El PP propone que la Inspección Educativa garantice los derechos lingüísticos

También deberá encargarse de que «los centros educativos sean lugares de aprendizaje libres de adoctrinamientos», explica el grupo parlamentario popular en un comunicado de prensa, en el que se explica que los inspectores gozarán de la consideración de autoridad pública y podrán actuar de oficio o por denuncia de particulares.

En caso de infracciones, informarán al Ministerio de Educación y propondrán actuaciones y si son constitutivas de delitos se lo comunicarán a la Fiscalía. Además comprobarán que los currículos, los libros de texto y el material didáctico se adecuan a las enseñanzas comunes; que estas se imparten acorde a lo dispuesto por el ordenamiento estatal sobre estas materias obligatorias básicas de los respectivos currículos; y verificarán que los estudios cursados se adecuan a lo establecido en la legislación del Estado, a efectos de la expedición de títulos académicos y profesionales válidos en toda España.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha justificado la querella presentada por el Govern contra el líder del PP, Pablo Casado, por sus afirmaciones sobre la presunta discriminación de niños castellanohablantes en las escuelas catalanas: «La mentira no puede quedar impune».

El pasado diciembre, el Govern se querelló contra Casado por haber dicho: «¿Se puede tolerar, de verdad, que a un niño de cinco años se le pueda apedrear y aislar en clase? ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metan piedras en la mochila?».

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Aragonès ha tachado de «absurdas» las palabras del líder del PP y ha advertido: «No nos podemos acostumbrar a la mentira, a los ataques. La mentira no puede quedar impune. Veremos si el Tribunal Supremo hace lo que le toca hacer». Aragonès ha denunciado una «ofensiva judicial» contra el catalán en las escuelas, a cargo de una «judicatura alineada con el nacionalismo español». «Frente a esta ofensiva judicial haremos actuaciones a corto, medio y largo plazo», ha dicho Aragonès, que ha apostado por la «codocencia», la «inspección» para que se cumplan los planes educativos en los centros y un «refuerzo legislativo» para blindar el catalán en la enseñanza en Cataluña y evitar que sean los tribunales quienes «legislen» de facto sobre esta materia.

Por su parte, la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) ha acusado a «todos» los gobiernos de politizar la Alta Inspección educativa, por lo que «carecen de la credibilidad necesaria para generar confianza». Hasta la fecha, desde la creación de la Alta Inspección en 1981, «ningún gobierno, indistintamente de su ideología, se ha preocupado por dotarla de recursos suficientes de un marco normativo que le permitiese actuar con eficacia para garantizar no solo el cumplimiento de la legislación sino sobre todo los derechos de las personas», dice USIE.

Esta organización recuerda que en reiteradas ocasiones ha propuesto replantear la Alta Inspección educativa, que debe ser un organismo autónomo -ahora depende de Educación e Interior- formado por personas seleccionadas con procedimientos objetivos y, para garantizar su independencia técnica, tener «una plantilla amplia y estable (actualmente apenas dos o tres personas todas en comisión de servicios en cada CCAA)».

USIE añade que la Alta Inspección no precisa de un cuerpo de inspectores específico: «Es una duplicidad innecesaria. Ya existe el Cuerpo de Inspectores de Educación, de ámbito estatal, con los únicos funcionarios docentes que aúnan las funciones de supervisión y control con las de asesoramiento por lo que la provisión de puestos de trabajo en las altas inspecciones debería realizarse exclusivamente con inspectores de educación».