El segundo ciclo de Infantil... ¿obligatorio?

Si la futura Ley se estructurará en torno a la búsqueda de la mejora de la calidad de la enseñanza y primará Atención a la Diversidad sobre comprensividad, el fomento de la etapa de Infantil se perfila como otro de los platos fuertes de la norma.

Aunque desde el MECD se pide prudencia, diversas fuentes apuntan a la posibilidad de transformar el segundo ciclo de Infantil (el tramo 3-6 años) en una etapa obligatoria, coincidiendo con la tendencia europea que resalta los beneficios de la escolarización desde edades tempranas.

El sector de la Concertada aplaudiría esta medida , mientras que las asociaciones mayoritarias de padres, Ceapa y Concapa, se muestran de igual modo favorables a todo lo que signifique extender la Educación. Eulalia Vaquero, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), considera la medida “muy positiva, porque es hacer oficial una situación real”.

Pero como nunca llueve a gusto de todos, las primeras críticas ya se han hecho oír. Así, las portavoces de CCOO y UGT en la Plataforma en defensa de la enseñanza Pública creen que “no es necesario, dado que en España la escolarización de estos menores es total”. Creen, además, que al declarar obligatorio este tramo se abriría la puerta a los conciertos en una etapa cuya demanda está cubierta con la oferta de plazas actual. Por su parte Carme Chacón, portavoz de Educación del PSOE, considera que “la medida es positiva sólo si va acompañada de una mayor oferta pública de plazas para alumnos de comprendidos entre los 0-3 años, necesaria por la generalización de la incorporación de la mujer al mercado laboral”.

Por otra parte, si la titulación única no la cuestiona nadie al finalizar la Secundaria, o la supresión de la promoción automática es aceptada mayoritariamente como medida paliativa del fracaso escolar, la instauración de una reválida y, sobre todo, la designación de los directores por parte de la Administración educativa conducirán a un agrio debate.

Dirección fuerte

El modelo de una dirección fuerte, que responda a la falta de candidatos actual y a la mayor autonomía y capacidad de decisión de centros, directores y profesores, no será aceptado por oposición y sindicatos si ello implica que los directores sean impuestos. En este tema las APA son tajantes en su negativa a aceptar directores no elegidos por el claustro de profesores y el consejo escolar del centro. Consejos en los que además piden una mayor representación de los padres de alumnos.

Nueva organización

Pero, según la secretaria general de Educación y FP, Isabel Couso, “la Ley de Calidad supondrá también la modernización de la organización escolar para permitir mayor flexibilidad y autonomía y atender así a la gran diversidad de alumnado presente en las aulas”. Un hecho que se complementará con el Primer Plan Nacional de Acción para la exclusión social que ya prepara el Ejecutivo.

En cuanto a las medidas para prevenir la violencia y mejorar el clima de convivencia en los centros, la Ley de Calidad, como norma marco, propondrá la revisión de la Carta de Derechos y Deberes de los Alumnos (ver edición de MAGISTERIO de 23 de mayo). Un código aprobado por Decreto en 1995 y que no ha solucionado el creciente índice de conflictividad en los centros.

Malestar en el docente

Otro de los aspectos que tratará de resolver el equipo de Pilar del Castillo con la Ley de Calidad es el actual malestar del profesorado. Para la secretaria general de Educación y FP, “no puede haber nada que cause más desánimo entre los profesionales que el que sus esfuerzos no se vean compensados por unos buenos resultados académicos o el que sus evaluaciones no sirvan para nada”. Por ello, en palabras de Isabel Couso “que el alumno progrese en su nivel académico no implica que tenga que pasar de curso con asignaturas y materias pendientes, ya que esto provocaría al alumno a medio plazo un desequilibrio entre él mismo y su capacidad para incorporar nuevos aprendizajes”.

Etapa de orientación

El Bachillerato será otro de los tramos educativos que, a juicio de la ministra Pilar del Castillo, sufrirá una profunda reforma con la Ley de Calidad. Para la máxima responsable de Educación el Bachillerato “es otra Educación Secundaria, que debe adecuar a los alumnos y prepararles para su incorporación a los estudios superiores”, tal y como afirmó durante su discurso de inauguración del los cursos para el profesorado de Secundaria celebrados entre el 10 y el 14 de septiembre en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Además, la ministra apuntó hacia una reforma en la que el Bachillerato esté muy diferenciado de la etapa obligatoria de las enseñanzas medias, por tener unas características especiales y responder a unas necesidades y objetivos “muy diferentes”. La ministra llegó a anunciar que ya se han elaborado nuevos temarios para el Bachillerato y anunció que se optará por un modelo “rico y flexible, que satisfaga las necesidades de cada alumno”.

Mesa en favor de la Pública

1. Sin discutir la mayor autonomía de los centros, exigen mayor control social y que no se produzca una dejación de funciones por parte de la Administración.

2. En cuando a los directivos de los centros educativos, los defensores de la Pública abogan por directores elegidos democráticamente y una mayor importancia del claustro.

3. Introducir criterios correctores para que todos los centros sostenidos con fondos públicos tengan la misma normativa de admisión de alumnos.

4. Crear comisiones de escolarización locales para velar y garantizar por una distribución razonable de los alumnos, evitando mecanismos de selección ocultos.

5. Mayor implicación de ayuntamientos y entidades locales en la Educación para resolver problemas de origen social a través de la contratación de personal de apoyo.

6. Carácter estatal de los cuerpos docentes y mejora de las condiciones laborales del profesorado, limitando el total de grupos, tutorías y alumnos en beneficio de la calidad.

7. Establecer vías de recuperación para alumnos que fracasan escolarmente. Evitar la repetición a través de la evaluación continua y personalizada.

8. Rechazan los itinerarios por ser un modo de segregación de los alumnos y abogan por flexibilizar el sistema a través de bloques de asignaturas optativas.

9. Los cambios sociales producidos exigen la revisión de la carta de los derechos y deberes de los alumnos para mejorar la convivencia en los centros y lograr mayor respeto.

10. Reclaman mejoras laborales para todos los cuerpos docentes, exigiendo ser funcionario como condición sine qua non para acceder a la Inspección.

11. Modificar la actual situación del profesorado de Religión y suprimir esta asignatura de adoctrinamiento del currículo dado el carácter aconfesional del Estado español.

Mesa de la Concertada

1. Los centros deberían tener autonomía pedagógica, organizativa, académica y de gestión, principios básicos que garantizan la calidad de la enseñanza para este sector.

2. En la admisión de alumnos de los centros sostenidos con fondos públicos se primaría sobre la renta de la unidad familiar conceptos como hermanos en el centro, etc.

3. La mesa de la Concertada apuesta por abrir la posibilidad de flexibilizar la ratio de alumnos por unidad dependiendo de las circunstancias del centro.

4. Podrán acogerse a conciertos los centros que, en función de su demanda, satisfagan necesidades de escolarización y presten un servicio público a la Educación.

5. Revisión y nueva redacción del artículo 49 de la LODE (D.F. 1.1 de LOPEGCE) sobre la financiación de los centros sostenidos con fondos públicos.

6. Declarar como tramo de enseñanza obligatoria y, por tanto, gratuita, el segundo ciclo de la Educación Infantil, ampliando la concesión de conciertos a este tramo.

7. Evaluación de la ESO continua e integradora, realizándose al finalizar cada curso. Regular las repeticiones de curso para los alumnos que no alcancen los objetivos.

8. Flexibilizar el sistema para posibilitar la incorporación (en determinados casos) a PGS de alumnos que hayan cumplido los 15 años sin alcanzar los objetivos de la ESO.

9. Revisión del artículo 6.2 de la LODE con el fin de promover nuevas normas de convivencia en los centros educativos.

10. El actual título de maestro y sus equivalentes tendrán los mismos efectos académicos y profesionales que la nueva licenciatura de Magisterio.

11. Para acceder al Cuerpo de inspectores de Educación será necesario acreditar una experiencia mínima docente de diez años.

Privada (Acade)

1. Centros de Educación Infantil no integrados, Acade pide una regulación diferenciada, modificando el RD 1004/1991 en relación con el artículo 11.2 de la LODE.

2. Eliminar además la condición de entidades sin ánimo de lucro para la obtención de ayudas y conciertos (disposición adicional de la LOPEG).

3. Incremento de la autonomía curricular de los centros de Infantil para la elaboración de proyectos educativos propios adecuados a su realidad sociocultural.

4. La nueva regulación para este tipo de centros también implicaría cambios en la titulación del profesorado exigida y la financiación (artículos 10 y 11 de LOGSE).

5. Respecto a los colegios, Acade pide que los profesores con titulaciones superiores puedan impartir docencia en niveles inferiores, sobre todo en especialidades.

6. También son favorables a la supresión de la promoción automática y a la reaparición de los exámenes de septiembre.

7. Son favorables a establecer un 4º de la ESO con diferentes vías (Bachillerato, FP y mercado laboral), así como a la limitación de optativas en ESO y Bachillerato.

8. Modificación profunda del CCP (anterior CAP), y creación de especialidades de Metodología en las facultades universitarias.

9. Aumentar la autonomía curricular de los centros, para la elaboración de proyectos educativos propios, adecuados a la realidad sociocultural.

10. Acade pide además nuevas fórmulas de financiación, posibilitando el actual régimen de conciertos con sistemas de financiación parcial de los centros.

11. Normalizar el sector de las enseñanzas artísticas (Música y Danza), modificando para ello los artículos de la LOGSE vigentes.