El viaje a las tinieblas de la escuela pública

La escuela pública es un obstáculo para los fines de una administración educativa de corte marcadamente neoliberal. El desprecio con el que algunas autoridades tratan al profesorado de los centros públicos desvela de forma ostensible sus verdaderos propósitos. Su favoritismo institucional hacia el sector más acomodado intenta perpetuar situaciones de injusticia social. Por ello, se muestra reacia a asumir las justas demandas de incremento de gasto público para atender el descuido prolongado de las infraestructuras escolares, el aumento de las plantillas de los centros para atender la diversidad y reducir la ratio, así como la dignificación salarial del profesorado.

Estas mejoras imprescindibles resultan incompatibles con planteamientos educativos que mercantilizan el aprendizaje mediante la promoción de centros que segregan al alumnado según el nivel económico de sus familias. Esta visión empresarial se contrapone al planteamiento del sociólogo de la educación Michael Young, quien defiende el concepto de conocimiento poderoso, que la escuela debería garantizar a todos los estudiantes. Se sostiene, por tanto, que este conocimiento y, por tanto, el poder de decisión que su posesión conlleva, no puede ser un derecho fundamental de la ciudadanía, sino el beneficio de una clase privilegiada.

Lamentablemente, el marco legislativo actual español no evita sino que facilita esta pérdida del derecho a una educación universal de calidad. Su enfoque competencial minusvalora el saber y la cultura, lo que está contribuyendo al continuo deterioro de la enseñanza pública desde la etapa primaria a la universidad. Esta moda educativa, sin base sólida investigativa que la sustente, potencia procesos manipulativos, a costa de los de pensamiento, de forma que los contenidos disciplinares dejan de tener relevancia. Como consecuencia, se contribuye a crear un marco educativo en el que el ascensor social está parado, mientras, en paralelo, la piqueta neoliberal encuentra fácil acomodo para perpetrar la demolición de la escuela pública. No se entiende el motivo de por qué algunos gobiernos (como el español), pretendidamente progresistas, se han dejado embaucar de una forma tan inocente por organismos (Banco Mundial y OCDE, por ejemplo) de claro sesgo economicista, que promueven el ensanche de la diferenciación social.

Ante el significativo problema educativo que está aflorando en distintos territorios mediante huelgas indefinidas, los actuales gestores autonómicos (particularmente, de la Comunidad Valenciana y de Madrid) están actuando de forma coherente con sus principios ideológicos. Su desaire hacia el profesorado de la escuela pública se fundamenta en su desdén hacia la tarea docente, la equidad educativa, así como la orientación y el soporte formativo del alumnado.

El profesorado de la escuela pública se convierte, por definición, en un peligro para los intereses de estos gobiernos autonómicos. Por ello, no resulta extraño comprobar su insensibilidad manifiesta hacia sus demandas y la desidia con la que afrontan la grave situación existente. En el caso valenciano, alargaron los plazos de la negociación de forma deliberada con el objetivo perverso de causar el mayor daño posible a la maltrecha economía de estos profesionales de la enseñanza, manteniendo su intransigencia hasta el fin del curso, sin contraer ningún tipo de responsabilidad en la resolución la problemática existente. Esta desvergüenza se está mostrado de forma más patente en Madrid en donde la consejera de Educación ha rechazado sentarse en una mesa para atender las razonables reivindicaciones del profesorado.

Según señalan los prestigiosos investigadores educativos John Hattie y Linda Darling-Hammond, existen pruebas empíricas incuestionables que demuestran que el docente es, entre los factores escolares, el elemento con mayor influencia en el rendimiento académico de los estudiantes. Sin embargo, la presidenta de Madrid, el presidente de la Comunidad Valenciana y las personas al frente de las respectivas consejerías de educación, censuran las peticiones de mejora de sus tareas educativas y les privan del reconocimiento social que merecen con declaraciones difamatorias, que resultan vergonzosas e impresentables, totalmente impropias para estos altos cargos.

La frase ‘Exteminate all the brutes’ representa una potente metáfora reveladora que permite comprender las dinámicas de rechazo, menosprecio institucional y autoritarismo que están sufriendo los docentes del sistema público por parte de las más altas autoridades autonómicas. La intención de aniquilación del profesorado de la escuela pública se evidencia por el mezquino intento de su agotamiento psicológico, el propósito de ocasionar la máxima merma salarial posible y el desprestigio profesional que le otorgan. Este propósito destructivo ha quedado notoriamente ilustrado mediante la agresión brutal y cobarde de un corpulento policía a una maestra jubilada valenciana en una manifestación, así como por el ensañamiento de algunos grupos de agentes antidisturbios en sus salvajes palizas a pacíficos estudiantes y profesores madrileños.

La instrucción pública y lo que representa no puede seguir deteriorándose por el abandono manifiesto que la administración autonómica practica a conciencia. Con una dignidad que le honra, el profesorado ha decidido decir basta. Su compromiso firme hace que se mantenga la esperanza de que el edificio de la escuela pública no sea derribado. El supremacismo exterminador que manifiesta Kurtz en el viaje a las tinieblas de Conrad no puede ser la inspiración que termine destruyendo la educación pública.

Juan Quílez es miembro del Grupo Especializado de Didáctica e Historia de la Física y la Química (GEDH-RSEQ) en Valencia.