Curso 2020-21: 17 formas de empezar las clases en todo el territorio español

“Lamentablemente en estos meses el único acuerdo al que han llegado las Administraciones educativas se ha ceñido al ámbito higiénico-sanitario, que, con ser fundamental, no es el que venimos reclamando. La previsión en junio de la mayoría de las comunidades, confiando en una evolución favorable de la pandemia que no se ha producido, era comenzar el curso a coste mínimo, recuperando una normalidad académica que no existe. Ni la Conferencia Interministerial de Educación y Sanidad del 27 de agosto ni la Conferencia de Presidentes del 4 de septiembre avanzaron en un acuerdo global en materia organizativa y pedagógica que conllevara una mayor inversión educativa. Solo se pretende garantizar la Educación presencial hasta 2º de ESO y a fecha de hoy solo la Comunidad Valenciana y Asturias aseguran que van a cumplir la recomendación de un máximo de 20 alumnos por aula”. El lamento de Maribel Loranca, responsable de Educación de FeSP-UGT, es compartido por los representantes de los principales sindicatos de la enseñanza, pese a que cada uno tenga su particular perspectiva.

En un inicio de curso en que finalmente solo se ha optado por la presencialidad en todas las etapas en Castilla y León, Navarra, el País Vasco, Extremadura y Cantabria (poco más de una décima parte del alumnado), José Ramón Merino, de STEs, reconoce que, aun no siendo su sindicato crítico con las diferencias autonómicas, es palpable que unas comunidades han hecho las cosas mejor que otras. Como buen ejemplo cita la Comunidad Valenciana, “que hizo los deberes en junio, llegó a un acuerdo con la comunidad educativa y va a contratar a 4.300 profesores”. “Seguro que se pueden hacer las cosas mucho mejor, pero para nosotros es la referencia”.

Cita Merino en el otro extremo a aquellas comunidades donde el curso ha empezado con huelga en la enseñanza: Galicia, el País Vasco, Aragón, Andalucía y Madrid (también Murcia y Baleares), a su juicio, por no garantizar una vuelta segura. Y, en el punto intermedio, a Asturias o Castilla y León, que, aunque tarde, han reaccionado y rectificado.

Pero lo que para Merino es chocante es que en una ciudad confinada se decida el cierre de las escuelas o no en función de la comunidad autónoma. “Los centros no son burbujas. Se puede empezar el curso mal y que se conviertan en bombas de relojería, como sucedió en Israel, donde se disparó el número de contagios, o hacer las cosas bien, como en otros países donde se ha vuelto con cierta normalidad y no ha empeorado la pandemia”.

El sindicato ANPE no aprueba las huelgas, porque con los centros abiertos y servicios mínimos cree que la situación puede empeorar, pero sí que se cierren centros a partir de un determinado número de contagios en su ámbito de influencia o si no están en condiciones de garantizar unos requisitos mínimos. A su presidente, Nicolás Fernández Guisado, sí le hubiera gustado que en junio se hubiera llegado a un protocolo unificado de medidas higiénico-sanitarias, no solo recomendaciones, y cree que el acuerdo del 27 de agosto llega tarde y es incompleto.

Habla Fernández Guisado de cómo la vuelta a las aulas es desigual, aunque los problemas sean comunes, empezando por el incremento de las plantillas, que se prevé en torno a un 5% cuando haría falta el doble para bajar las ratios, y de cómo las jubilaciones voluntarias de profesores de 60 a 65 años, que se han incrementado, o los docentes vulnerables que con un informe médico están siendo sustituidos agudizan este problema.

También STEs –que subraya que las listas de interinidades en algunas especialidades se han agotado– y CCOO y CSIF advierten de esta dificultad. CSIF ha calculado los profesores que se han prometido en cada territorio, los que han llegado para iniciar el curso y los que serían necesarios para reducir la ratio. El sindicato aboga por ratios máximas de 15 alumnos. “Si según los virólogos la seguridad depende del número de personas congregadas, debería ser algo de obligado cumplimiento, no que cambia al cambiar de comunidad autónoma”, reflexiona su responsable de Educación, Mario Gutiérrez, que insiste en que estamos ante una cuestión “sanitaria, no educativa” y critica a los 17 consejeros y consejeras por pretender ser 17 “miniministros”.

• Test masivos. Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia han optado por pruebas serológicas generalizadas a docentes. En Cataluña se hará un cribado masivo y en Asturias, pruebas PCR. En la Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, Aragón o Cantabria se han descartado por ofrecer solo “una foto fija”.
• Síntomas Covid. Son fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares, cefalea, dolor de estómago, vómitos, diarrea y pérdida de olfato o gusto. Galicia y Cataluña han eliminado la congestión nasal. En Cataluña y Extremadura es fiebre desde 37,5. En Madrid, desde 37,2. En el País Vasco, desde 37.
• Distancia y mascarilla. En la mayoría de las comunidades la distancia de seguridad es de 1,5 metros. Galicia, que hablaba de 1 metro, lo ha corregido. Extremadura mantiene 1 metro en Secundaria y Bachillerato. La mascarilla ha pasado a ser obligatoria desde los seis años. Cantabria fue la primera que la incluyó y Cataluña, que la hacía obligatoria desde los 12, rebajará la edad a los seis las dos primeras semanas. Algunas comunidades como Cantabria y Galicia la recomiendan desde los tres.
• Profesores vulnerables. En su tratamiento y apoyo tampoco hay una posición común. UGT pide un protocolo único acordado por las Administraciones educativas y sanitarias en todo el Estado. Mientras, CCOO reclama que los docentes sean considerados de riesgo 2 y no de riesgo 1.
• Cuarentenas. Galicia ha eliminado de su protocolo que un aula con un caso positivo debe estar en cuarentena un mes. Cataluña está estudiando estudia rebajar la cuarentena de un grupo de 14 días a 10 o siete.