“Los centros especiales ofrecerán una formación profesional de garantía social ”

Autor: Marta SERRANO

—¿Cómo se va a educar a los menores implicados en delitos?
—Hay que hacer un gran esfuerzo desde la sociedad para reintegrar a los menores que delinquen por primera vez, máxime si están entre 16 y 18 años. En ese sentido la Ley del menor es positiva porque si dejamos que estos chicos vayan a la cárcel acabaran convirtiéndose en profesionales del delito en un 90 por ciento de los casos. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor sigue la línea ya adoptada por otros países tanto de la UE y de otros no europeos en cuanto a la creación de centros especiales para aquellos adolescentes que delinquen por primera vez. Allí hay toda una pedagogía, ya que la mayoría viene de familias desestructuradas , etc.
Estos centros especiales les darán toda una serie de reorientación, una formación de tipo profesional o de terminación de estudios, aunque la mayoría de las veces nos encontramos ante menores sin ningún tipo de estudios o con los estudios primarios mínimos.
—¿Por qué ahora si no existen los medios suficientes para aplicar la ley?
—Ahí es donde ha estado el problema. La Ley era necesaria aunque hayan faltado los medios y se ha retrasado dos años. Un tiempo durante el que las CC.AA. teóricamente deberían haber gestionado los centros suficientes para que esta población pudiera ingresar. Pero lo que ha ocurrido es que sólo unas pocas se han preparado realmente. Castilla-León es una de ellas y cuenta con centros bien dotados. En Madrid también hay centros preparados y ya están ingresando los menores.
—¿Qué pasará con los menores que están en la cárcel por matar o otros asuntos muy graves?
—Hay que estudiar cada caso concreto pero sino ¿qué hacemos? ¿dejamos a estas personas toda la vida en la cárcel? Hay que explicarle la Ley a la gente.
—¿La integración de estos alumnos se orientará siempre hacia una formación de garantía social?
—No. Depende de las aptitudes, posibilidades y, en su caso, de los estudios que hubieran realizado anteriormente. Es decir, si han realizado la Primaria, lo lógico sería que comenzaran por la Secundaria. Si han terminado ésta lo lógico sería orientar a los menores no hacia la FP de Grado Medio o de Grado Superior, para lo que se necesita una preparación, sino hacia una formación de garantía social que es a la que me refiero.
—¿Irán estos programas de garantía social complementados por otros de reinserción laboral?
—Esto será muy difícil porque no se pueden utilizar medios coercitivos para que los empresarios contraten a estos chicos. No obstante habrá que ayudarles para que encuentren una salida profesional. Quizá a través de las escuelas-taller, etc.
—¿Y para aquellos que opten por seguir alguna vía para acceder a la universidad?
—Si se da el caso de chicos o chicas que hayan terminado la ESO tendrán la posibilidad de elegir entre FP o Bachiller como el resto de alumnos del sistema educativo. No podemos olvidar que un cinco o un seis por ciento de los reclusos adultos aprovechan su estancia en la cárcel para conseguir el Bachillerato o estudios superiores, como en el caso de El Lute, que cursó Derecho entre rejas.
—Entre los planes de Pilar del Castillo se encuentra el de potenciar la FP ¿cómo se va a hacer esto?
—Es algo que ya anunciaba el programa electoral del PP y que cumpliremos. En breve vendrá al Parlamento la Ley de FP que, entre otras cosas, dejará de lado la pasarela que dificulta el paso a los estudios superiores. Además tendrá que tener en cuenta las demandas del mercado laboral. Por ejemplo, ahora faltan técnicos especialistas en motores de aviación y otros especialistas de grado superior. Hay varios borradores y hay que hablar con las CC.AA que tienen algunas competencias en esto, así como con los grupos de la oposición.