Todas las organizaciones patronales de los centros concertados de Andalucía –CECE, FERE-CECA, ACES y SAFA– han manifestado su más rotunda disconformidad con las medidas previstas en la Disposición Primera del Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban las medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz, y que ha llevado a una reducción de los salarios en el profesorado de la enseñanza concertada.

Las cuatro organizaciones enviaron el pasado 24 de junio un escrito a la Consejería de Educación en el que exponían que “la Disposición Adicional es injusta y no se ajusta a derecho, conculcando los preceptos constitucionales y la normativa vigente en materia laboral, incluido el convenio colectivo del sector”. Las patronales consideran “llamativo el contenido de la exposición de motivos del citado decreto-ley, ya que considera las medidas contenidas en dicho decreto como una consecuencia del Real Decreto-ley 8/210, de 20 de mayo, cuyo contenido no afecta a la Concertada”.

Las patronales entienden que “la Administración va a proceder de forma ilegal, excediéndose en sus competencias, al aprobar una reducción de los salarios de los profesores de la Concertada, obviando el régimen jurídico de los conciertos educativos previsto y reglado en las leyes orgánicas”. Además, lamentan que “la reducción de salarios que se impone no haya sido consensuada entre las partes competentes y se produce en conceptos salariales que forman parte del convenio colectivo”.

De esta forma, las organizaciones han instado a la Consejería a abstenerse de efectuar modificaciones unilaterales que afecten a las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la Concertada. Asimismo también le exigen que continúe abonando los salarios que vienen percibiendo los trabajadores en pago delegado en la misma cuantía que lo ha venido haciendo conforme al convenio colectivo del sector y los acuerdos que forman parte del mismo.

También en Aragón, las organizaciones sindicales más implantadas en la Concertada –FSIE y FETE-UGT– registraron el pasado 25 de junio un escrito de demanda de conciliación en materia de conflicto colectivo ante la Dirección General de Trabajo. Para estos dos sindicatos “somos los trabajadores que no hemos tenido grandes beneficios ni nos hemos lucrado en tiempos de bonanza, los que ahora tenemos que pagar las consecuencias”.