Mucho se habla de la conflictividad escolar, de las agresiones o insultos de los alumnos o los padres a los profesores, de la necesidad de reforzar la autoridad del profesorado con el objetivo de detener esas conductas. Pero poco sabemos de los problemas, y bastante graves, que surgen entre los profesores y los propios directores del centro, los inspectores educativos o la Administración. Precisamente, un dato que pasaba inadvertido en el último informe del Defensor del Profesor del sindicato ANPE, es que el 29% de los encuestados manifiesta falta de respaldo por parte de la dirección del centro, y el 9% asegura que tampoco ve apoyo de la Administración.

Un ejemplo de la presión que reciben los docentes por parte de directores, inspectores o la Administración lo encontramos en el “caso Rabasco”, y cuya sentencia hemos conocido hace unos meses. Durante el curso 2005-06 el catedrático José Manuel Rabasco, que impartía clases de Geografía e Historia en el instituto “Fray Luis” de Granada, fue acusado por el director del centro –José González– de tratar con grave desconsideración a los alumnos y desobedecer a sus superiores. Tras efectuarse una inspección por el titular correspondiente –Antonio Caballero– se le abrieron tres expedientes y se le impuso una sanción de ocho meses sin empleo ni sueldo.

Pese a que el docente presenta en febrero de 2007 alegaciones y solicita la práctica de ciertas pruebas de descargo, se le mantiene la sanción provisional y se le deniegan las pruebas propuestas por él. Finalmente, Rabasco recurre a los tribunales y se celebra un juicio que no se escapa de estar envuelto en polémica. El desenlace termina siendo más trágico porque el profesor, que padecía diabetes, empieza a tomar tranquilizantes que le provocaron que su enfermedad se agravara y que finalmente le condujeron a la muerte en pocos meses.

Una sanción descomunal
Dos años después de su muerte, la jueza que lleva el caso, Estrella Cañavate, titular del juzgado de lo contencioso-administrativo de Granada, ha dictado una sentencia muy dura y muy clara. Dice textualmente que “las acusaciones que se realizaron contra el profesor Rabasco no son más que vaguedades, con una vulneración de sus derechos de defensa hasta denegársele todas las pruebas presentadas” y considera “descomunal” la sanción que le impusieron “sustentada en la falta de pruebas”.

La jueza no entiende “por qué se admiten las testificales de determinadas alumnas, director y jefa de estudios y no se quiere admitir las de los profesores propuestos por el recurrente que tenían por objeto acreditar la enemistad previa del expedientado con el director, así como el historial académico de suspensos de las alumnas que contra él declararon”.
“A pesar de ello la Administración no enmendó lo actuado, como debía haber hecho en ese instante, sino que procedió a sancionar”, asegura la magistrada. La delegada de Educación por aquel entonces era Carmen García Raya, y la consejera, Cándida Martínez, actual portavoz socialista de Educación en el Congreso. “La Administración ha actuado con temeridad poniendo en entredicho el buen nombre y prestigio profesional del recurrente, tanto en la ciudad donde vivía como en los ambientes de su profesión”, añade la sentencia.

La asociación de profesores de Secundaria APIA ha exigido a la Consejería que restituya públicamente el buen nombre del profesor. La Administración, aparte de no responder a la solicitud de APIA, recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Para el presidente de APIA, Gonzalo Guijarro, “la Consejería lo tiene difícil porque la sentencia de la jueza de Granada no se anda con medias tintas, habla de construcción de pruebas por parte del director –lo cual es un delito–, de inconstitucionalidad del proceso y de vulneración de la legítima defensa por parte del inspector”.

El presidente de APIA asegura que en Andalucía es frecuente que se produzcan casos parecidos de lo que denomina “persecución a los disidentes pedagógicos”, es decir “a aquellas personas que no siguen la pedagogía que intenta imponer la Administración”. Guijarro considera gravísimo el desprecio con que la Administración trata a la familia del profesor, ya que después de la sentencia apabullante de la jueza se niega a restitutir a la familia los ocho meses de sueldo que le debe.


¿UN "ENCHUFADO" EN EL PUESTO DEL PROFESOR RABASCO?

• A la que era delegada de Educación cuando se produjo el caso Rabasco, Carmen García Raya, y que actualmente desempeña su cargo como concejala del Ayuntamiento de Granada, le espera el próximo día 21 una vista en los juzgados de Granada relacionada precisamente con el profesor Rabasco.
• La asociación de profesores APIA denunció que García Raya puso a su propio hijo como profesor en el instituto “Fray Luis” de Granada, en la misma plaza que el profesor Rabasco y de manera totalmente irregular.
• El caso ya saltó a los medios hace más de un año cuando el PP de Granada pidió la dimisión de la concejala socialista por “haber enchufado a su hijo”. El vicepresidente ejecutivo del PP granadino, Antonio Ayllón, explicó que “el familiar de la socialista se presentó al concurso de dos plazas de Tecnología y Matemáticas en el centro, aunque su especialidad es Música, pero finalmente no superó el concurso, si bien meses después consiguió la plaza en Geografía e Historia”.
• Por su parte, Carmen García Raya explicó que “la adjudicación de la plaza siguió un proceso normal acogiéndose al supuesto de plazas sobrevenidas como ocurre en cientos de casos, año tras año, para garantizar los derechos de los trabajadores de la enseñanza y el buen funcionamiento del sistema”. La portavoz socialista mostró su malestar por “la falta de respeto y la actitud carroñera del respresentante popular” y consideró “vergonzoso que el PP pretenda utilizar a mi hijo para atacarme políticamente”.
• De hecho, un grupo de 25 directores de instituto de Granada arremetieron contra APIA y defendieron a la ex delegada de Educación en una carta en la que consideraban que “el procedimiento es ágil, eficaz y garante de los derechos de los docentes y que se pone en marcha en septiembre para resolver la adjudicación de nuevas vacantes que surgen en los centros”.
• Desde el Ayuntamiento de Granada han asegurado a MAGISTERIO que “el asunto quedó zanjado hace más de un año después de una moción del PP, que retiró tras la comparecencia de García Raya”.