La Internacional de la Educación, organización que representa a más de 32,5 millones de docentes y demás personal educativo de más de 380 organizaciones en casi 180 países, pide a los gobiernos que colaboren con los profesionales de la Educación y sus sindicatos para abordar las consecuencias de la crisis del Covid-19. La salud y la seguridad de los estudiantes y el personal docente, el derecho a una Educación de calidad, los derechos laborales y las normas profesionales no deben quedar anulados por la crisis.

Tres meses después, la OCDE sigue sin aportar una explicación de qué sucedió en España en el ciclo 2018 y siguen sin publicarse los resultados de nuestro país en el dominio principal. El caso español, lejos de ser una anécdota, siembra importantes dudas sobre la consistencia de esta evaluación internacional tras los cambios metodológicos introducidos en 2015 y 2018.