“Los alumnos que tengan el título de Técnico de Formación Profesional podrán obtener el título de Bachiller por la superación de un curso de un año de duración de profundización en competencias clave y formación tecnológica basadas en los objetivos generales del Bachillerato”. Así está redactado el artículo 89 del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), dentro del capítulo VIII dedicado a la FP. Un artículo que no ha contado con el apoyo de algunas de las organizaciones presentes en el Consejo Escolar del Estado, que celebró un pleno para debatir el borrador de la ley el pasado 28 de enero. El propio ministro acudió al acto para presentar allí el documento sobre el Pacto educativo.

Una de las enmiendas en contra vino de la mano de STES, con el objetivo de que “las pasarelas entre el Bachillerato y la FP se realizaran por la vía de las convalidaciones y no cursando un Bachillerato de un año”, pero no fue aceptada por el Ministerio. La que sí que aprobó fue una de FETE-UGT, un tanto parecida a la de STES, pero que proponía que “el título de Bachiller se obtenga por la superación de las asignaturas necesarias para alcanzar las capacidades basadas en los objetivos generales del Bachillerato”.

El secretario general de la FETE, Carlos López Cortiñas se muestra trajante con este artículo. Él considera “un error establecer sólo un curso para obtener el título de Bachiller, puesto que habrá alumnos que necesiten sólo un año para adquirir esas competencias básicas del Bachillerato, pero habrá otros que tengan que hacerlo en dos años”. Cortiñas también advierte que el documento debería dejar claro que “con la flexibilización de la FP no se puede trasladar el símil a los alumnos de que se regalan los títulos”.

Para Julio Serrano, responsable de Investigación, Desarrollo e Innovación de CCOO, “la técnica legislativa que han utilizado no es la adecuada, ya que incorpora modificaciones de leyes orgánicas a través de anteproyectos de leyes ordinarias”. El presidente de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, también considera que “cambios tan importantes deberían haberse llevado a cabo en el Pacto por la Educación o en el marco legislativo específico de las leyes educativas”.

Julio Serrano considera muy inoportuno que “esta ley se tramite de forma urgente a la vez que se inicia el debate sobre el documento del Pacto, donde ya se incluyen medidas que están reguladas en la propia LES”. Para José Antonio Poveda, asesor jurídico de FERE, “es incongruente, y le resta credibilidad al propio Pacto, hablar de elementos que contiene el documento del Pacto y que se están tramitando paralelamente en este anteproyecto”.

CENTROS INTEGRADOS DE FP "PÚBLICOS"

• La Concertada vuelve a pasar desapercibida en algunos artículos de la Ley de Economía Sostenible. FSIE solicitó en el pleno del Consejo Escolar que “el artículo 83.3, que habla únicamente del funcionamiento de los centros públicos que ofrecen de forma integrada la FP, se extienda a los centros concertados y privados a los que se les excluye en principio de la posibilidad de ser centros integrados de FP”.
• Para el secretario general de FSIE, Jesús Pueyo, “esta cuestión constituye una clara discriminación y una evidente contradicción con el enunciado del artículo 81, que prevé “la consolidación de una red estable de centros de FP que estará constituida por los centros públicos y privados concertados”.
• El asesor de FERE, José Antonio Poveda, advierte también que “la integración de la oferta de FP en la Universidad de hace de forma específica en los campus públicos, en lugar de dejarlo abierto a todo el sistema educativo”.
• Poveda alerta, además, de que “excluye de la programación a los titulares de los centros privados, mientras sí que incorpora a los padres”.