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CGT recurre en la Audiencia Nacional la norma de acceso a la profesión docente

CGT ha presentado un recurso en la Audiencia Nacional contra el real decreto que modifica el ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, aprobada en abril para adaptar la "Ley Iceta" (de Función Pública).
EfeMiércoles, 15 de junio de 2022
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Esta ley pretende acabar con el elevado número de interinos en las administraciones públicas del país, rebajando la cifra a un 8 %, en convergencia con la Unión Europea.

En opinión de la Federación de Enseñanza de CGT, el real decreto aprobado en abril por el Ministerio de Educación «no sirve para estabilizar a las personas interinas en abuso de temporalidad» y va en contra de la “igualdad de oportunidades y libre concurrencia”.

Así, el sindicato ha recurrido, «en este primer momento», la limitación de 10 años para el reconocimiento de la experiencia docente y que solo se puntúen oposiciones a partir de 2012. La nueva regulación marca una fecha límite «injustificada de 10 años para el baremo de méritos de las personas que vayan a participar en el concurso oposición como en el concurso de méritos», con lo que iguala a los interinos con 17 o 18 cursos trabajados, con los que llevan diez.

CGT dice no entender de «dónde sale esta limitación temporal que resta posibilidades a las personas que llevan más años en abuso de temporalidad» y, añade, que «aún más grave» es la limitación de la fecha de 2012 para poder obtener puntuación por haber superado algún proceso selectivo. Es decir, aquellos que hayan aprobado un concurso oposición desde 2012 pueden llegar a obtener hasta 5 puntos en uno de los apartados de la baremación del Concurso de Méritos, sin embargo hay muchas comunidades donde nunca se han convocado oposiciones o lo han hecho antes de 2012.

CGT valora las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el personal interino que «reconocía el incumplimiento de la directiva europea 1999/70 por parte» de España y considera que tanto el «Icetazo» como el real decreto de Educación no recogen lo marcado por el TSJU.

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