La discusión por los recortes educativos va tocando a su fin
Las aguas comienzan a volver a su cauce. Después de la “tormenta educativa” de las últimas semanas los ánimos se van calmando. La Administración reduce el recorte de unidades a 54 mientras los defensores de la Pública desconvoca las huelgas previstas, aunque no descarta acciones de protesta en septiembre.
Por su parte, la Concertada mantiene que el gobierno del Principado sustenta su política en “intereses partidistas” y matricula a los alumnos que, a pesar de tener asignada plaza en centros Públicos, serán inscritos en los originarios.
“Saben a lo que se exponen”, ha declarado amenazante el viceconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre. Ante la inminente rescisión de sus conciertos, estos centros ya han preparado la financiación de las unidades recortadas con fondos de la patronal.
Mientras tanto, los recursos interpuestos por la Concertada siguen su curso, y las multas a los centros que en un principio se negaron a entregar las listas baremadas, el suyo.
La cuantía de las sanciones dependerá de las unidades concertadas que posea cada centro. Fuentes de la Administración han declarado que la cuantía puede oscilar desde un tercio del módulo que se otorga para otros gastos, unas 797.000 pesetas, hasta el doble.
En ningún caso las sanciones implicarán la rescisión de los conciertos, salvo en el caso de que, como ha ocurrido, algún centro matricule a alumnos “excedentes”. Los colegios “Corazón de María”, “Inmaculada” y “Asunción” incurren así en una falta grave que, sumada a las faltas anteriores, supondría la suspensión del concierto acordado con la Administración.
Los responsables de estos complejos educativos han justificado las medidas adoptadas en virtud de la voluntad expresa y reiterada de los padres de que sus hijos fuesen matriculados en dichos centros y no en la Pública, como se pretende.
En otro de los frentes abiertos se debate un plan de futuro para los profesores de la Privada. Sindicatos y profesores se han reunido con José Luis Iglesias Riopedre, al que se ha solicitado la apertura de una negociación para mantener los puestos de trabajo de los profesores afectados por el recorte de aulas, así como la recolocación de aquellos docentes, unos cincuenta, que están dentro de lo que se ha denominado “la bolsa de crisis”.
Otras de las peticiones hace referencia a un posible plan de indemnizaciones y de jubilación que se adecue al colectivo docente.