País Vasco: Las 10 claves de una ley sin apoyo en la oposición y con los agentes educativos enfrente

Llamada a ser la ley estrella de esta legislatura y con retrasos acumulados sobre las previsiones iniciales con el fin de lograr el finalmente fallido objetivo de tejer consensos, la norma sustituye a la Ley de la Escuela Pública Vasca de 1993.

Estas son las diez claves de una ley aprobada a finales de la legislatura y cuyo desarrollo quedará en manos de los próximos gobiernos:

1.- Objetivo general de la ley

La ley persigue «posibilitar una transición educativa justa» dirigida a «dar respuesta a las necesidades de cada momento» a través de un proceso «inclusivo basado en la equidad, en la cohesión social y en la excelencia».

2.- La educación como servicio público prestado por la escuela pública y la privada concertada

La ley crea el Servicio Público Vasco de Educación, dirigido a satisfacer el derecho fundamental de la educación y prestado a través de los centros públicos y los privados concertados, es decir, los privados que reciban fondos públicos para financiarse, la mitad de los que están en funcionamiento en Euskadi. Todos los centros que formen parte de este servicio deberán cumplir una serie de requisitos que pasan por priorizar el euskera, no tener ánimo de lucro, el compromiso contra la segregación y la atención a la diversidad, entre otros.

3.- Fin de las cuotas educativas y gratuidad de todos los centros

La ley quiere poner fin a las cuotas cobradas por los centros concertados. Ratifica así la gratuidad, al menos a partir del segundo ciclo de Infantil, de la enseñanza impartida por todos los centros financiados con fondos públicos, recogida ya en la actual normativa, aunque incumplida por los colegios privados concertados. En concreto, establece que estos centros no podrán «imponer la obligación de abonar cuotas o realizar aportaciones a fundaciones, asociaciones, ni establecer servicios obligatorios asociados a las enseñanzas que afecten a servicios, prestaciones o ámbitos materiales que sean objeto de financiación pública.

El departamento establecerá un «mecanismo de control» para garantizar la efectiva gratuidad y estos centros estarán sometidos a auditorías que evalúen el destino correcto de los fondos públicos. Su financiación estará condicionada al cumplimiento de las «exigencias, principios y criterios» de la ley y de su posterior desarrollo reglamentario.

3.- El concepto segregación se incluye en la ley

En un momento en el que la mayoría de la población con menores recursos socioeconómicos, como la de origen extranjero, se concentra en los centros públicos, el concepto de segregación se incluye en la ley para subrayar que la oferta educativa «debe contribuir a una distribución equilibrada de la diversidad y de la vulnerabilidad entre todos los centros sostenidos con fondos públicos con el fin de evitar la segregación del alumnado». Educación promoverá proyectos para los colegios con mayor índice de complejidad educativa y regulará mecanismos de provisión de profesorado «cualificado, motivado e incentivado» en ellos. No obstante, de partida los únicos centros privados que no podrán ser concertados son los que segreguen por sexos.

En una de sus disposiciones adicionales la ley establece además que se abrirá un proceso de diálogo para lograr un «pacto contra la segregación escolar».

4.- Reserva de plazas e Índice de Vulnerabilidad

Con el fin de garantizar la escolarización equilibrada, la ley establece la reserva de plazas para la matriculación de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Estas necesidades van desde las que parten de una «vulnerabilidad socioeducativa o socioeconómica», hasta las relacionadas con diversos trastornos del aprendizaje. Para determinar la reserva de plazas nace el Índice de Vulnerabilidad de cada zona escolar, que se obtendrá atendiendo a las condiciones socioeconómicas y demográficas de cada área y las del alumnado participante en el proceso de acceso y admisión

5.- El tratamiento de las lenguas, el escollo que ha dinamitado el acuerdo a tres

La ley recoge que la educación vasca se estructura como un sistema multilingüe cuyo eje es el euskera. Se articula a través de las dos lenguas oficiales y al menos una extranjera, que serán vehiculares en el aprendizaje. Deja a los centros la elaboración de su propio proyecto lingüístico en base a las características sociales, lingüísticas y económicas del entorno en el que se ubique, dentro de un marco común para cuya definición la ley da dos años de plazo y que se articulará «sobre la base de los modelos lingüísticos vigentes». Cualquier «desarrollo o actualización» de estos modelos, cuya normativa sigue en vigor, debe garantizar «sus mismos derechos y principios».

6.- El objetivo de la ley: mejorar el perfil del alumnado en euskera e inglés

La ley establece que una vez acabada la enseñanza obligatoria el alumnado tenga un nivel equivalente al B2 en euskera y al B1 en inglés.

7.- El Plan Estratégico que guiará la enseñanza

Este plan definirá las principales líneas de trabajo, en virtud de las cuales el Departamento acordará contratos programas con cada centro.

8.- Nuevos organismos y entidades que nacen de la ley

-Los consejos municipales, encaminados a impulsar proyectos educativos comunitarios.

-Instituto de Evaluación, Investigación y Prospectiva de la Educación, que persigue la «mejora permanente» de la enseñanza.

-Instituto para el aprendizaje del euskera y de las lenguas, encargado de las metodologías lingüísticas y de la formación del profesorado

 9.- Publificación de centros privados

La ley abre la puerta a la publificación de los centros privados que lo deseen, conforme a unos requisitos todavía sin definir.

 10.- Entrada en vigor de la ley y desarrollo reglamentario

La ley entrará en vigor un mes después de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y el Gobierno Vasco está obligado a desarrollar todas las disposiciones normativas reglamentarias que se deriven de la norma en el plazo máximo de dos años.

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la nueva Ley de Educación con el único apoyo de los grupos del Gobierno, PNV y PSE, y el rechazo de toda la oposición, incluidos los partidos que el año pasado firmaron el pacto educativo (EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU). Las distintas fuerzas políticas han mantenido durante el pleno de hoy las mismas posturas que defendieron el mes pasado en la comisión en la que se votó el dictamen de la ley, que sustituye a la Ley de la Escuela Pública Vasca de 1993, con lo que solo nacionalistas y socialistas han respaldado el texto. Elkarrekin Podemos-IU se descolgó hace tiempo del pacto educativo llamado a sentar las bases de la ley al entender que en su elaboración el Departamento de Educación no estaba respetando lo acordado. EH Bildu se desmarcó en octubre cuando el PNV aceptó una enmienda del PSE para mantener la vigencia de los modelos lingüísticos. Por su parte, PP, Vox y Ciudadanos se mostraron en contra desde un inicio.

La nueva ley también cuenta con el rechazo de sindicatos y de organizaciones en defensa de la escuela pública, que hoy se han concentrado en el exterior del Parlamento, ya que consideran que no pone en el centro a la red pública y que no acaba con los problemas de segregación por origen y por renta.

Tras la aprobación de la norma, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha considerado en los pasillos del Parlamento que «más allá del voto de hoy la ley tiene un apoyo sólido, profundo y amplio» entre la comunidad educativa y se ha mostrado convencido de que «son más los agentes que la apoyan que los que la critican».

Bildarratz: «No ha sido fácil»

En declaraciones en los pasillo del Parlamento Vasco Bildarratz, ha calificado de «largo e intenso» el camino recorrido hasta la aprobación de una ley «que es de todos» porque surge tras numerosas reflexiones, reuniones e intercambios de documentos, según ha explicado. «No ha sido fácil», ha reconocido el consejero, ha asegurado que la ley «nace con vocación de perdurar» y de «transformar» el sistema educativo vasco con dos objetivos: la equidad y la excelencia.

Durante el debate el parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese ha acusado a nacionalistas y socialistas de haber «querido dejar fuera a EH Bildu» y ha considerado que aprobar la norma con el único apoyo de PNV y PSE «es un fracaso del Gobierno». El texto, ha añadido, «perpetúa los modelos, consolida el monolingüismo» e implica «euskerafobia». Además, establece la financiación «sin límites» de los centros concertados, «abre la puerta a la devaluación del modelo D» y rompe «las complicidades para llegar a un acuerdo que evite la segregación».

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha considerado que la apuesta por la escuela pública recogida en el pacto educativo «no se traduce en nada concreto» en la ley, que de hecho «refuerza» la red concertada al «homologarla» con la pública. Gorrotxategi, que ha puesto el foco en que la comunidad educativa rechaza de manera mayoritaria la ley, ha criticado que la norma tampoco incorpora «criterios de equidad» ni desarrolla un marco plurilingüe, sino que «perpetúa los modelos lingüísticos».

PP: Es la historia de un fracaso

El popular Carmelo Barrio cree que la norma «no es una ley de educación, sino de política lingüística» que «no garantiza el aprendizaje en castellano» y que está repleta de «incertidumbres» porque su desarrollo se remite a cien reglamentos. «Es la historia de un fracaso», ha añadido. Desde el grupo Mixto, Amaia Martínez (Vox) ha recordado la «contestación social» despertada por una ley que es «solo» del Gobierno, y Jose Manuel Gil (Ciudadanos) ha considerado que es una «instrumento de euskaldunización forzosa»· que además está «contaminada por las muchas enmiendas de Bildu que se han acepado» (más de 70).

El parlamentario del PNV Gorka Álvarez ha defendido que la ley va mucho más allá del enfoque lingüístico -que consiste en «un marco plurilingüe con dos lenguas oficiales y un tercer idioma extranjero»-, sino que nace para «diseñar una hoja de ruta para mejorar el sistema educativa a largo plazo». Álvarez ha acusado a Elkarrekin Podemos-IU de haber «arruinado el pacto educativo porque nunca se lo han creído» y de buscar con su actitud un «rédito político a corto plazo». A EH Bildu le ha afeado que «se hayan salido de la ley» y les ha dicho que «les guste o no es una ley pactada» con ellos porque se han incorporado muchas de sus enmiendas.

La socialista María Jesús San José ha puesto en valor que «gracias al PSE está será una ley de educación y no una ley de construcción nacional», ha subrayado que el texto tiene como objetivo «el éxito académico» y ha explicado que para lograrlo se apuesta por la escuela pública, la equidad, el trilingüismo y la evaluación continua.