La sanidad de los funcionarios se organiza a través de las Mutualidades –Muface, Mugeju e Isfas– que se financian a través de las aportaciones del Estado y que presta el servicio sanitario mediante aseguradoras médicas o la Seguridad Social. El colectivo de profesores elige mayoritariamente la asistencia sanitaria de las aseguradoras en un 84,5% frente al 15,5% que elige la prestación médica en la Seguridad Social.

Sin embargo, las alarmas saltaron cuando se conoció en diciembre pasado que dos importantes entidades como Mapfre y Caser anunciaron que no seguirían colaborando con Muface. Luego nos enteramos que se retiraban porque perdían dinero.

Las razones de estos problemas radican en la financiación que reciben uno y otro sistema. Mientras que el Sistema Nacional de Salud recibe una aportación de 1.041euros por persona y año, según datos del Ministerio de Sanidad, y Muface recibe 688,8 euros, un 34% menos. Si incluimos el gasto de farmacia las cifras totales son para la Seguridad Social de 1.320 euros por persona y año y para Muface 908,8, un 32% menos para los funcionarios.

El gasto medio en prestaciones asistenciales de las aseguradoras representa el 102,34% de lo percibido en la prima. Esto explica la salida de dos importantes aseguradoras de Muface y el poco futuro que tienen las que quedan. El problema va en aumento pues el diferencial de incremento entre la asignación a la Seguridad Social y al mutualismo va aumentando cada vez más en detrimento de Muface, situándose en 2005 en un 0,83%, y en 2007 en un 2,01%.
“Esto tiene como consecuencia una importante reducción de la calidad de la asistencia sanitaria a los funcionarios –denuncia CSI-F– ante la pasividad total de los responsables políticos que, hasta ahora se han limitado a negar la mayor esperando que el servicio se deteriore y los funcionarios abandonen el sistema y se reintegren en el Régimen General de la Seguridad Social”. Este sindicato también criticó la postura de Izquierda Unida que, “amparándose en un absurdo igualitarismo, pidió el 7 de mayo en el Congreso de los Diputados la desaparición de Muface y del resto de mutualidades, olvidando que, lejos de ser un privilegio, la prestación del servicio está sujeta a un régimen de precios autorizados y a las condiciones que marca la Administración pública en el concierto que se renueva cada cierto tiempo”.

CSI-F ha iniciado una recogida de firmas para entregarlas al Gobierno antes de que se elaboren los Presupuestos Generales del Estado para 2011. “Sabemos que estamos en crisis y que hay que contener el gasto público, pero también sabemos que la salud es un tema importante y no admite cicatería”, señala el sindicato.

CSI-F pide incrementar las aportaciones públicas a las mutualidades hasta reducir el diferencial con el gasto público al 20-25%, hacer efectivo el acuerdo de reducir la aportación farmacéutica de los jubilados del 30 al 15% y constituir un órgano mixto para evaluar necesidades, tratamientos, fármacos, tecnología, etc.