Decálogo sobre la profesionalización directiva
La dirección de los centros educativos es, además de un ámbito académico de la Organización Escolar como disciplina universitaria, un aspecto relevante de la ordenación del sistema educativo, de manera que el análisis y el debate pueden aplicarse tanto a su naturaleza fundamentada como a su configuración institucional. El pasado 30 de octubre, la Federación de Directivas y Directivos de Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria (FEDEIP) y la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADi) presentaron, en la Sala Campoamor del Congreso de los Diputados, sus «Propuestas estratégicas para profesionalizar la dirección y fortalecer el liderazgo escolar».
Un cambio de paradigma es destacado como trasfondo: de la gestión burocrática al liderazgo pedagógico. Esta antinomia o contradicción entre principios y modelos es característica de las revisiones teóricas y del debate sobre las prácticas directivas. Pero importa atemperar tal oposición —acaso mejor evolución e incluso complementariedad—, a fin de que no lleve a planteamientos incompletos o a una simplificación dicotómica de estos.
Puesto que los elementos, factores o aspectos influyentes en la profesionalización directiva y en el fortalecimiento del liderazgo escolar son numerosos y variados, una aproximación al análisis se aporta con este decálogo.
- El sistema educativo español debe precisar el modelo de dirección que adopta, ya que más bien resulta de la ambigüedad o de la indeterminación. En el preámbulo de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, figura esta declaración explícita:
La dirección de los centros educativos se identifica como factor clave para la calidad del sistema educativo, y se apuesta por un modelo de dirección profesional que se alinea con las recomendaciones europeas sobre esta figura, que ha de conjugar la responsabilidad institucional de la gestión del centro como organización, la gestión administrativa, la gestión de recursos y el liderazgo y dinamización pedagógica, desde un enfoque colaborativo, y la lógica de buscar el equilibrio entre tareas administrativas y pedagógicas. Constituye una prioridad del sistema educativo contar con una dirección de calidad en los centros. La función directiva ha de ser estimulante y motivadora, de modo que los docentes más cualificados se animen a asumir esta responsabilidad. Para ello se establece la necesidad de superar una formación específica por quien finalmente asuma el cargo para una tarea que obtendrá en todo caso el reconocimiento de la administración.
Es manifiesta, así, la opción por un modelo de dirección profesional, si bien la declaración de intenciones, que suele formularse en los preámbulos legales, puede no encontrar un ajustado o necesario desarrollo de las prescripciones que faciliten las opciones expuestas. El equilibrio entre las tareas administrativas y pedagógicas es afirmado también con claridad, así como la cualificación de los docentes para un ejercicio directivo que debe resultar estimulante y motivador. Sin embargo, la orientación del modelo directivo hacia el liderazgo pedagógico ha de reforzar, al menos, cuatro elementos característicos: el procedimiento o sistema de acceso, las competencias atribuidas, las condiciones para su ejercicio y la evaluación del desempeño con los efectos resultantes de esta. Factores que deben revisarse y adecuarse desde su actual consideración, pues la ambigüedad o la indeterminación, como podrá comprobarse, afectan a los procedimientos de selección, a partir de la valoración de los méritos de los candidatos y una orientación profesional, tras antecedentes de elección, mediante votación y desempeño del director principalmente como cargo representativo.
- Las funciones administrativas y pedagógicas pueden conjugarse o desdoblarse. La coexistencia —si no la conjunción o la complementariedad— de tareas administrativas y pedagógicas es admitida e incluso recomendada por los resultados de la investigación o por las inferencias obtenidas en las evaluaciones internacionales cuando consideran, como elemento de referencia, el desempeño directivo en los centros. Así, es más factible que los directores centrados en funciones pedagógicas asuman tareas administrativas que en sentido contrario. La complementariedad, por otra parte, tiene la alternativa del desdoblamiento de funciones. Es decir, la atribución de funciones administrativas y de gestión a un profesional —administrador, gestor—, pero bajo la dependencia de un director centrado en cometidos de carácter educativo y pedagógico. Luego una u otra opción puede adoptarse con carácter preferente, si bien la actual regulación básica del sistema educativo opta por un equilibrio cuya verificación requiere condiciones pertinentes. Así, ante la complementariedad o el desdoblamiento, se considera también, como se indicará después, la dirección colegiada por el equipo directivo.
- La dirección profesional no concurre con el autoritarismo, sino con el ejercicio de la autoridad formalmente atribuida y de la legitimidad reconocida. Un antecedente histórico acaso tenga que ver con ello: la Ley 169/1965, de Reforma de la Enseñanza Primaria, creó el Cuerpo Especial de Directores Escolares, con escalafón propio dentro del Magisterio Nacional y constituido a modo de eslabón jerárquico intermedio entre los docentes de aula y los inspectores de Primera Enseñanza. El reglamento de este cuerpo, en el Decreto 985/1967, de 20 de abril, estableció el acceso a la dirección por oposición libre, a la que podían presentarse maestros con al menos cinco años de servicio, y la superación de un curso teórico-práctico de un año de duración. No deben vincularse este sistema y momento de acceso con un ejercicio extendidamente autoritario, aunque, como precedentes, influyen en cierto rechazo a la dirección profesional. Si antes se aludía al equilibrio entre funciones administrativas y pedagógicas de la dirección, otro equilibrio, relevante y decisivo, es el que fundamenta el ejercicio del poder, concepto asimismo controvertido, pero entendido aquí como la capacidad de ejercer influencia en otros, a fin de confluir en objetivos compartidos. De modo que la autoridad formal del director, atribuida por su nombramiento administrativo, debe ir acompañada de la legitimidad del ejercicio, cuyo reconocimiento es más informal, pero determinante: al cabo, la antigua confluencia de la «auctoritas», la autoridad moral, y la «potestas», el ejercicio del cargo. Cuando no es así, los conflictos de poder resultan del desequilibrio en el desempeño directivo, sea de una u otra fuente de poder. O de contar con mayor legitimidad docentes que no asumen funciones directivas y son más considerados que los directores cuyo ejercicio se sostiene solo en la autoridad formal.
- La dirección profesional requiere una formación específica de carácter superior. Acaso afirmarlo ya resulte una obviedad, pero sabido es que decir lo obvio importa. La extracción docente de los candidatos a la dirección y los antecedentes de procedimientos de votación para elegir a los directores y directoras pueden influir en una consideración insuficiente de la formación específica para el ejercicio directivo. En unos casos, por entenderse que la capacitación o cualificación docente faculta, por sí misma, para el desempeño de la dirección. Y, en otros, por considerar el carácter principalmente representativo de la dirección del centro, o su ejercicio bastante más vinculado a las características de un cargo que de una profesión. Suele incluso decirse que todos los docentes de un centro deberían pasar por la dirección, cuando se analizan las dificultades de esta y a fin de que se conozcan o comprendan por los miembros del claustro del profesorado. Sin embargo, el ejercicio de la dirección requiere una cualificación específica, con ámbitos característicos, y la formación que la procure ha de tener una entidad superior. Actualmente, la formación exigida para el acceso corresponde a un curso de un mínimo de 120 horas. Y en las sucesivas reformas educativas ha variado el criterio sobre si debe contarse con la ella antes de presentar la candidatura o puede adquirirse tras el procedimiento de selección.
En cualquier caso, tal formación ha de reforzarse bastante para que alcance la entidad y condiciones factibles de una adecuada cualificación específica. Interesa señalar, por tanto, que la cualificación docente no anticipa, directamente, un idóneo ejercicio directivo, pues las características de este difieren de las propiamente docentes. Y que la profesionalización directiva resulta, sobre todo, de un sistemático proceso formativo que capacite para su ejercicio, con una posterior formación continua y oportunidades de tutoría y de intercambio profesional.
- Las competencias directivas requieren condiciones de ejercicio. Prescribe el artículo 132 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), que una competencia de la dirección es «ejercer la dirección pedagógica». Así regulada, su ejercicio no deriva solo de la prescripción, sino de las condiciones para que esa competencia pueda ejercerse. La formación específica, ya adelantada, es una de ellas, mas también el estatus profesional y las atribuciones que resulten de su reconocimiento. La consideración del director como «primero entre iguales» tiene que ver con ello, así como el señalado carácter representativo de su ejercicio. La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, de breve vigencia, introdujo en el sistema educativo la selección de directores mediante concurso de méritos, tras los anteriores procesos de elección mediante votación. Tal concurso de méritos se mantiene, con algunos cambios, hasta la actualidad. No ocurre lo mismo con la «categoría de Director» que esa ley también establecía para los directores seleccionados y con evaluación positiva durante los entonces tres años de mandato: era una categoría para los centros públicos del nivel educativo y régimen correspondiente y surtía efectos en el ámbito de todas las Administraciones educativas. Si bien este reconocimiento puede resultar cuestionable o mejorarse, cierto es que no se ha adoptado ningún otro posterior a fin de sostener el ejercicio de las competencias directivas en condiciones que lo faciliten. Situación que puede llevar, por otra parte, a interpretaciones inconvenientes: así la de atribuir la falta de ejercicio del liderazgo pedagógico, como competencia directiva, a un insatisfactorio desempeño del director, cuando se trata de la falta de cualificación o de condiciones para ejercerlo. Situación parecida a la del ejercicio de la autonomía de los centros sin las condiciones necesarias.
- El liderazgo distribuido afecta a la dirección colegiada y el extendido a la cultura del liderazgo y al desarrollo profesional. Regula asimismo la LOE (2006), en su artículo 131, que «la dirección de los centros educativos ha de conjugar la responsabilidad institucional de la gestión del centro como organización, la gestión administrativa, la gestión de recursos y el liderazgo y dinamización pedagógica, desde un enfoque colaborativo, buscando el equilibrio entre tareas administrativas y pedagógicas». Y atribuye, por ello, el carácter de «órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos» al equipo directivo. El mencionado equilibrio entre las tareas administrativas y pedagógicas ya ha podido referirse, y su distribución entre los miembros del equipo directivo requiere asimismo el acceso de estos a los procesos formativos propios del repartido desempeño. Ahora bien, una situación o configuración es la del liderazgo distribuido, característico de la dirección colegiada del equipo directivo, y otra la del liderazgo extendido. Corresponde este último al desarrollo profesional docente y al compromiso y la implicación en la mejora de las prácticas. De resultas, liderazgo directivo y liderazgo docente confluyen y ambos pueden fortalecerse con su desarrollo. Por ello, podría considerarse el director como líder de líderes y el centro educativo como comunidad de liderazgo, de modo que se constituya, al cabo, una cultura profesional de liderazgo.
- La profesionalización no solo afecta al desempeño directivo, sino a los procedimientos de selección para el ejercicio. El concurso de méritos y la intervención de una comisión de selección, integrada por representantes de la Administración educativa y de sectores de la comunidad educativa del centro, son aspectos también concernientes a la profesionalización. De manera que la valoración de los méritos —entre los que destaca significativamente la elaboración de un proyecto de dirección— y de las competencias específicas de los candidatos requiere una cualificación profesional no derivada de la condición representativa de los sectores de la comunidad educativa a los que pertenecen los miembros de las comisiones de selección. Los antecedentes de elección del director vuelven a referirse aquí, así como la indeterminación y la ambigüedad, pues no resulta pertinente, desde una perspectiva de profesionalización, asociar valoraciones técnicas con la extracción representativa de los miembros de las comisiones de selección. De parecida manera, no cabe conjugar procedimientos de selección por méritos con los resultantes de la elección mediante votación, en la que prima la confianza o afinidad con los candidatos.
- Si la dirección es un eslabón de la carrera docente, esta tiene que estar definida y establecida. De sobra controvertidos son los debates y posicionamientos sobre la carrera docente. Sobre todo, en lo que respecta a su desarrollo horizontal o vertical. El sistema educativo español no establece, de manera explícita, una carrera profesional, aunque puedan advertirse algunos indicios. Así, la disposición adicional duodécima de la LOE (2006), sin cambios posteriores, determina que «en las convocatorias de acceso al cuerpo de inspectores, las Administraciones educativas podrán reservar hasta un tercio de las plazas para la provisión mediante concurso de méritos destinado al profesorado que, reuniendo los requisitos generales, hayan ejercido con evaluación positiva, al menos durante tres mandatos, el cargo de director o directora». Cabe pensar si se trata de una promoción característica de una carrera o de un reconocimiento explícito al ejercicio, si bien serían más propios, como tales reconocimientos, la renovación del mandato o las consolidaciones retributivas de los complementos económicos percibidos durante el ejercicio de la dirección. Por otra parte, el ejercicio de la dirección, de carácter principalmente representativo, podría considerarse como una forma de carrera horizontal, mientras que la profesionalización derivada de una cualificación específica y con un estatus atribuido llevaría a la carrera vertical. Sea como fuere, situar el ejercicio de la dirección como eslabón de una carrera docente exige la previa definición y configuración de esta, a partir de logros, méritos o cualificaciones consonantes con los grados de la carrera y el modo de acceder a ellos.
- La dirección profesional ha de acompañarse de la evaluación formativa y acreditativa. Ya se han adelantado efectos de la evaluación positiva de la dirección y esta, por tanto, ha de acreditarse, sin menoscabo de los procedimientos de evaluación interna en los centros y de la propia autoevaluación del ejercicio directivo. En tal sentido, el Real Decreto 68/2026, de 4 de febrero, por el que se regula la Inspección Educativa, determina, en su artículo 6, como función de la Inspección, «evaluar la función directiva de centros, servicios y programas educativos». El desarrollo de esta evaluación reúne, entonces, el carácter formativo continuo, sobre todo resultante del asesoramiento, y el acreditativo más propio de la valoración final y sus efectos. De ahí que la dirección profesional, caracterizada asimismo por la estabilidad del ejercicio, haga depender la continuidad o la mejora de este de la evaluación del desempeño.
- La profesionalización directiva no debe ser una declaración de intenciones, aunque requiere modificaciones y configuraciones que no resultan factibles a corto plazo. Aunque las reformas del sistema educativo español se suceden interminablemente desde la promulgación constitucional, los cambios, con entidad normativa básica, requieren varios años para su adopción y regulación. Por tanto, son cuestiones del todo necesarias, pero igualmente inalcanzables a corto plazo, aspectos como la formación de carácter superior (máster o estudios universitarios) para el ejercicio directivo; el establecimiento de su estatus consonante con el procedimiento de selección (concurso de méritos u otra configuración de la que resulte una entidad administrativa de la dirección); la definición explícita de una carrera docente que incluya, como eslabón o grado, el ejercicio de la dirección; o la necesidad de una reglamentación básica que considere aspectos sustantivos de la función directiva, tanto para el acceso como para el desempeño, los reconocimientos y los efectos. Aun así, importa sobremanera expresarlas y predisponer las condiciones que hagan factibles y faciliten su regulación básica y la consiguiente mejora de la dirección de centros como relevante factor de calidad del sistema educativo.
