El Tribunal de Cuentas aconseja reforzar la plantilla por el atasco en las homologaciones de títulos

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha presentado en el Congreso el informe de fiscalización sobre el procedimiento de homologación de las enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros en 2024 y ha incido en que persisten deficiencias estructurales y operativas y que en ese año se ha incumplido el plazo máximo de seis meses para dictar resolución. «Habiéndose observado un cambio positivo en el número de resoluciones frente al de solicitudes, si bien se requiere de un decidido esfuerzo para reducir los expedientes acumulados y cumplir el plazo legal», recalca el texto del informe que ve necesario «un eficaz impulso para mejorar el procedimiento y los recursos destinados a la homologación».

Pese a la digitalización que se ha puesto en marcha siguen existiendo deficiencias estructurales que deben corregirse, puntualiza el informe, al tiempo que pide una actualización de la lista de profesiones reguladas que en 2017 se encomendó realizar a la Comisión Interministerial de Profesiones Reguladas. En el caso de ANECA recuerda que pese a que en 2025 se ha eliminado el límite máximo de expertos para hacer homologaciones y se ha aumentado la retribución máxima a 9.000 euros anuales, «se debe valorar flexibilizar las limitaciones normativas y presupuestarias que afectan a los expertos evaluadores, a fin de evitar cuellos de botella».

El Tribunal de Cuentas recomienda actualizar las políticas de protección de datos, auditorías periódicas y valorar la extensión del régimen normativo aplicable a los nacionales de la Unión Europea a los solicitantes extracomunitarios.

Chicano también ha presentado la fiscalización del plan estratégico de impulso a la FP entre 2021 y 2024, financiado con fondos europeos y que incluyó catorce proyectos y un presupuesto de 1.892 millones frente a los 2.076 millones previstos inicialmente. También ha destacado que el plan carece de medidas específicas para frenar la brecha de género y ante la crítica de Vox que le ha pedido dejar al margen «actuaciones concretas», la presidenta del Tribunal de Cuentas ha sido contundente al recordar que los planes con perspectiva de género «afectan a más de la mitad de la población» y por lo tanto a casi la generalidad.

En el informe, el Tribunal de Cuentas recuerda que el plan de impulso a la FP no ha conseguido ejecutar todos los objetivos por igual y algunos «acumulan retrasos o riesgos de incumplimiento». Los programas ‘Evaluación y acreditación de las competencias’, ‘Reskilling y upskilling (aprendizaje y mejora de habilidades profesionales)’, ‘Oferta modular digital’ y el programa ‘Aulas Mentor’, no han alcanzado ni la mitad de su grado de ejecución. A fecha de julio de 2025, el plan había cumplido cinco de los once hitos y objetivos previstos, otros tres se encontraban pendientes de incorporarse en las solicitudes de desembolso a la Comisión Europea, otro tenía prevista su finalización en el último trimestre de 2025 y dos mostraban dificultades para cumplirse dentro del plazo establecido.

Respecto a las subvenciones gestionadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, afirma que muestra carencias en la planificación y fundamentación económica de las convocatorias y debilidades en los mecanismos de control y supervisión.