La FP virtual deberá tener hasta un 39% de presencialidad y limitará sus ratios
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha presentado este lunes el proyecto de Real Decreto con el que pretende regular las condiciones de calidad de los centros privados de FP. El borrador, que inicia ahora su tramitación mediante el periodo de información pública, establece una presencialidad mínima obligatoria tanto para la modalidad virtual como para la semipresencial.
La propuesta sitúa esa presencialidad entre el 15% y el 39% en la Formación Profesional virtual, mientras que en la modalidad semipresencial deberá representar entre el 40% y el 60% de las enseñanzas. Estos porcentajes forman parte de un conjunto más amplio de condiciones que los centros deberán acreditar periódicamente para conservar su autorización.
El futuro Real Decreto obligará a los centros privados a disponer de profesorado y recursos suficientes, instalaciones adecuadas y sistemas de gestión de calidad. Además, las horas lectivas y de tutoría asignadas al profesorado de las modalidades virtual y semipresencial no podrán ser inferiores a las previstas para la enseñanza presencial.
La oferta académica también deberá acreditar una estructura formativa solvente. Los centros tendrán que ofrecer un itinerario vertical compuesto por varios grados de una misma familia profesional o una propuesta horizontal que reúna ciclos pertenecientes a distintas familias profesionales.
El cumplimiento de estas condiciones deberá demostrarse cada cuatro años. Si un centro no supera el proceso de acreditación, la Administración podrá revocar su autorización. En ese supuesto, el alumnado matriculado tendrá que ser reubicado para garantizar que pueda continuar sus estudios.
«Este proyecto no va contra la FP privada, al contrario, va a reforzar la calidad de los centros privados», ha señalado la ministra en rueda de prensa.
En cuanto a la propuesta formativa, Tolón ha detallado que los centros dispondrán de dos modalidades. En primer lugar, ofrecerán un itinerario vertical completo dentro de una misma familia profesional, impartiendo los distintos grados ya existentes en ella. De esta forma, el estudiante podrá avanzar desde un grado básico, pasando por un grado medio, hasta un grado superior.
Por otro lado, los alumnos también optarán a una oferta horizontal, en la que se podrán impartir ciclos de distintas familias profesionales que mantengan una relación, algo que les permitirá una «formación mucho más amplia y polivalente», ha asegurado la ministra.
Uno de los principales puntos del borrador afecta a la formación práctica del alumnado. Los centros privados deberán acreditar relaciones suficientes, estables y adecuadas con empresas u organismos equiparados para garantizar las estancias previstas en el sistema de FP.
La formación en empresa deberá representar entre el 25% y el 50% del itinerario, en función del régimen correspondiente. Con esta exigencia, el Ministerio busca evitar que la oferta de plazas se produzca sin contar previamente con una red empresarial suficiente para atender a todos los estudiantes.
Esta obligación adquiere especial relevancia tras la extensión del carácter dual de la Formación Profesional. La capacidad para proporcionar prácticas dejará así de ser únicamente un elemento organizativo y pasará a formar parte de los requisitos para mantener la autorización del centro.
El proyecto introduce una ratio máxima progresiva para la FP virtual. El límite será de 80 estudiantes por profesor en el curso 2028-29, bajará a 65 en 2029-30 y quedará fijado en 50 a partir de 2030-31.
En las actividades presenciales, el borrador establece un máximo de 25 alumnos por docente. El Ministerio pretende que la reducción escalonada de las ratios facilite la adaptación de los centros y refuerce el seguimiento académico y tutorial, especialmente en las enseñanzas impartidas a distancia.
La norma desarrollará también los centros asociados y los centros de segunda oportunidad, dos figuras previstas en la legislación de Formación Profesional de 2022. Los primeros colaborarán con un centro principal para impulsar la formación y recualificación de trabajadores, mientras que los segundos atenderán a jóvenes con dificultades formativas o en situación de vulnerabilidad.
El texto también dará estabilidad a la Red Estatal de Centros de Excelencia, integrada actualmente por 75 centros, y a los 42 Centros de Referencia Nacional. Estas redes tienen como finalidad impulsar la innovación, la investigación aplicada, la digitalización y la transferencia de conocimiento al conjunto del sistema de FP.
La iniciativa se encuentra todavía en fase de información pública, por lo que sus condiciones podrían modificarse durante la tramitación. Hasta la aprobación definitiva del Real Decreto, los porcentajes de presencialidad, las ratios y el resto de obligaciones planteadas tienen carácter de propuesta.

