La campaña electoral del 10-N refleja las distintas visiones en torno a la Educación

No es raro que los debates sobre Educación comiencen situándola como política esencial, aspirando a que deje de ser «arma arrojadiza» entre partidos. Así precisamente arrancó el coloquio organizado por el Club Siglo XXI la semana pasada en Madrid, con Marta Martín, la representante de Ciudadanos, empezando en esta línea para terminar pidiendo la dimisión del ministro de Universidades, Pedro Duque, por no haber condenado los manifiestos contra la sentencia del procés de las universidades catalanas. [Duque escribiría poco después un tuit dando su apoyo a los 800 profesores firmantes de una carta abierta contra el control ideológico en la universidad].

En este marco, tanto Martín como Sandra Moneo (PP) aprovecharon para defender el actual reparto competencial –solo Vox habla en su programa de recentralización–. Para Martín «es la correcta si el Estado no hace dejación de funciones y las comunidades no son desleales». Para Moneo, «no se puede cambiar el sistema porque alguien no cumpla su parte del trato». Ambas apostaron al tiempo por reforzar la Alta Inspección para evitar el «adoctrinamiento» en las aulas. También porque el Gobierno regule el acceso a la función docente. Y por evaluaciones al final de cada etapa, aunque C’s matiza que «sin efectos académicos».

Joan Mena (Podemos) se refirió a su vez a Cataluña, por alusiones. Al presentarle el moderador del encuentro, el diplomático y ex embajador ante las Naciones Unidas Chencho Arias, hacía referencia a lo «meritorio hoy en día» de ser profesor de Lengua Española en Sabadell, como Mena.

«Me he criado en la escuela pública de Cataluña, no soy independentista, no odio a España y acabé estudiando Filología Hispánica por el amor que le tengo a la literatura española y a la lengua castellana. Quizá deberíamos alejarnos de los mantras que nos persiguen», proclamó. No fue la única vez que Mena se refirió al sistema educativo catalán, que criticó porque «se gasta mucha energía en hablar de banderas mientras hay 1.000 barracones en la comunidad y alumnos que pasan toda su escolaridad en ellos».

El encuentro evidenció la existencia de dos idiomas al hablar de Educación, patente también al contrastar los programas, con propuestas del PSOE que replican las de Podemos y otras que figuran con los mismos términos en los de PP y Ciudadanos. A PSOE y Podemos les preocupa que se garantice el derecho de acceso a la Educación, que, según Mena, «peligra» para las familias vulnerables. Si desde el PP se elogia a las comunidades que logran situarse en los primeros puestos en PISA pese a no ser las que más gastan, Podemos cree que «el debate entre invertir más e invertir mejor es un falso debate, pues hay que invertir bien, pero también más».

Donde PSOE y Podemos hablan de derecho a la Educación, el PP y C’s insisten en no olvidar «el segundo derecho en igualdad en el artículo 27 de la Constitución, la libertad de enseñanza», en palabras de Moneo. Si Mena menciona «la anomalía de los conciertos» en España, el PP propone extenderlos a Bachillerato y FP. Si Podemos habla de lograr que los claustros, los estudiantes, el PAS y el ámbito sindical tengan voz y voto en el gobierno de un centro para el PP se debe avanzar hacia la profesionalización de la dirección. Si Podemos considera un problema la interinidad, ese 24% de docentes que no saben dónde empezarán y acabarán el curso, PP y Ciudadanos siguen empeñados en un MIR.

Los cuatro ponentes eran viejos conocidos, pues compartieron un año y medio de trabajos en la Sucomisión parlamentaria para lograr un Pacto Social y Político por la Educación. C’s y PSOE siguen hablando de Pacto en su programa. «No podemos más que desearlo, pero hay cuestiones que nos diferencian demasiado. A lo mejor hay que ser menos ambiciosos y llegar a acuerdos en cuestiones esenciales: currículum, financiación, AET, convivencia…», reconoció Mari Luz Martínez Seijo (PSOE), que añadió: «Si fuéramos capaces de dejar la libertad de enseñanza al margen, cómo se entiende por parte de unos y otros, posiblemente podríamos avanzar mucho más”.

También la portavoz del Grupo Popular, Sandra Moneo, reconoció que los acuerdos en Educación son posibles: «No estoy conforme con la afirmación de que siempre ha sido terreno de confrontación política. Hay dos modelos distintos, el del PP y el del PSOE, pero cuando diferentes partidos han llegado a la máxima responsabilidad han encontrado determinados terrenos limítrofes. Porque la pregunta no es si podemos llegar a un acuerdo. No hay dilema. Debemos. Es posible. Es muy complicado, pero está en juego mejorar la Educación en España».

En su programa, Podemos apuesta por «Implantar la Educación inclusiva en la escuela ordinaria pública». También en su Propuesta abierta para un programa común progresista del 3 de septiembre el PSOE mencionaba una nueva ley que garantizará «la inclusión, mediante la atención personalizada y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sexo o por necesidades educativas especiales». Ahora, en el programa para el 10-N, añade: «Este principio será compatible con el mantenimiento de Centros de Educación Especial para el alumnado que necesite una atención muy especializada».

Esta fue sin duda una de las cuestiones que más polémica generó en el coloquio, con acusaciones cruzadas entre los representantes de los distintos partidos. Sandra Moneo criticó al PSOE por haber abierto este debate: «Hasta ahora ha habido una convivencia pacífica entre los centros de Educación Especial y los ordinarios y la inclusión no se garantiza solo en el sistema ordinario», espetó, al tiempo que pidió que se elimine de la Lomloe la disposición adicional que hace alusión a la conversión de los centros de Educación Especial en centros de referencia.

Mari Luz Martínez Seijo respondió negando que se vayan a cerrar los Centros de Educación Especial: «Van a seguir funcionando con plena normalidad. Es un compromiso personal del presidente del Gobierno«. Marta Martín, por su parte, aseveró que Ciudadanos defiende la escolarización tanto en centros de Educación Especial como en aulas especiales como en centros ordinarios con refuerzos y afeó al PSOE haber hablado de cierre de centros de Educación Especial y al PP haber organizado «una campaña de contaminación con este tema». Por su parte, Joan Mena zanjó: «Si la Educación no debe utilizarse como arma arrojadiza en campaña hacerlo con la Educación Especial es lamentable».

• El PSOE vuelve a hablar de Pacto. Añade «con la plena participación en su desarrollo y aplicación de la comunidad educativa». También la carrera docente la abordarán «de manera acordada con los representantes del sector». Marca como meta un 5% del PIB. Matiza que será la red pública la que garantice la universalización y gratuidad en Educación Infantil 0-3. Incorpora el ‘bullying’ o la gratuidad, calcando las propuestas de Podemos. Habla de Educación en los valores constitucionales.
• El PP deja las 18 propuestas del 28 de abril en 10. Sigue apostando por evaluaciones nacionales de final de etapa (al menos la de Bachillerato con efectos académicos). Se mantiene el MIR docente, la extensión de los conciertos a Bachillerato y FPB y el refuerzo de la Alta Inspección. No figura ya la garantía a las familias de poder deducirse las cuotas que pagan en la Concertada ni el informe sobre el coste del puesto escolar o el fomento del Bachillerato Internacional.
• Ciudadanos sigue aspirando a un Pacto Educativo para toda una generación. También al MIR y a una EvAU única para toda España. Su programa es casi idéntico al del 28A. Pone el énfasis en acabar con «el adoctrinamiento nacionalista» y «evitar que los que quieren romper España sigan haciendo política en las aulas». No aparece la gratuidad de los libros de texto ni tampoco evitar la «persecución» de Hacienda a las familias que se desgravan las cuotas voluntarias.
• Unidas Podemos aspira a una nueva ley, sin pacto. Su meta sigue siendo un 5,6% de inversión en Educación en 2023. Su programa es muy similar al de las Elecciones del 28 de abril. Insiste en acabar con los conciertos a los centros de Educación diferenciada o en un plan contra la segregación escolar. Como novedad, se compromete a «prevenir cualquier fraude en el mercado de libros de texto» y a «promover las lenguas cooficiales» en el sistema educativo.
• Más País habla de un Acuerdo Político y Social por la Educación y de una Nueva Ley de Bases del Sistema Educativo que derogará la Lomce. Sitúa la meta en un 5,5% del PIB para Educación en 2023. Menciona el Estatuto de la función docente y la reducción de la interinidad al 8%, con equiparación al funcionario. Potenciará la Conferencia Sectorial. Plan de escuelas infantiles públicas 0-6 con 80% de escolarización en 0-3.
• Fiel a sí mismo, el partido de Santiago Abascal replica las medidas que ya propuso en abril, cuando concurrió por primera vez a unas elecciones generales.Vox es partidario de que se devuelvan al Estado las competencias en Educación, «limitando todo lo posible la capacidad legislativa autonómica»; de exámenes al final de Primaria, ESO y Bachillerato, incluyendo uno de conocimiento de castellano, y de homogeneizar las oposiciones en toda España.