El coste del absentismo laboral supera en 20.000 millones el gasto público en Educación
AECOC presenta el primer informe de su Observatorio de Absentismo Laboral, que cifra en 92.000 millones de euros el impacto económico anual de las ausencias por incapacidad temporal. La asociación empresarial reclama una respuesta coordinada que proteja a los trabajadores enfermos y reduzca el absentismo evitable.
Entre 2018 y 2024, las ausencias por incapacidad temporal aumentaron un 73% en España, frente al 16% registrado como media en la UE-27. © Andrii / ADOBE STOCK
Absentismo laboral · 2024
El coste del absentismo supera en 20.000 millones el gasto público en Educación
Impacto económico anual de las ausencias por incapacidad temporal frente al gasto en educación pública en España.
- 73% aumentaron las ausencias por incapacidad temporal entre 2018 y 2024, frente al 16% de media en la UE-27
- 5,94% tasa nacional de absentismo por incapacidad temporal sobre las jornadas de trabajo
- 16,2% de las personas trabajadoras acumula el 69,3% de los procesos de baja
El absentismo laboral por incapacidad temporal alcanzó en España un coste estimado anual de 92.000 millones de euros en 2024, el equivalente al 5,8% del PIB. La cifra supera en 20.651 millones los 71.348,8 millones destinados ese año a la educación pública, según la estadística del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. La comparación refleja la dimensión económica de un fenómeno que ha dejado de considerarse coyuntural.
Ante esta situación, AECOC, organización que reúne a más de 35.000 empresas, el 85% de ellas pymes, ha presentado en Madrid el primer informe de su Observatorio de Absentismo Laboral. La iniciativa, desarrollada junto a Marlex y con la colaboración de Umivale Activa, busca ofrecer una radiografía comparable entre sectores e impulsar una respuesta compartida y rigurosa de empresas, administraciones, mutuas y agentes sociales.
La asociación pretende profundizar en las causas del fenómeno, identificar las medidas que ofrecen mejores resultados y orientar posibles reformas. Su planteamiento parte de la protección de la salud de las personas trabajadoras y del derecho a recibir una baja con todas las garantías, pero también de la necesidad de detectar el absentismo evitable y los usos indebidos del sistema por su impacto sobre la productividad, el empleo y los salarios.
El informe utiliza información de la Sala Segura del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, proporcionada por Umivale Activa. Los datos muestran una elevada concentración de las bajas: el 16,2% de las personas trabajadoras acumula el 69,3% de los procesos y el 62,6% de los días perdidos por incapacidad temporal. La repetición, la prolongación de los procesos y determinadas patologías musculoesqueléticas y de salud mental aparecen como los principales focos de crecimiento.
Entre 2018 y 2024, las ausencias por incapacidad temporal aumentaron un 73% en España, frente al 16% registrado como media en la UE-27. El ritmo de crecimiento español fue, por tanto, 4,6 veces superior al comunitario. El país contabiliza además 4,9 semanas perdidas por enfermedad por trabajador y año. El estudio de Umivale Activa sitúa la tasa nacional de absentismo por incapacidad temporal en el 5,94% de las jornadas.
Los sectores vinculados al gran consumo superan en varios casos esa media. La tasa llega al 7,56% en logística, al 7,15% en la industria alimentaria, al 6,48% en el transporte terrestre y al 6,15% en el comercio minorista. Son actividades intensivas en empleo, en las que la presencialidad de las plantillas resulta determinante para mantener la producción, la distribución y la atención al cliente.
También crecen los procesos de muy larga duración. Entre 2018 y 2024, la prevalencia de las bajas superiores a 365 días aumentó un 95%. Aunque representan únicamente el 2,4% de los procesos finalizados, concentran el 34,1% de los días de trabajo perdidos. A cierre de 2024, el 17,4% de las bajas todavía activas llevaba más de doce meses, frente al 12,6% observado en 2018.
El análisis constata asimismo un cambio en el perfil de quienes inician una baja. La incidencia entre los menores de 35 años aumentó un 152% en seis años, mientras que entre los mayores de 55 descendió un 27%. Sin embargo, la duración media sigue siendo mucho mayor en el segundo grupo: 82,2 días frente a los 20,9 días registrados entre los trabajadores más jóvenes.
Las empresas consultadas señalan las listas de espera sanitarias como uno de los factores que prolongan la incapacidad temporal. Las demoras en Atención Primaria, pruebas diagnósticas e intervenciones pueden retrasar tanto los tratamientos como la reincorporación. Tres de cada cuatro compañías consideran además baja o muy baja la eficacia del actual marco regulatorio para gestionar el absentismo no justificado y reclaman procedimientos más claros y criterios homogéneos.
Las organizaciones reconocen, al mismo tiempo, que existe margen de actuación dentro de las propias empresas. La mejora de las condiciones laborales, la conciliación, la organización de las cargas de trabajo y la formación de los mandos intermedios forman parte de una prevención empresarial integral. Los responsables de equipo pueden detectar situaciones de riesgo, intervenir antes de que se agraven y acompañar la vuelta al puesto después de una ausencia prolongada.
Entre las medidas con mejores resultados figuran los servicios médicos propios o externalizados, el seguimiento individualizado de las bajas, los programas de apoyo psicológico y la cobertura sanitaria complementaria. También se incluyen la prevención de trastornos musculoesqueléticos, la adaptación ergonómica, la automatización de tareas de mayor esfuerzo físico y la formación específica de quienes gestionan equipos.
AECOC propone crear un espacio estable de colaboración público-privada que permita compartir buenas prácticas, evaluar resultados y coordinar actuaciones. Entre sus líneas de trabajo figuran reforzar la atención sanitaria pública, mejorar el intercambio de información, revisar gradualmente el papel de las mutuas, modernizar la normativa y potenciar el diálogo social. El objetivo es compatibilizar la protección de las personas enfermas con una gestión más eficaz de las ausencias evitables.
