CECE reclama que los nuevos requisitos de calidad en FP se apliquen por igual a centros públicos y privados

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) considera necesario regular la calidad de los centros de Formación Profesional, pero reclama que los requisitos que se establezcan sean aplicables al conjunto del sistema, con independencia de la titularidad del centro.

Así lo señala Santiago García, secretario general de esta organización, al valorar el proyecto de Real Decreto que establece los requisitos de los centros que imparten enseñanzas de Formación Profesional. Desde la organización defienden que la calidad debe ser un objetivo compartido por todos los centros, pero expresan su preocupación por que determinadas obligaciones puedan situar a los centros privados en una posición de desventaja respecto a los públicos.

Entre las cuestiones que suscitan preocupación en CECE se encuentran los requisitos relativos a la oferta formativa. El proyecto contempla, según explica García, exigencias como disponer de una oferta que abarque varias familias profesionales o contar con un itinerario completo. También se plantea que, cuando exista una oferta de grado básico en una determinada familia profesional, esta deba formar parte de la oferta del centro.

Para el secretario general de CECE, estas condiciones pueden tener un impacto especialmente significativo sobre los centros privados, que tendrían que asumir unas obligaciones que, a su juicio, no se exigirían de la misma manera al conjunto de centros del sistema.

“El hecho de ser un centro de determinada titularidad o estar financiado con fondos públicos no es sinónimo de calidad garantizada”, afirma García.

La organización considera que, si el objetivo es establecer unos estándares de calidad para la FP, estos deberían responder a criterios comunes y aplicarse de manera homogénea.

Innovación, internacionalización y financiación

Otro de los aspectos señalados por CECE es la obligación de implantar sistemas de calidad y de elaborar una programación a cuatro años de los proyectos relacionados con la innovación, la investigación aplicada, el emprendimiento y la internacionalización.

Esta planificación debería incluir, entre otros aspectos, los recursos humanos, materiales, tecnológicos y organizativos destinados a estos proyectos, así como las colaboraciones externas previstas.

En materia de internacionalización, García destaca que se contemplan actuaciones destinadas a reforzar la dimensión internacional de la actividad docente y formativa y a promover la movilidad de alumnado y profesorado.

La cuestión que plantea CECE es cómo podrán asumir estas obligaciones aquellos centros cuya financiación para este tipo de iniciativas no esté garantizada.

“Estos proyectos están sujetos a una financiación que no está garantizada y, además, de la que los centros privados están en muchos casos excluidos”, sostiene el secretario general de la organización.

El debate sobre el profesorado

El proyecto también establece requisitos relacionados con el profesorado. Para CECE, disponer de los docentes necesarios es una condición lógica para garantizar la calidad de las enseñanzas, aunque García cuestiona que determinadas exigencias se formulen de manera que parezcan dirigidas específicamente a los centros privados.

El secretario general de CECE pone el foco, además, en las dificultades que se producen en algunos centros públicos para cubrir las plantillas docentes.

“Desgraciadamente, en este principio de curso sabemos de muchos centros públicos en diferentes CCAA que no tienen cubiertos sus cupos de profesorado, y que en algunos casos no han iniciado las clases por falta de profesores”, afirma.

En este contexto, García plantea si determinadas garantías sobre la disponibilidad de profesorado no deberían aplicarse al conjunto del sistema educativo.

La misma cuestión la extiende a la formación permanente. El proyecto contempla que los centros dispongan de una programación de actualización del profesorado adaptada a la evolución tecnológica, productiva, metodológica y digital de los sectores profesionales de referencia.

“¿Solo para los profesores de la privada? ¿No requiere la calidad la actualización de los docentes de los centros públicos?”, pregunta el secretario general de CECE.

Tecnología, orientación y atención al alumnado

Entre los requisitos analizados por CECE figuran también los relacionados con los espacios y recursos necesarios para desarrollar determinadas competencias y reproducir entornos profesionales.

El proyecto contempla espacios flexibles que permitan trabajar habilidades transversales y simular entornos profesionales mediante recursos como simuladores, gemelos digitales, realidad virtual y otras herramientas tecnológicas adaptadas a las familias profesionales y a las enseñanzas autorizadas.

A ello se suman requisitos vinculados a la orientación profesional y a la atención del alumnado con necesidades de apoyo.

Desde CECE consideran que buena parte de estas medidas pueden estar directamente relacionadas con la calidad de la Formación Profesional. La cuestión que plantea la organización es que, si se consideran estándares de calidad del sistema, deberían ser exigibles de manera equivalente a todos los centros.

Sostenibilidad económica y planes ante el cierre

Otro de los puntos que preocupa a CECE es la exigencia de acreditar la sostenibilidad económica y organizativa de la actividad formativa solicitada.

Los centros deberán aportar documentación suficiente para acreditar esa sostenibilidad y contar con un plan de finalización de la actividad formativa ante situaciones como el cese de actividad, la extinción de determinadas ofertas autorizadas, la revocación de la autorización o una eventual inviabilidad sobrevenida de la actividad académica.

García cuestiona que este tipo de requisitos se planteen en estos términos para los centros privados mientras que no exista, a su juicio, un planteamiento equivalente para los centros públicos.

“¿Se exige a un centro público un plan económico, y qué va a pasar en el caso de que haya que cerrarlo?”, plantea.

CECE pide criterios comunes para todo el sistema

CECE distingue entre las medidas que pueden contribuir objetivamente a garantizar la calidad de la FP y aquellas que, según su interpretación, pueden convertirse en mecanismos adicionales de control administrativo sobre los centros privados.

“Hay medidas que pueden tener relación con la calidad, y que deberían ser iguales para todos los centros. Pero hay otras medidas que, en mi opinión, nada tienen que ver con la calidad y sí con el control y la intención de dificultar la autorización de centros privados”, señala García.

La organización también expresa su preocupación por las referencias a la posible revocación de las autorizaciones en caso de incumplimiento de los requisitos.

Para CECE, el debate sobre la futura regulación debe centrarse en establecer estándares de calidad comunes para toda la Formación Profesional, con independencia de la titularidad del centro, y en garantizar que las obligaciones que se establezcan sean coherentes con los recursos y mecanismos de financiación disponibles.

El desarrollo de estos requisitos se produce en un contexto de transformación de la Formación Profesional, en el que la actualización tecnológica, la relación con el tejido productivo, la internacionalización y la conexión entre formación y empleo adquieren un peso creciente. Para CECE, precisamente por la importancia de estos objetivos, los criterios de calidad deberían aplicarse de forma homogénea al conjunto del sistema.