La hora del Estado educador

En la Conferencia Sectorial de la semana pasada el consejero de Educación de Madrid desveló un detalle sustancial de la contrarreforma que está preparando el Ministerio que es toda una declaración de principios. Se ha suprimido el art. 1, h bis de la Lomce que reconoce expresamente “el papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos”. La ministra entró al trapo y contestó que “por encima del derecho de los padres está el derecho del menor”. Digo que es toda una declaración de principios porque me parece que aquí está la raíz de otros debates más concretos como el de la Religión, Ciudadanía, Concertada, demanda social, etc.

Me parece que la ministra se equivoca porque establece una contraposición de derechos donde no la hay. Al contrario, es ese papel protagonista de las familias en la educación de sus hijos lo que garantiza su derecho a recibir una educación adecuada. El derecho del menor y el derecho de sus padres no solo no compiten sino que van de la mano, se necesitan, se complementan. Por su parte, el Estado se limitará a regular esa relación y a intervenir solo cuando sea necesario.

Ya he contado en otra ocasión que en pleno debate sobre la implantación de la asignatura de Ciudadanía alguien del Ministerio me dio la siguiente justificación: “¿Estarás de acuerdo conmigo en que los padres han tirado la toalla en su tarea de educar en valores? Pues por eso desde el Estado tenemos el deber de intervenir”. No recuerdo si, incluso, dijo: “Tenemos el deber moral de intervenir”. Se trata de esa visión paternalista de la Educación que no se conforma con regular desde el Estado sino que siente la necesidad casi moral de ir más allá, de entrar en los hogares, en las familias. Porque si ya no somos los padres los primeros responsables de la educación de los hijos, ¿quién lo es?

En mi opinión, detrás de esta visión paternalista se oculta una antropología basada en la falta de confianza en la persona que lleva al imperativo moral de controlar primero y de intervenir después. No basta con regular. Falta confianza en la capacidad de los padres en educar a sus hijos en los llamados “valores democráticos”, en la profesionalidad de los docentes, en la capacidad de los centros de ejercer su autonomía no solo pedagógica sino curricular, organizativa y económica. De donde si no ese empeño para que las familias no puedan elegir Religión y estén obligadas a matricular a sus hijos en Educación Cívica o de meter un concejal en los consejos escolares, etc. Siempre la falta de confianza.