo, Amate apunta que “ahora las comunidades tienen potestad para renovar o intervenir en función de esa planificación o de la realidad de la zona”.

Amate considera negativo que “en la renovación del concierto no quede reflejada la demanda de las familias ni la realidad social, sino que se contempla como algo secundario y se le da la potestad a las comunidades para renovar en función de las plazas que deseen ofertar y la programación de la red de centros”.

Otro artículo que se deja al arbitrio de las comunidades autónomas es el 26, que establece que “el concierto en ningún caso tendrá una duración superior a los seis años”. Pueyo advierte de que “si una gobierno autonómico lo estima conveniente podrá formalizar conciertos anuales” . Según Antonio Amate, “ahora los nuevos conciertos pueden ser por menos años, ya que el máximo no implica el mínimo” Para Manuel de Castro, “el problema, más que en la duración está en la renovación, ya que si no se produce de forma automática, el centro tiene que repetir los trámites de concertación cuando vaya a renovar”.

NINGÚN AVANCE EN LA HOMOLOGACIÓN SALARIAL

• Para Jesús Pueyo, secretario general de FSIE, “el proyecto no supone avance alguno en cuanto a la equiparación salarial del profesorado de la Concertada con sus homólogos de la función pública”. Según Pueyo, “el artículo 8.2 señala que se posibilitará la equiparación gradual, pero después de 25 años, esa equiparación ya prometida en la LODE, aún no se ha hecho realidad”. FSIE plantea que “debe contemplarse un compromiso concreto en el que se fije un plazo no superior a los cuatro ejercicios presupuestarios para que esta equiparación sea real”.
• Antonio Amate, de USO, apunta que el borrador dice que “el módulo a nóminas del profesorado posibilitará la homologación, lo que significa simplemente una declaración de intenciones y no supone ningún compromiso por parte de la Administración”.
• El secretario de Privada de FETE-UGT, Jesús Gualix, censura que “el borrador no inste a la homologación salarial y no recoja que cualquier subida a los funcionarios influya en el pago delegado a los trabajadores de los centros concertados y también para el PAS”.
• FSIE propone “una modificación normativa de la LOE para que el módulo económico contemple también de forma diferenciada el salario del PAS”.
• Jesús Gualix también exige que “se contemplen unas plantillas de docentes amplias para reducir la carga lectiva”.
• Para Jesús Gualix, “el Ministerio debería haber creado unas condiciones mínimas para facilitar la recolocación a nivel estatal o por autonomías del profesorado cuando se produzca la situación de centros en crisis”. Según Gualix, “cada año cierran muchos colegios a causa de esta situación y los trabajadores deberían tener una recolocación automática, pero es otra patata caliente que se pasa a las comunidades dependiendo de su financiación”.

LAS REACCIONES

• Antonio Amate, secretario general FE-USO

“La Administración tiene potestad para suprimir conciertos”
El secretario general de la Federación de Enseñanza de USO, Antonio Amate, advierte de que “si nos volvemos a encontrar con un problema de escolarización, la Administración tiene potestad para suprimir conciertos sin problema, y si no aparece la demanda social, la Administración va a decir que tiene plazas suficientes en la Pública”. Para Amate, “hay que tener en cuenta que en los años anteriores se reflotaron las matrículas de Infantil, Primaria y Secundaria por el boom económico importante y la inmigración, pero ahora existe una coyuntura económica distinta de crisis, que provoca un problema de natalidad y alumnado, sobre todo en Infantil y Primaria, y el abandono del país por parte de una parte de la inmigración”. El responsable de USO pide “agilidad y automatismo en la renovación y no perder de vista la dimensión social de esos conciertos”.

• Isabel Bazo, presidenta de la CECE

“Mientras exista un puesto público vacío no van a concertar”
Isabel Bazo, presidenta de la CECE, considera el borrador “muy negativo” y no acepta las condiciones que se establecen para conceder el concierto. Para Bazo “mientras que exista un puesto vacío en un centro público no van a concertar en la zona, lo que produce una inestabilidad tremenda, ya que lo fundamental es atender la demanda de las familias”. El peligro para la presidenta de la CECE es que “construyan un centro público donde existe ya uno concertado, ya que con toda seguridad perderá el concierto”. Por otra parte, Isabel Bazo denuncia que “el borrador convierte a la enseñanza concertada en subsidiaria de la Pública, ya que se plantea la programación de forma que se tiene en cuenta el gasto público” y se muestra también en contra de que “la renovación de los centros concertados quede supeditada a que existan fondos presupuestarios”.

• Manuel de Castro, secretario general de FERE

“La renovación debe realizarse de forma automática”
El secretario general de FERE-CECA, Manuel de Castro, critica que el borrador “no atienda la demanda de los padres con respecto a la concesión de los conciertos” y que “la renovación no se realice de forma automática y se someta al centro a un nuevo proceso de admisión”. Para él, “el centro que cumpla con los requisitos de concertación iniciales debe obtener la concertación de forma automática”. El responsable de la FERE también cree que es “absurdo que el borrador recoja la figura del concejal o representante municipal, cuando el municipio no interviene para nada en el centro concertado” y considera que “tiene más sentido en los centros públicos”. Manuel de Castro se muestra preocupado por el desarrollo del RD que pueda realizarse a nivel autonómico y pide una ley con más detalle que evite el posible abuso por parte de las comunidades autónomas.

• Jesús Pueyo, secretario general de FSIE

“El concierto debe ser indefinido y su revisión, continua”
El secretario general de FSIE, Jesús Pueyo, asegura que “la Administración tiene mecanismos suficientes de control para retirar el concierto en el caso de que detecte incumplimientos de los requisitos exigidos a un centro, por lo que el concierto debe ser indefinido, su revisión continua y, en caso de que fuera necesaria su extinción por cualquiera de las cuestiones prevista en la norma, ésta puede producirse en el momento en que se produjera dicha circunstacia”. Para Pueyo, además, “la duración del concierto establecida en el artículo 26 es altamente lesiva y empeora las condiciones del anterior RD”. FSIE reclama “la extensión del concierto educativo al nivel del Bachillerato y por lo tanto el RD debe contemplar dicho régimen para toda la enseñanza desde los 3 a los 18 años. De hecho hay comunidades que ya conciertan el Bachillerato y esta norma debe contemplarlos”.

• Jesús Gualix, secretario de Privada de FETE-UGT

“El Ministerio debe dar el cerrojazo a las cuotas voluntarias”
El secretario de Privada de FETE-UGT, Jesús Gualix, denuncia que “el borrador habla mucho de gratuidad pero deja la puerta abierta a las cuotas voluntarias”. Para Gualix, “el Ministerio debe dar el cerrojazo a estas cuotas y proveer al centro de una financiación suficiente para que no tenga que pedir ese dinero a las familias”. El responsable de la FETE también exige que “el borrador contemple que cuando un centro solicite un concierto lo haga para todos los ciclos y cursos, ya que es una forma de no enmascarar una posible selección del alumnado”. Gualix reclama también que “el nuevo titular se haga cargo de toda las plantillas y las condiciones anteriores para evitar así el miedo que produce en los trabajadores el cambio de titularidad”. Desde FETE también se pide que “se especifiquen las ratios máximas de alumnos y las mínimas de profesor por unidad”.