El derecho a la acogida en el laberinto autonómico: la escolarización de los menores no acompañados

La reciente celebración del 10.º Congreso Internacional de Periodismo de Educación de Jeduca, donde se abordó el impacto de las guerras e inmigración en la infancia, invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad de los menores desplazados por conflictos; una realidad compleja que las agendas de políticas públicas apenas visibilizan. Las imágenes de las crisis fronterizas suelen retratar una masa homogénea de personas que desafían la seguridad. Sin embargo, detrás de los titulares económicos y de los debates políticos, existe una realidad mucho más frágil que necesita mayor exposición: la de los niños y menores no acompañados. Para ellos, el término de la travesía es solo el inicio de una nueva jornada.

Como investigadora dedicada al Derecho a la Educación de Personas Refugiadas y Migrantes, me siento en el deber de indagar: ¿qué ocurre con los menores que llegan solos, sin referentes familiares, a los países de destino? ¿Quién asume el deber real de garantizar su derecho a la escolarización inmediata nada más desembarcar?

Los datos oficiales de las Naciones Unidas demuestran que no estamos ante un problema de integración secundario, sino ante un declive humanitario estructural. El más reciente informe anual de educación de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), titulado «Pathways to the Future: Education, Opportunity and Self-Reliance» y publicado en octubre de 2026, señala que el 44% de los niños refugiados en edad escolar en el mundo están completamente fuera de las aulas. Esto representa un total de 5,8 millones de niños, niñas y adolescentes sin acceso al sistema educativo básico.

La situación se agrava conforme la edad avanza: el documento revela que la tasa de escolarización se desploma del 65% en la enseñanza primaria a apenas el 32% en la secundaria. Para los menores extranjeros no acompañados, este escenario es aún más arduo porque quedan atrapados en callejones sin salida burocráticos y en la falta de plazas adecuadas en la misma frontera. Esta exclusión global adquiere los contornos de una asimetría institucional compleja cuando se analiza la capacidad de respuesta de los sistemas públicos. La gestión gubernamental en los países de destino suele operar a distintas velocidades institucionales según la naturaleza de los flujos.

Europa ha demostrado recientemente, a través de directivas de protección temporal automáticas, que posee los mecanismos logísticos para escolarizar de forma ágil a decenas de miles de menores desplazados por conflictos internacionales sin mayores trabas administrativas. Sin embargo, este mismo despliegue de eficiencia encuentra dificultades y retrasos cuando se topa con los flujos crónicos de la Frontera Sur, como ocurre en los límites territoriales de Canarias o Ceuta. Allí, los menores que llegan sin redes familiares quedan expuestos a procesos de triaje más lentos y a debates de distribución territorial entre las comunidades autónomas, lo que posterga su acceso inmediato al entorno escolar.

El reto de la gestión pública actual no es la falta de herramientas institucionales, sino la universalización de su aplicación. Garantizar el acceso al aula para un menor que acaba de cruzar la frontera es un acto de supervivencia psicosocial y, a la vez, una cuestión de viabilidad demográfica. España padece un invierno demográfico que amenaza la sostenibilidad de sus servicios públicos a medio plazo. Cuando se insertan en el sistema de enseñanza, los menores inmigrantes aportan resiliencia y diversidad cultural que se transforma en fuerza de trabajo cualificada a futuro. La escuela sustituye la incertidumbre de la ruta por una rutina de desarrollo, permitiendo que comiencen a actuar como parte integrante y productiva de la comunidad.

Escolarizar a estos jóvenes hoy es una garantía de cohesión social para el mañana, y esta realidad adquiere contornos prácticos en el Estado español. La nota de análisis del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), publicada en septiembre de 2026 por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, señala que el país registraba exactamente 22.395 personas de entre 16 y 23 años (menores tutelados y jóvenes extutelados) con autorización de residencia en vigor. Se trata de un crecimiento continuo impulsado por flujos migratorios intensos procedentes de países como Senegal, Marruecos y Argelia.

El mayor obstáculo educativo en el país ocurre justamente en la franja de edad que comprende los 16 y 17 años, etapa que concentra a la inmensa mayoría de los menores que llegan solos. Como la educación secundaria postobligatoria (Bachillerato y Formación Profesional) no es obligatoria por ley en España, el sistema de protección frecuentemente prioriza la inserción residencial rápida o talleres de cualificación profesional de corto plazo, descuidando la formación académica continua, el apoyo lingüístico y el acompañamiento psicológico adecuado que estos jóvenes necesitan para superar los traumas de la travesía.

La reducción de esta exclusión exige ir más allá del acogimiento emergencial de techo y comida. España tiene la capacidad institucional de unificar los protocolos de escolarización inmediata en todas sus autonomías, eliminando la exigencia de historiales escolares anteriores que estos menores, en muchos casos por razones de huida, no poseen. Es viable expandir las llamadas aulas de acogida lingüística y destinar recursos estructurales estables para mediadores culturales y consejeros especializados en el duelo migratorio.

El periodismo y las academias jurídica y educativa poseen el deber compartido de auditar a las administraciones públicas para garantizar que un menor no acompañado frecuente el aula de manera inmediata a su llegada. No se trata de una elección política, sino de un compromiso humanitario legal internacional.

Los discursos sobre acogida y derechos humanos deben ir más allá de las palabras para que se concrete, de forma integral, la verdadera garantía del derecho a la educación.