Los profesores catalanes no podrán decidir en qué lengua dan clase

Así lo ha indicado este martes el conseller en una rueda de prensa en la que se ha referido a las instrucciones que se han enviado este martes a las direcciones de los colegios públicos y concertados catalanes para aplicar el decreto ley aprobado ayer por el Govern con el fin de hacer frente a la sentencia del TSJC que obliga a impartir el 25% de materias en castellano en todas las aulas catalanas a partir de mañana.

En las instrucciones enviadas a los colegios, los directores deberán responder antes del 30 de junio un cuestionario formado por siete preguntas que si se responden afirmativamente implicarán la validación del proyecto lingüístico por parte de la Consellería. En este sentido, Gonzàlez-Cambray ha subrayado que la responsabilidad ante la ley de los proyectos lingüísticos que se validarán «recae en la Consellería de Educación» de la que él es «su máximo responsable».

En el caso de no ser validados, los centros contarán con la Inspección educativa para reformular sus planes lingüísticos «como máximo durante los seis primeros meses del próximo curso escolar», según el conseller. «Lo que estamos haciendo es legislar para proteger a los centros educativos y ninguna legislación puede ser mas democrática que legislar desde el Govern y convalidar la legislación desde el Parlament», ha añadido. De hecho, al referirse al decreto ley aprobado ayer por el Govern, el conseller ha destacado como «muy relevante» que la Generalitat asuma la responsabilidad legal de los proyectos lingüísticos validados por la Consellería. «Ante las injerencias de los tribunales somos un escudo jurídico y legal para los centros educativos», ha añadido el conseller.

El responsable de la Educación catalana también ha afirmado que la Consellería, para hacer frente a la sentencia, ha informado hoy al TSJC sobre la aprobación ayer del decreto ley y de las instrucciones enviadas hoy a los centros educativos, además de la situación en la que se encuentran el castellano y el catalán en escuelas e institutos en base a informes elaborados por el Síndic de Greuges y el Consejo de Evaluación. Asimismo, el conseller ha añadido que el gabinete jurídico central de la Generalitat «está trabajando en su repuesta al TSJC».

El titular de Educación también ha insistido en que el aprendizaje de lenguas debe hacerse con criterios pedagógicos y no a partir de porcentajes, como indica el TSJC en su sentencia al ordenar impartir el 25% de materias en castellano.

El diputado de la CUP Xavier Pellicer ha considerado este martes que lo que hace la instrucción enviada por el Departamento de Educación a los centros escolares «es ejecutar la sentencia» que impone el 25% de clases en castellano, y ha vuelto a pedir la retirada de la proposición de ley y el decreto.

En una rueda de prensa en el Parlament, Xavier Pellicer ha indicado que a la CUP le ha sorprendido la instrucción enviada a los centros escolares y se ha preguntado qué pretende hacer en realidad el Govern de la Generalitat. «Denunciamos –ha afirmado– que el acuerdo entre cuatro partidos para aprobar la nueva ley del catalán y el decreto no es más que una maniobra de marketing político que tiene como finalidad aplicar» la mencionada sentencia.

Según Xavier Pellicer, lo que implica el decreto aprobado ayer es que «se ha abierto la puerta a la segregación escolar por motivos de lengua», y se ha mostrado convencido de que tanto este texto como la proposición de ley que está en trámite van a acabar con la inmersión lingüística «en un momento de regresión» del uso de catalán.

El diputado de la CUP ha vuelto a pedir al Govern y a los partidos que pactaron la ley que retiren sus propuestas, y al Departamento de Educación que «elabore un proyecto lingüístico para todos los centros».

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha rehusado este martes comentar las últimas decisiones del Govern sobre el uso del castellano en las escuelas catalanas y ha reiterado que las administraciones deben cumplir los mandatos de los jueces. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Rodríguez ha insistido en el compromiso del Gobierno de «poner en valor» todas las lenguas del Estado y el catalán, ha dicho, es una «lengua oficial en nuestro país», con protección constitucional.

La portavoz del Gobierno se ha limitado a decir que las sentencias han de cumplirse y «las administraciones tenemos que cumplir con los mandatos de los jueces», y ha abogado para que la lengua «nunca sea motivo discordia y mucho menos entre en la lucha y en la pelea partidista».

Sobre el decreto ley, fuentes del Gobierno han explicado que la Generalitat tiene que responder a la Alta Inspección de Educación y creen que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pedirá explicaciones. Tras recordar que el Ejecutivo estudia todas las normativas autonómicas, las mismas fuentes han añadido que la Abogacía del Estado no ha intervenido aún porque está actuando la Justicia.

Por otro lado, Vox y el PP llevarán al Tribunal Constitucional el decreto, tal como han anunciado en sendas ruedas de prensa el portavoz de Vox, Juan Garriga, y la diputada del PPC Lorena Roldán. Vox, además, se querellará por desobediencia contra los miembros del ejecutivo catalán que consideren «responsables» de este hecho, además de solicitar en el Congreso de los Diputados la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana.

A diferencia de lo que hicieron con la ley sobre la lengua, Vox no llevará el decreto al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) porque consideran que es un órgano que «no sirve para nada», si bien Garriga ha justificado la decisión por el hecho de que permitió «poner trabas» a su validación. Esta formación recurrirá ante el Constitucional cuando el Parlament convalide este decreto ley porque consideran que no reconoce el español como lengua vehicular y establece la «primacía» del catalán sobre el español. El PP, según ha explicado Roldán, esperará a que sigan los trámites parlamentarios antes de acudir al alto tribunal.

Sobre la querella contra los miembros del Govern, Garriga ha precisado que todavía no la tienen redactada y que están pendientes de decidir específicamente contra qué miembros del ejecutivo lo hacen. Preguntada por si se querellarán contra el Govern, Roldán ha respondido que es el Gobierno de España quien debería garantizar que se cumplan los derechos, aunque han dicho que pondrán en conocimiento de Fiscalía la «actitud» del conseller de Educación, Josep González-Cambray, «para que se tomen las medidas oportunas».

Este mediodía, Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para solicitar la intervención de la autonomía en Cataluña «para garantizar los derechos de todos los catalanes» ante lo que consideran «un acto de rebeldía de la Generalitat» con la sentencia del 25% de castellano.