Las universidades privadas españolas mantienen estancada su transparencia. Solo seis de los 40 centros analizados, el 15% del total, obtienen la máxima calificación en el decimotercer Examen de transparencia 2026 de la Fundación Haz. Son la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), ESIC, la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), la Universidad de Navarra, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universidad de Vic-Central de Catalunya (UVic-UCC).

Los resultados globales repiten los del ejercicio anterior: 22 instituciones, un 55%, permanecen en la categoría de opacas, mientras que otras 12, el 30%, son consideradas translúcidas. El nivel medio de cumplimiento se sitúa en el 59%. El documento aclara que no mide la calidad académica, la solvencia económica o la eficacia de la gestión, sino la capacidad de los ciudadanos y otros grupos de interés para acceder a información relevante, actualizada y verificable.

Entre las universidades calificadas como opacas figuran centros de gran tamaño y presencia pública, como IE University, Alfonso X el Sabio, la Universidad Europea de Madrid, CUNEF o la Universidad Pontificia Comillas. La fotografía es muy similar a la recogida en el informe sobre transparencia universitaria del año anterior, cuando también únicamente seis instituciones superaron el examen.

El estudio examina diez áreas y 28 indicadores relacionados con la actividad académica, el gobierno institucional, la información económica y los resultados. Las universidades muestran un mayor grado de apertura al informar sobre su oferta educativa, los servicios dirigidos al alumnado y algunos de sus principales resultados. También se observan avances en planificación estratégica, ámbito en el que el cumplimiento alcanza el 70%, y en la publicación de instrumentos de ética y cumplimiento.

Sin embargo, estas mejoras conviven con carencias relevantes en materias esenciales para conocer quién controla las instituciones, cómo se adoptan las decisiones y qué uso se hace de los recursos. La identificación de la titularidad real, la publicación de los acuerdos de los órganos de gobierno y la difusión de documentos económicos siguen siendo las principales debilidades del sector privado universitario.

En el ámbito de la gobernanza, el 90% de las universidades publica sus estatutos y el 65% dispone de un código ético. Un 40% identifica adecuadamente al responsable o a la unidad encargada del cumplimiento y la mitad cuenta con un canal ético. Para la Fundación Haz, disponer de estos instrumentos resulta insuficiente si los centros no explican quién supervisa su aplicación y qué procedimientos permiten comunicar posibles irregularidades.

Las 40 universidades identifican a los integrantes de sus órganos de gobierno, pero solo el 45% aporta información suficiente sobre su titularidad real. La rendición de cuentas sobre las decisiones adoptadas es todavía menor: apenas nueve centros, el 23%, publican las actas o los acuerdos de sus órganos. Esta ausencia de información dificulta conocer tanto la estructura de poder como el proceso de decisión dentro de cada institución.

Los resultados también varían según la naturaleza del titular. Las universidades dependientes de fundaciones alcanzan un cumplimiento medio del 67%, por delante de las vinculadas a la Iglesia, con un 61%, y de las cooperativas, con un 55%. Las gestionadas por sociedades mercantiles quedan en último lugar, con un 49%. Ninguna de las 15 instituciones de titularidad mercantil logra ser transparente y 11 son clasificadas como opacas, lo que sitúa al modelo mercantil en el centro de las preocupaciones del informe.

La insuficiente identificación de los propietarios y de las políticas retributivas limita la capacidad de detectar posibles conflictos de interés. Este riesgo adquiere especial importancia cuando detrás de las universidades existen grupos empresariales o fondos de inversión, cuyos objetivos de rentabilidad pueden entrar en tensión con la misión académica y el interés general asociado a la educación superior.

La información económica continúa siendo el área con peores resultados y registra incluso un retroceso. Solo seis universidades, el 15%, publican su presupuesto; nueve, el 23%, difunden sus estados financieros; cinco, el 13%, ofrecen la memoria de las cuentas anuales; y otras seis hacen pública la auditoría externa. Únicamente UIC, UOC y UVic-UCC cumplen plenamente los cuatro indicadores económicos evaluados.

La falta de estos documentos impide conocer de forma adecuada la situación patrimonial de las instituciones, sus fuentes de financiación, el destino de sus recursos y la sostenibilidad de sus proyectos. La escasez de información financiera contrasta con la relevancia social y el crecimiento del sector universitario privado, sometido en los últimos años a un debate creciente sobre control y rendición de cuentas.

La principal novedad metodológica de esta edición se encuentra en el indicador de empleabilidad. La Fundación Haz exige ahora que las universidades publiquen anualmente el porcentaje de titulados que trabajan en España doce meses después de graduarse. Los datos deben estar respaldados por información precisa sobre aspectos como el tamaño de la muestra o la tasa de respuesta, de forma que puedan ser comprobados y comparados.

Con este nuevo nivel de exigencia, ninguna universidad analizada alcanza el cumplimiento pleno del indicador: 14 lo satisfacen parcialmente y 26 no cumplen. El resultado no implica un empeoramiento de la inserción laboral de los titulados, una cuestión que el estudio no analiza, sino una falta de datos suficientemente actuales, detallados y verificables para valorar el desempeño de cada centro.

El balance final dibuja un sector que informa adecuadamente sobre aquello que ofrece al estudiante, pero que continúa mostrando resistencias cuando debe explicar quién controla la institución, cómo adopta sus decisiones y cuál es su realidad financiera. Tras trece ediciones del examen, la permanencia de solo seis universidades en la categoría de transparentes confirma que la rendición de cuentas continúa siendo una asignatura pendiente para la mayoría de los centros privados.