Italia limita al 30% la presencia de determinados alumnos extranjeros por clase
La presidenta italiana Giorgia Meloni en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros italiano, a propuesta de la presidenta Giorgia Meloni y de los ministros Giuseppe Valditara (Educación) y Anna Maria Bernini (Universidades e Investigación), ha aprobado un decreto ley que reúne medidas urgentes educativas para garantizar el inicio del curso 2026-27 y completar las actuaciones financiadas mediante el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR).
La norma incorpora cambios relacionados con la atención a la discapacidad, la distribución del alumnado extranjero, la participación de las familias, la gratuidad de los libros de texto y la oferta académica de Secundaria. También incluye disposiciones sobre Formación Profesional, universidades, investigación y contratación de jóvenes por parte de las administraciones públicas.
Una de las principales medidas afecta a la organización de los recursos destinados al alumnado con discapacidad. El plan educativo individualizado deberá establecer las horas de apoyo que necesita cada clase, de acuerdo con un calendario que permita determinar la plantilla de docentes especializados antes del comienzo del curso.
El documento se actualizará en los cambios entre las diferentes etapas educativas. El objetivo es garantizar una mayor continuidad de los apoyos y evitar que la transición de un nivel de enseñanza a otro provoque retrasos o interrupciones en los recursos asignados.
A partir del curso 2027-28, los primeros cursos deberán constituirse con una composición más equilibrada. En Primaria, el alumnado con nacionalidad extranjera que no haya nacido en Italia o que no haya cursado al menos dos años de Educación Infantil no podrá superar el 30% de los estudiantes de cada clase. En la enseñanza Secundaria de primer y segundo grado, este límite del 30% se aplicará al alumnado extranjero que no haya cursado con éxito al menos tres años dentro del sistema educativo italiano.
Cuando las solicitudes de escolarización impidan respetar ese porcentaje, las oficinas educativas territoriales deberán adoptar medidas para distribuir al alumnado entre centros escolares próximos. El decreto establece que esta reorganización tendrá que respetar el principio de proximidad al domicilio de los estudiantes.
La norma también contempla recursos para desarrollar actividades extracurriculares gratuitas destinadas a reforzar las competencias básicas en lengua italiana. Estas actuaciones pretenden facilitar la participación en las clases y reducir las dificultades educativas derivadas del desconocimiento del idioma.
El decreto refuerza además la implicación de las familias en el proceso educativo. Los centros deberán informar a los servicios sociales cuando las dificultades lingüísticas familiares impidan mantener una colaboración eficaz entre el colegio o instituto y los padres del alumno. En estos casos, los servicios sociales podrán ofrecer a los progenitores cursos gratuitos de italiano en los Centros Provinciales para la Educación de Adultos. La formación estará orientada a alcanzar, como mínimo, el nivel lingüístico A2.
La falta de participación, después de un requerimiento previo y salvo que exista una causa de exención, podrá conllevar una sanción administrativa económica. El Gobierno italiano vincula así el aprendizaje del idioma con la capacidad de las familias para acompañar la escolarización de sus hijos.
La norma prohíbe asimismo participar en las actividades escolares con el rostro completamente cubierto o mediante cualquier indumentaria que impida la identificación. Quedan excluidos los supuestos relacionados con razones sanitarias debidamente acreditadas y aquellos vinculados a las propias actividades educativas o formativas.
Desde el curso 2027-28, los centros podrán ofrecer latín de forma optativa desde el segundo año de la enseñanza Secundaria de primer grado. La materia, planteada como una herramienta para la educación lingüística, tendrá una duración de 33 horas anuales. La recuperación de esta asignatura forma parte de una reforma más amplia de la oferta educativa. El decreto busca reforzar el conocimiento de las raíces de la lengua y ampliar las posibilidades formativas antes del acceso a la Secundaria superior.
El Gobierno incrementará los recursos destinados a la gratuidad total o parcial de los materiales escolares. Desde 2027 se creará un fondo anual específico dotado con 20 millones de euros para conceder ayudas directamente a las familias. Podrán acceder a estas aportaciones los hogares con un Indicador de Situación Económica Equivalente (ISEE) igual o inferior a 40.000 euros. La medida pretende reducir el coste del material escolar y ampliar el número de familias beneficiarias.
El decreto aumenta igualmente la financiación destinada a combatir el acoso y ciberacoso. Las partidas para la educación en el respeto y la prevención de cualquier forma de violencia de género se transferirán directamente a los centros y crecerán en tres millones de euros tanto en 2026 como en 2027.
Los actuales institutos técnicos e institutos profesionales pasarán a denominarse, respectivamente, liceos tecnológicos y profesionales. La transformación estará acompañada por una revisión del número y la distribución de las horas lectivas. También se incrementará en 2027 el fondo dirigido a los campus de la cadena tecnológica y profesional. La medida pretende reforzar la conexión entre la formación, las competencias técnicas y las necesidades del tejido productivo.
El decreto autoriza además a la región de Friuli-Venecia Julia a financiar con recursos propios un aumento del personal escolar y de los docentes de lengua alemana. Por otro lado, se activará en la Escuela Europea de Brindisi el programa del Diploma del Bachillerato Internacional.
El Ejecutivo financiará igualmente la organización en Italia de la sexagésima edición de las Olimpiadas Internacionales de Química, prevista para 2028, y avanzará en la armonización progresiva de la retribución de los directores escolares con la del resto de responsables de la Administración pública.
Para concluir las actuaciones del PNRR, el decreto incrementa los recursos destinados al personal encargado del cierre de los proyectos y prorroga el grupo de apoyo que asesora a los centros educativos durante su ejecución.
Las obras de construcción y rehabilitación escolar financiadas con fondos europeos que todavía no hayan terminado conservarán las medidas administrativas simplificadas hasta su finalización. También seguirán vigentes los poderes extraordinarios atribuidos a alcaldes y presidentes de provincias y ciudades metropolitanas.
Hasta 2028, las administraciones públicas podrán continuar contratando temporalmente a jóvenes titulados universitarios. En el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, también podrán incorporar a titulados de los ITS Academy aunque todavía no dispongan de un título universitario.
Las contrataciones podrán representar hasta el 10% y el 15%, respectivamente, de las capacidades de incorporación de personal. En el caso de las regiones y entidades locales, se mantendrá durante el mismo periodo la cuota máxima del 20% ya prevista.
Los titulados de los ITS Academy seguirán itinerarios formativos específicos y, una vez obtenido el título requerido, podrán acceder a un contrato de carácter indefinido. El propósito es reforzar las competencias tecnológicas, digitales e informáticas de las instituciones públicas.
En el ámbito de la investigación, el límite de seis años desde la obtención del título universitario para recibir determinados encargos no se aplicará a los responsables de proyectos financiados mediante las acciones Marie Skłodowska-Curie para redes doctorales.
El decreto reserva 9,5 millones de euros en 2026 para la participación italiana en las alianzas europeas de investigación e innovación de Horizon Europe y para proyectos científicos vinculados a los objetivos del Plan Mattei para África.
Finalmente, los 50 millones de euros anuales destinados a reconocer la labor del personal técnico y administrativo de las universidades estatales se dedicarán íntegramente a mejorar los componentes salariales fundamentales distintos del sueldo base.