La sentencia del Supremo impulsa a los profesores técnicos de FP

Mantendrán su lucha ante el Ministerio de Educación y FP los próximos meses para lograr la equiparación salarial con el profesorado de Secundaria.
RedacciónMartes, 13 de agosto de 2019
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Los profesores de FP seguirán reclamando los próximos meses su equiparación salarial con el profesorado de Secundaria, según ha dado a conocer la Asociación de Profesores de Formación Profesional en un comunicado. En él dan a conocer su visión de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Los asociación presenta su recurso como una “reclamación pionera para conseguir un cambio legislativo”. Y valora positivamente que el Tribunal Supremo, en el fundamento jurídico duodécimo, exponga: “No es ocioso añadir que no es que esta Sala rechace el planteamiento de fondo de la entidad demandante, máxime si lo que es su reclamación profesional puede repercutir en la mayor valoración e incentivación de la Formación Profesional, empezando por el estatuto profesional de sus docentes: lo que se rechaza es la pretensión tal y como se ha planteado y con base en lo expuesto; cosa distinta sería que se impugnasen concretos actos materiales –no meramente formales como es el silencio- que fuesen aplicación de unas normas que les sirvan de cobertura y evidenciasen un trato discriminatorio injustificado”.

“Había muchos asesores del Ministerio que decían que era imposible, que no tenía lógica ni sentido. Ahora, con esta aseveración del Supremo, iremos a negociar con el Ministerio con un importante aval ético”, señala José Reina, presidente de la asociación.

Agravio comparativo

Los profesores técnicos de FP sienten como discriminatorio un sueldo inferior al de los profesores de Secundaria, cuando unos y otros imparten enseñanzas “en los mismos niveles con las mismas funciones docentes y los mismos requisitos de titulaciones de acceso (grado universitario y máster de Secundaria)”.

Además, recuerdan que esta brecha salarial no se produce en la Concertada ni en la comunidad del País Vasco y que no significaría un alto coste. Ponen como ejemplo la Comunidad de Madrid, donde calculan que supondría unos cinco millones de euros.

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