Una reforma universitaria para atajar la precariedad en los campus y subir la inversión

En su preámbulo, el proyecto recalca que su intención no es «imponer soluciones ni trazar caminos concretos», una de las ideas reiteradas por el ministro de Universidades, Joan Subirats, durante su redacción y consecuencia de lo cual el texto resultante es mucho menos detallado que el presentado por su antecesor, Manuel Castells.

Tras la aprobación en Consejo de Ministros de la tercera reforma universitaria en democracia, el texto entrará la próxima semana al Congreso de los Diputados para su tramitación y posterior entrada en vigor, prevista para el primer semestre de 2023. En la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, Subirats ha explicado que «de momento» las señales que ha recibido de los grupos parlamentarios son «positivas» en relación con su ley, que necesita mayoría absoluta para su aprobación por su carácter orgánico.

La reforma obligará a que los contratos temporales no excedan el 8%, frente al 40% que permite la legislación vigente; mandata a las universidades a dedicar al menos un 5 % de su dinero a investigación propia y plantea una inversión mínima del 1% del PIB, sin aclarar el horizonte temporal en el que se alcanzará dicho porcentaje. Con este 8% máximo de temporalidad del personal docente e investigador en los campus públicos, se quiere poner fin a la precariedad asociada a determinadas figuras del profesorado laboral, ofreciendo vías de entrada adecuadas para que continúen la carrera académica si cumplen determinados requisitos.

Otro de los cambios introducidos se refiere a la formación a lo largo de la vida para dar respuesta a las necesidades competenciales en la edad adulta y por el cambio demográfico previsto en los próximos años. Así, habrá títulos propios de formación mediante microgrados y otros programas de corta duración. Según ha explicado hoy el ministro, la idea es alcanzar el objetivo europeo de que un 60% de la población de 16 a 75 años esté en proceso de formación para 2030, un porcentaje que actualmente se sitúa en España en un 15%.

En cuanto al estudiantado, la LOSU reconoce por primera vez el derecho al paro académico sin que la no asistencia a clase o examen implique una sanción o castigo por este motivo, y manda crear un Consejo de Estudiantes en cada universidad. También propone el reconocimiento al estudiantado de créditos académicos por su implicación en actividades sociales y universitarias; se les garantiza «la plena y efectiva» participación en la elaboración y seguimiento de los planes de estudio y guías docentes; y prevé un 25% de representación en el claustro.

Los alumnos extranjeros, una vez finalizados sus estudios, podrán permanecer en España durante un período máximo improrrogable de dos años para buscar un empleo o emprender un proyecto empresarial. El período de validez de esta autorización de residencia para prácticas será de doce meses o igual a la duración del convenio de prácticas, de ser inferior. El permiso podrá ser renovado, por una sola vez, no pudiendo exceder de dos años el período total.

Sobre la elección del rector, la ley de Subirats establece que se elegirá por sufragio universal ponderado y su mandato será de seis años improrrogables, sin exigir que sea catedrático ni tenga una experiencia previa.

Por otro lado, determina una reserva de plaza de hasta el 15% para el profesorado que lleva años contratado bajo figuras no adecuadas (asociado, visitante…). Así, prevé convertir 25.000 plazas temporales de profesorado asociado en indefinidas, que deberán acreditar su actividad principal fuera del campus y no exceder las 120 horas lectivas por curso.

Además, la LOSU propone establecer medidas de acción positiva en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario y laboral para favorecer el acceso de las mujeres. El acceso a los cuerpos docentes universitarios exigirá, además del título de doctor, la previa obtención de una acreditación estatal por parte de Aneca. Será requisito para obtener la acreditación, la realización de estancias pre o posdoctorales de movilidad en universidades y/o centros de investigación.

El profesorado funcionario en régimen de dedicación a tiempo completo tendrá asignada a la actividad docente un máximo de 240 y un mínimo de 120 horas lectivas por curso. Se incorpora además la figura del profesorado sustituto cuya finalidad exclusiva es relevar al personal con derecho a reserva de puesto de trabajo que suspenda temporalmente sus servicios.

Una de las disposiciones finales del proyecto prevé que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la LOSU se aprobará el estatuto del personal docente e investigador universitario.

La Federación de Enseñanza de CCOO ha calificado este miércoles de «decepcionante» la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), por considerar que «deja a su suerte» a las universidades públicas. El sindicato hace esta reflexión en un comunicado un día después de que este martes el Consejo de Ministros diera luz verde al anteproyecto de ley, que ahora inicia su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

Para CCOO, esta ley «no es la que merece ni necesita la Universidad española, sino que parece responder a las demandas ejercidas por grupos de presión concretos». Por ello, el sindicato anuncia que presentará a los grupos parlamentarios aquellas enmiendas que no han sido consideradas como propuestas de mejora por el Ministerio de Universidades. Considera que con su aprobación, el Gobierno no apuesta «ni por la educación superior ni por la ciencia, y menos por el personal que la desarrolla».

El sindicato CSIF, por su parte, ha censurado la reforma universitaria aprobada hoy martes en el Consejo de Ministros porque interpreta que «rompe la igualdad y el marco común básico entre comunidades autónomas».

En un comunicado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios también acusa al proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de «incrementar la precariedad laboral porque dificulta la consolidación de plazas, la renovación y el rejuvenecimiento de las plantillas». «Las comunidades autónomas y universidades, a través de sus propios estatutos, decidirán en temas tan importantes como el desarrollo de ciertas figuras de profesorado laboral y funcionamiento de los órganos colegiados, por lo que se podría romper la equidad entre universidades públicas», añade en una nota.

CSIF valora algunas de las medidas recogidas en el texto, pero censura al Ejecutivo por aprobarlo «sin negociación, sin información y sin transparencia».