Las principales patronales y asociaciones de directores del Reino Unido han enviado una carta al ministro de Educación, Ed Balls, en protesta por la nueva ley que obliga a registrarse en un fichero estatal a todo aquel que trate con niños en trabajos remunerados o voluntarios. La idea de conceder permisos oficiales para este tipo de tareas, que por supuesto afecta a todo el profesorado, nació tras el asesinato en 2002 de dos niñas inglesas a manos de un cuidador escolar investigado previamente por agresión sexual y robo.

El escrito advierte que la entrada en vigor de la nueva ley, prevista para el año próximo, hará que desaparezcan por completo los intercambios lingüísticos con el extranjero, ya que las autoridades británicas no podrán comprobar si las familias foráneas son o no aptas para hacerse cargo de los niños procedentes del Reino Unido. Además, se teme que caigan drásticamente las demandas de voluntariado y la implicación de los padres en actividades extraescolares.

Los aspirantes a entrar en el registro deberán acreditar que no suponen un peligro para la integridad física, sexual o moral de los menores. Esto excluye a pederastas, violadores y condenados por delitos violentos, aunque también deja al organismo responsable de gestionar la lista un amplio margen de discrecionalidad para casos más específicos.

Se calcula que tendrán que registrarse uno de cada cuatro adultos (más que la población total menor de 18 años), puesto que la ley afecta a todos los profesionales del ámbito educativo, empleados de mantenimiento y labores similares en recintos escolares, entrenadores infantiles, monitores, médicos, enfermeras, etc.