Los sindicatos piden a la Junta de Castilla y León que no valide los centros integrales

Los alumnos englobados desde Infantil hasta la finalización de la educación postobligatoria no universitaria podrían verse agrupados en un solo centro escolar público en el ámbito rural y en zonas urbanas «desfavorecidas». Es la situación que presentará Castilla y León si el actual Gobieno Autonómico aprueba el Proyecto de Decreto por el que se regula la creación de los centros docentes integrales en la Comunidad.

El documento se ha presentado ya en la Mesa Sectorial y en el Consejo Escolar y recoge que mediante este tipo de centros se favorece » la interrelación del alumnado, de los docentes,» y «se consiguen sinergias en el aprendizaje» además de fomentar » una mayor facilidad para realizar proyectos colaborativos que puedan contar con entornos favorables de convivencia».

La respuesta desde las principales organizaciones sindicales de Castilla y León ha sido unánime: piden la inmediata retirada del documento.

En concreto, la portavoz de STECyL, Christina Fulconis, afirma que el Borrador de Decreto «está formulado en base a un ahorro económico, es decir, a un recorte de profesorado». «Consideramos que, sobre todo en zona rural, esto puede llevar a una mayor despoblación y lo que hay que hacer es dar garantías de que cubran todas las necesidades de los pueblos pequeños para poder asentar población», añade. Una opinión que comparten desde ANPE Castilla y León.

«Si el decreto se aprueba supondría una modificación de la estructura de nuestros centros en la zona rural y no sabemos qué consecuencias podría tener eso en las plantillas jurídicas», expone la presidenta de este sindicato independiente,  Pilar Gredilla, que critica la actitud de la Junta al lanzar una propuesta sin el consenso de los sindicatos: «Creo que se ha lanzado una medida sin proponer cuáles serán las iniciativas para dar viabilidad a los centros integrales», concluye.

Desde CSI-F han remitido una carta a la Consejería de Educación pidiendo que se evite la segregación agrupando a los alumnos solo en centros de zonas rurales o urbanas desfavorecidas y «paradójicamente nos dieron la razón», comenta Isabel Madruga, presidenta de la sección de Enseñanza de este sindicato. «Pero al final no han cambiado nada», añade, y hace alusión al documento como «un mal ejemplo que han querido coger de la Concertada y que quieren adaptar de manera imprecisa y sin consenso ninguno a la Pública».

Las tres organizaciones acusan a la Junta de querer aprobar decretos sin dialogar con las partes implicadas al final de la legislatura. El documento se encuentra a la espera de ser aprobado en próximos Consejos de Gobierno.