El Gobierno apela a la urgencia para hacer solo una modificación parcial de la Lomce

“La corrección de estos problemas –dice ese documento ministerial– podría llevarse a cabo realizando una nueva ley completa, pero la necesidad de dar seguridad jurídica a los centros y al alumnado y posibilitar una efectiva ordenación educativa con una cierta rapidez obliga a la modificación de la norma actual vigente”.

Estos problemas que el Ministerio cita en su documento son los siguientes:

–La organización de la enseñanza a través de itinerarios, (PMAR, FP Básica, adaptaciones curriculares del currículo para los Acnee, etc.) ha aumentado las desigualdades en la Educación y perjudicado la inclusión y la equidad.

–Para poder obtener diferentes títulos era necesario aprobar las evaluaciones finales (“reválidas”), prescritas cuando el alumno ya no tenía posibilidad de mejora, que finalmente quedaron en suspenso.

–Se permite la publicación de los resultados de las evaluaciones por centros, lo que puede dar lugar a clasificaciones jerarquizadas.

–Una organización compleja del currículo, tanto para los centros (alumnos, padres y madres y profesorado) como para las administraciones, que establece jerarquía en las materias y criterios numéricos para la promoción (computando solo algunas de ellas).

–Se establece un mayor control y uniformidad, al hacer depender el currículo de los estándares de aprendizaje evaluables, sin referirse a las competencias como base de un currículo integrador.

–La eliminación de los ciclos en Educación Primaria debilita la relación entre el profesor y su grupo y contribuye a incrementar el número de repetidores.

–Se ha reducido el papel de los poderes públicos en su función de garantizar el derecho a la Educación a través de la creación plazas públicas.

–Menor participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y desequilibrio de las competencias de gestión a favor del director y de la Administración educativa, en la selección de éste.

–La Religión confesional en Bachillerato pasa a formar parte como materia específica en los dos cursos, computándose ahora en la nota media para el acceso a la universidad o becas.

–Excesivo reglamentismo en una norma de esta naturaleza, lo que dificulta el ejercicio de las competencias de las Administraciones educativas y de la autonomía de los centros.

Aspectos cuestionados
Según el Gobierno, “dicha modificación habrá de recoger, de un lado, la eliminación de los aspectos más cuestionados” y que serían los citados anteriormente. De otro lado, habrán de abordarse “aquellos temas en los que se ha puesto de manifiesto una elevada coincidencia entre los problemas detectados por la comunidad educativa (recogidos en las comparecencias y documentos generados durante el fracasado intento de pacto del anterior Gobierno) y los objetivos y líneas estratégicas acordados en los organismos supranacionales e internacionales (UE y OCDE), cuyo seguimiento y evaluación se hace a través de evaluaciones periódicas”.

Ante la publicación de este documento, el sindicato STES ha emitido un comunicado en el que pretende “llamar la atención, en primer lugar, sobre lo limitado del planteamiento ministerial”.

Para STES resulta “profundamente desalentador que después de casi medio año de Gobierno del PSOE, y tras la oposición que previamente se venía planteando a la Lomce, ahora el Ministerio aborde el asunto de esta ley solo como una reforma parcial de determinados aspectos que hayan podido ser más polémicos de la misma”.

Además, para este sindicato, resulta “muy preocupante” que el Ministerio aluda a unas “supuestas coincidencias” de toda la comunidad educativa detectadas en el seno de la ya desaparecida subcomisión parlamentaria para el pacto educativo, y, por otro, que una de las referencias sean las líneas estratégicas de la UE y la OCDE”.

STES cree que el Ministerio “no se plantea la transformación a fondo del sistema educativo que muchas organizaciones anhelamos. Nos tememos que se va a limitar simplemente a limar las aristas más duras de la Lomce”.

STES también cree que “los cambios se harán buscando el consenso (o, al menos, no chocar frontalmente) con los sectores social y políticamente más conservadores”; y que todo ello se efectuará “bajo las directrices neoliberales que emanan de la UE y la OCDE y en pruebas internacionales de evaluación como PISA”.

Objetivos de la modificación

-Equidad y calidad: Diseñar un sistema que atienda los diferentes intereses, aptitudes y capacidades del alumnado, garantizando la equidad y la calidad educativa en todos sus niveles y facilitando que ningún estudiante quede excluido, con el fin de lograr un ejercicio efectivo del derecho a la Educación. ­­­

-Currículo: Regular una estructura del currículo al servicio de una Educación inclusiva y acorde con las competencias básicas, valorando, respetando y apoyando la diversidad. ­­­

-Religión católica: Regular el ejercicio del derecho a una enseñanza de la Religión confesional, sin que obligue a una asignatura alternativa ni interfiera en la nota media obtenida en enseñanzas académicas, en el marco de los Acuerdos con la Santa Sede. ­­­

-Evaluación: Recuperar el carácter formativo, continuo, colegiado e integrador de la evaluación, favoreciendo que sea un instrumento de diagnóstico y mejora para alumnado, centros y administraciones. ­­­

-Participación: Hacer real y efectiva la participación de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, equilibrando las competencias del director o del titular y del Consejo Escolar. ­­­

-Autonomía: Vincular la autonomía de los centros al fomento de planes estratégicos y líneas de trabajo para mejorar su calidad, exigiendo una mayor transparencia en la rendición de cuentas. ­­­

-Admisión: Mejorar el sistema de admisión con políticas activas, con el fin de que diversos colectivos se vean reflejados en los criterios de baremación y eliminar los elementos discriminatorios derivados de la especialización de centros. ­­­

-Coeducación: Recuperar plenamente, para los poderes públicos, el mandato constitucional de la programación de la enseñanza, apoyando la coeducación. ­­­

-Competencias: Llevar a cabo una regulación de las competencias educativas del Estado y las CCAA respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y lealtad institucional.