El PNV propone que los títulos universitarios no se expidan en nombre del rey
El ministro de Universidades, Joan Subirats, durante una de sus comparecencias parlamentarias.
La eliminación de la figura del rey en la reforma universitaria ya fue objeto de debate en el primer texto que planteó el Ministerio de Universidades –entonces a cargo de Manuel Castells–, quien optó por volver a incluirlo para evitar polémicas con esta cuestión. Ahora el PNV propone modificar el artículo 8 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), de modo que desaparezca la mención de que «los títulos serán expedidos en nombre del rey» y, en su lugar, plantea que sean emitidos por la autoridad académica, «que es la que reconoce el correcto desempeño de la actividad académica por su titular, merecedora de su obtención».
Sobre la financiación de la Universidad, pide suprimir el compromiso de que el Estado y las comunidades destinen como mínimo un 1% del PIB a la Educación Superior y defiende que «son las propias comunidades y universidades las que soberanamente pueden y deben decidir sobre su presupuesto», por lo que la ley «debe circunscribir todo compromiso presupuestario a la Administración General del Estado». También pide cambiar el nombre de la norma, proponiendo que sea «Ley Orgánica de Universidades» y que se recoja expresamente la promoción de las lenguas oficiales propias de las comunidades entre las funciones de las Universidades.
Sobre la financiación de la Universidad, pide suprimir el compromiso de que el Estado y las comunidades destinen como mínimo un 1% del PIB a la Educación Superior
En cuanto a este último punto, considera que el articulado debe plasmar «de forma indubitada que el fomento del idioma propio de la comunidad autónoma no se limita a su difusión y aprendizaje, sino de forma principal a su utilización como lengua de transmisión académica, tanto en la docencia como en la investigación y otro tipo de actividades universitarias». Además plantea que el establecimiento de los límites máximos de los precios públicos de las universidades no recaiga en un órgano de coordinación entre administraciones (la Conferencia General de Política Universitaria), ya que es «una cuestión que afecta directamente a su viabilidad económica» y constituye una función de las comunidades. Igualmente considera que la aprobación de la programación de la oferta concreta de enseñanzas no es una función del mencionado órgano.
Respecto a las becas, el PNV insiste en la descentralización de su gestión, en eliminar la capacidad «exorbitante» del Estado para su regulación y propone añadir un nuevo apartado que recoja la capacidad de las comunidades para, con cargo a su presupuesto, establecer y regular íntegramente su propio sistema de becas y ayudas al estudio con carácter autónomo y complementario del que pueda implantar el Estado.
