Arrancó la campaña. La educación se quedó en el andén

Una clase dirigente intelectual y éticamente mediocre no puede planificar un sistema de educación pública coherente y exigente. No es un reproche a un partido ni a un Gobierno, sino a toda la clase dirigente de las dos últimas décadas.

Asunción Navarro Llópis
Catedrática de Educación Secundaria en Física y Química
16 de noviembre de 2026
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Desde 1980 se han aprobado ocho leyes orgánicas de educación, casi siempre sin evaluar la anterior antes de sustituirla. IMAGEN GENERADA POR IA

El 22 de octubre, el Observatori Crític de la Realitat Educativa (OCRE*) envió un cuestionario titulado «Programa, programa, programa» a cinco formaciones de la Comunitat Valenciana, una de ellas la coalición Compromís, que agrupa a ocho partidos. Entre el 22 y el 27 de octubre lo envió a otras cuarenta del resto de España. Eran veinticinco preguntas sobre educación: la estabilidad de las leyes, la evaluación de las reformas, el peso del conocimiento en el currículo, la formación del profesorado, las ratios, la concertada. Cada compromiso debía ir acompañado de una medida concreta, un plazo, un coste estimado y su fuente de financiación. No se pedía una opinión, sino un programa que pudiera comprobarse. La carta pedía responder antes del inicio de la campaña electoral, «de modo que las respuestas puedan ser difundidas y conocidas por la ciudadanía durante el proceso electoral».

Empecemos por quienes sí contestaron, porque lo merecen. Convergents y Chunta Aragonesista, que concurre dentro de Frente Amplio en Aragón, respondieron a las veinticinco cuestiones. Convergents comparte el diagnóstico de OCRE y reconoce que con el aprendizaje competencial «els continguts i els coneixements fonamentals han anat perdent protagonisme i concreció». Chunta Aragonesista va más lejos en lo concreto: ratios máximas por etapa, un comité universitario que evalúe las reformas, un registro público de conflictos de interés y la exigencia de un grado específico de la materia para enseñarla en secundaria. Otras cuatro formaciones, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, EH Bildu y Frente Amplio en el ámbito estatal, han comunicado que preparan su respuesta. Izquierda Española, que ni siquiera se presenta, ha pedido el formulario para contestarlo.

Las respuestas recibidas, eso sí, comprometen poco. Ninguna de las dos utilizó el formulario, que obligaba a fijar plazo y coste en cada medida, y ninguna dio un solo coste estimado. Convergents promete reducir las ratios «progressivament», sin cifra ni calendario. Chunta Aragonesista defiende el modelo actual con el argumento de que «hay que evaluar por competencias y no en función de criterios memorísticos», como si saber fuera memorizar, y asegura que las evidencias a su favor son numerosas sin citar ninguna.

El resto ha callado. De las cuarenta y cinco formaciones consultadas, treinta y seis no han dado ninguna señal, ni siquiera un acuse de recibo, pese al recordatorio que OCRE envió el 10 de noviembre. Entre ellas están las cinco valencianas y los tres partidos con más diputados en el Congreso, PP, PSOE y Vox, además de Podemos. Otras dos contestaron sin haber leído, al parecer, lo que se les pedía: Iustitia Europa agradeció a OCRE que le hubiera hecho llegar «su programa», y Democracia Nacional, que no reunió los avales, declinó lo que entendió como una invitación a «debates electorales». Junts, por su parte, se disculpó por el retraso porque la preparación de la campaña le había ocupado más de lo previsto.

No fue por falta de tiempo: tuvieron tres semanas. Caben cuatro explicaciones, y ninguna es buena. La primera, que la educación no les interese lo bastante como para dedicarle una tarde. La segunda, que no les interese quien pregunta: OCRE es una asociación pequeña de docentes, no mueve votos ni titulares, y quizá solo merece respuesta quien puede premiar o castigar en las urnas. La tercera, que contestar comprometa demasiado: un plazo y un coste escritos se pueden comprobar dentro de cuatro años, y un eslogan no. La cuarta, que el título les haya sonado a consigna. «Programa, programa, programa» era la exigencia con la que Julio Anguita, maestro de profesión, respondía a quien le hablaba de pactos, sillones y siglas, y alguna formación habrá querido ver en ella una toma de partido. Lo es, pero no por unas siglas ni por una ideología: es la postura de quien cree que la política se juzga por lo que promete hacer y por cómo lo cumple, un compromiso ético e intelectual que debería obligar a todos. Ya que no han querido responder, en un próximo artículo analizaremos qué dicen sus programas sobre educación.

Las cuatro tienen algo en común: rehúyen el terreno del argumento. Responder por escrito, con medidas, plazos y costes, obliga a explicar qué problema se quiere resolver, con qué medios y cómo se sabrá si ha funcionado, y a hacerlo ante alguien que puede discutirlo. Es lo que ha ido desapareciendo de la vida política: eslóganes, todos; argumentos y diálogo, con el adversario o con la ciudadanía, prácticamente ninguno.

La capacidad intelectual de la clase política

Los diarios de sesiones del Congreso lo documentan. Cuando se debatió la ley del divorcio en 1981, siete de los dieciséis diputados que intervinieron construyeron un argumento completo: definieron los términos, encadenaron razones y discutieron las del adversario. Lo hicieron el ministro de Justicia y diputados de UCD, del PSOE, del PCE, de UPN y de Coalición Democrática, partidarios y detractores de la ley. Cuando en 2020 se debatió la eutanasia, ninguno de los doce oradores alcanzó ese nivel.

Ese contraste se repite en otros debates. Si algo bueno tiene la inteligencia artificial es que nos permite comparar, con muy poco esfuerzo, un volumen elevado de datos y documentos. Con su ayuda, hemos comparado 125 intervenciones parlamentarias sobre las mismas cuestiones de principio (las lenguas de España, la igualdad política de la mujer y el matrimonio, la familia y la vida) en cuatro etapas, desde las Cortes de 1931 hasta la legislatura actual, con una misma ficha de análisis y criterios fijados antes de leer los textos. La valoración media de la calidad argumentativa se mantiene en la República (3,6 sobre 5) y en la Transición (3,9), baja a 3,0 en 2005-2011 y cae a 2,4 en 2020-2024. En las dos primeras etapas, más de la mitad de los oradores obtenía un 4 o un 5. En la actual, dos de treinta y seis.

La argumentación. O su ausencia

La diferencia está en el trabajo con ideas. Desde 2005 las distinciones conceptuales, el gesto de separar dos sentidos de una palabra para que el debate avance, se reducen a la mitad. En la etapa actual las descalificaciones se multiplican por seis, y también las falacias: falsos dilemas, caricaturas del adversario, ataques a la persona en lugar de a su argumento. En el debate sobre la mujer, los tópicos de argumentario se duplican. Ocurre en el Gobierno y en la oposición, a la izquierda y a la derecha. El orador de hoy razona menos y apenas discute las razones del otro. Lo que domina es otro repertorio: el mensaje breve, la emoción declarada, el relato, la conexión con los propios.

Ese deterioro coincide con un cambio en el perfil de las personas que acceden a los cargos públicos. En Educación, de los catorce ministros nombrados entre 1977 y 2009, siete eran catedráticos de universidad. De los cinco nombrados desde 2011, ninguno. El filtro que antes era una cátedra, una oposición exigente o una obra reconocida fuera de la política es hoy, sobre todo, la carrera dentro del partido. Esa carrera entrena para el mensaje y la disciplina de grupo, no para defender por escrito una medida con su plazo y su coste. Un cuestionario como el de OCRE pide justo lo que esa trayectoria no enseña.

La mediocridad ¿guiando? al pueblo

Una clase dirigente intelectual y éticamente mediocre no puede planificar un sistema de educación pública coherente y exigente. No es un reproche a un partido ni a un Gobierno, sino a toda la clase dirigente de las dos últimas décadas. Y no es un problema de formación: la mayoría de quienes hoy ocupan un escaño se educó en un sistema más exigente que el actual y pasó por la universidad, y el 95% de los ministros de la democracia tiene estudios universitarios, una de las proporciones más altas de Europa occidental. Lo que falta no es preparación, sino ideas, es decir, capacidad intelectual: la de distinguir, razonar y discutir las razones del otro. Esa carencia tiene una propiedad que la agrava, porque la incompetencia impide reconocer la propia incompetencia. Quien no sabe pensar con conceptos no echa de menos hacerlo, y valora lo único que domina: el eslogan, la empatía declarada, el relato. Una clase política así aprecia poco lo que la escuela debería enseñar, porque no lo ha necesitado para llegar donde está. Y legisla en consecuencia.

La mediocridad ética es más difícil de medir, pero deja rastro. Caricaturizar al adversario o atacar a la persona en lugar de a su argumento no es una carencia de formación, es una decisión, y en los debates actuales esas prácticas se han multiplicado por seis. Negarse a contestar un cuestionario que pide medidas, plazos y costes es negarse a ser evaluado. Y en los últimos años la vida pública ha conocido másteres que no lo eran, asignaturas aprobadas a un ritmo difícil de creer y tesis doctorales discutidas, en partidos de signo distinto. No hace falta dar nombres. Quien acepta un título sin el esfuerzo que lo justifica difícilmente exigirá a la escuela que el título acredite lo que se sabe.

Las leyes educativas muestran esa forma de legislar. Desde 1980 se han aprobado ocho leyes orgánicas de educación, casi siempre sin evaluar la anterior antes de sustituirla. Esa sucesión ya es, por sí sola, una prueba de incoherencia. Pero por debajo de los cambios hay una línea continua. La LOGSE de 1990 repartió los contenidos en conceptos, procedimientos y actitudes, y el concepto pasó a ser uno más de tres. La LOE de 2006 organizó el currículo en competencias. La LOMCE de 2013 añadió el espíritu emprendedor como competencia y como asignatura. La LOMLOE de 2020 permite obtener el título de la ESO sin un límite de materias suspensas, si el equipo docente lo decide, y el de Bachillerato con una suspensa en determinadas condiciones. Gobiernos de signo distinto han coincidido en lo esencial: el saber disciplinar ha ido perdiendo peso frente a las llamadas habilidades blandas, la comunicación, el trabajo en equipo, la gestión emocional, la creatividad, y el título acredita cada vez menos lo que se sabe.

Las habilidades que esas leyes celebran son las mismas que dominan los debates actuales, porque son las que tienen quienes las redactan. Lo que esas leyes relegan, el conocimiento sólido de una materia, es precisamente lo que les falta en la tribuna. La respuesta de Chunta Aragonesista al cuestionario ya mostraba el prejuicio que lo sostiene: oponer las competencias a los «criterios memorísticos» da por hecho que saber es memorizar.

La ciencia cognitiva desmiente que se pueda separar una cosa de la otra. El psicólogo Daniel Willingham lo resumió hace casi veinte años: el pensamiento crítico no es una habilidad que se entrene en el vacío, porque los procesos de pensamiento están entrelazados con el conocimiento del campo sobre el que se piensa. Nadie distingue dos sentidos de «igualdad» sin haber estudiado qué se ha dicho de ella. Nadie responde con razones a un argumento sobre el divorcio o la eutanasia sin conocer el derecho, la historia o la medicina que hay detrás. Los diputados mejor valorados de 1931 y de 1981 no destacaban por su oratoria ni por sus citas, escasas y casi siempre decorativas. Destacaban por sus distinciones y por sus respuestas razonadas, es decir, por el uso de lo que sabían.

El deterioro tiene otras causas, desde la polarización y las redes sociales hasta la profesionalización de las carreras de partido. Ninguna exime a quienes legislan de responder por la escuela que han construido.

El Congreso de 1981 no estaba lleno de genios. Estaba lleno de personas formadas en disciplinas exigentes que se tomaban en serio los argumentos del adversario. Si queremos un debate público mejor dentro de veinte años, habrá que exigir dos cosas a la vez: una escuela que vuelva a poner el conocimiento en el centro, con un título que acredite lo que se sabe, y una clase política que, antes de decidir qué debe aprender el alumnado, demuestre que sabe de qué habla. Empezando por algo tan sencillo como contestar, con medidas, plazos y costes, cuando el profesorado le pregunta.

Mientras tanto, la campaña de Podemos se resume en tres palabras: «paz, casa y trabajo». El PSOE apela a «la fuerza de la gente», el PP promete «el cambio necesario» y titula su programa «La Reconstrucción Nacional», Frente Amplio ofrece «un voto como una casa» y Vox asegura que lo suyo «es sentido común». En ninguno de esos lemas aparece la educación.

¿Quieren ustedes un eslogan? Pues ahí va uno: «Sin educación no habrá paz, ni casa, ni trabajo, ni cambio necesario, ni reconstrucción nacional, sea lo que sea eso, ni fuerza de la gente. Es una verdad como una casa. Y de sentido común». ¿Demasiado largo? Qué le vamos a hacer.

Asunción Navarro Llópis, catedrática de Educación Secundaria en Física y Química, asesora de formación docente en el CEFIRE CREA y miembro del Observatori Crític de la Realitat Educativa (OCRE *). Combina la docencia, la formación del profesorado y el diseño de recursos educativos abiertos. Ha publicado en revistas como Alambique y ha participado en congresos de educación científica. Su trabajo acerca la ciencia al aula mediante propuestas contextualizadas, experimentales y basadas en la investigación educativa.

(*) OCRE, Observatori Crític de la Realitat Educativa (asociacionocre.org) es una asociación estatal de carácter cultural y sin ánimo de lucro que reúne a profesorado, familias y sociedad civil en defensa de una educación pública de calidad basada en el conocimiento y la evidencia científica. Su actividad combina análisis crítico de las políticas educativas, participación del profesorado y propuestas para la mejora del sistema educativo.

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