El Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el Decreto 14/2011, de 24 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de 2011 en la Comunidad, al considerar que el número de plazas convocadas para el Cuerpo de Maestros (510) es excesivo y contraviene el límite que establece la Ley de Presupuestos del Estado, que fija en un 30% de la tasa de reposición de efectivos.

La Administración Regional considera, por su parte, que la convocatoria se ha ajustado en todo momento no sólo al contenido literal de dicha Ley, avalado por sentencias del Tribunal Supremo, sino también al espíritu de contención del gasto público derivado de las medidas impulsadas desde el Gobierno central y desde el propio Gobierno autonómico.

En su argumentación, el Gobierno central considera que a la hora de evaluar el número de plazas que se ofertan se debería haber tenido en cuenta únicamente las jubilaciones producidas en 2010. En cambio, la Administración regional consideró necesario, en aras al mantenimiento de la calidad del sistema educativo y en beneficio de los opositores, especialmente del personal interino, incluir las jubilaciones producidas desde la última convocatoria de oposiciones del Cuerpo de Maestros, en el año 2009. Al respecto, la Consejería de Educación entiende que la Ley de Presupuestos del Estado no circunscribe esas situaciones sólo al año 2010, sin perjuicio del límite que la citada Ley indica de un 30% de la tasa de reposición, que “esta Administración ha respetado escrupulosamente”.

Ataque al sistema
Por este motivo, el Departamento de Juan José Mateos considera que esta actuación “va más allá de lo estrictamente jurídico y se ha realizado con mala fe” porque en las reuniones mantenidas los días 25 de enero y 18 de febrero de 2011 en Madrid el Ministerio de Educación pidió a las Comunidades Autónomas que se esforzaran en convocar oposiciones este año y, sin embargo, el Ministerio de Hacienda defiende ahora lo contrario, impulsando este recurso contencioso-administrativo de la Abogacía del Estado.

La directora general de Recursos Humanos, Rocío Lucas, explicó a MAGISTERIO CyL que la actuación de la Abogacía del Estado es “extraña y perjudica seriamente a uno de los pilares básicos de la calidad del sistema educativo de Castilla y León: la baja interinidad y la estabilidad laboral de los docentes”.

Lucas aseguró que la llegada de este recurso ha sorprendido mucho a la Consejería ya que la cifra de plazas convocadas para este año (510) es el resultado de las jubilaciones que se han producido desde la anterior convocatoria del año 2009, “por tanto hemos calculado las jubilaciones de 2009 y 2010, el mismo cálculo que hemos realizado en las convocatorias de 2007, 2005...”, apuntó. En este sentido, la directora general de Recursos Humanos no entiende por qué no se han recurrido las convocatorias de otras Comunidades Autónomas como Andalucía. En cualquier caso, Lucas insistió en que este recurso sólo afecta al número de plazas y no al proceso de oposiciones, que ya se ha iniciado y, que precisamente, el pasado 27 de abril se cerró el plazo de presentación de instancias de los aspirante. Por tanto, la convocatoria seguirá adelante y, presumiblemente, este recurso afectaría a una reducción en el número de plazas convocadas. Por su parte, CSIF ha calificado este recurso de “disparate” y una actuación “bochornosa del Gobierno central”. Su presidente, Hipólito Riesco, aseguró que estudiarán las posibles acciones que pueden llevar a cabo.