En previsión del desarrollo, por parte del Gobierno, de la incorporación de  la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo, prevista  en la recientemente aprobada Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y  de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Cofapa y Concapa han suscrito un manifiesto conjunto en el que afirman, entre otras cosas, que “al tratarse de temas con evidentes repercusiones morales o éticas, habrá de tenerse en cuenta muy especialmente la  opinión de las familias a la hora de concretar sus contenidos, objetivos o métodos”.
Igualmente reclaman que se garantice la “objetividad y la neutralidad  ideológica en los centros públicos como la no conculcación del ideario  propio de los centros privados que lo tengan”.
“La Educación sexual no debe ser pretexto para inculcar –directa o  indirectamente– en los alumnos ideas y doctrinas que reflejan tomas de  posición con respecto a problemas sobre los que no existe un generalizado  consenso moral en la sociedad española”, añaden.