“La Ley de Calidad fijará un marco común y único en la enseñanza”

—Ahora que comienza un nuevo curso escolar en muchas CCAA no es ya la Administración sino los propios centros los que deciden cuando comienza el curso. ¿Es positiva tanta descentralización?
—No. Nosotros tenemos una Constitución que establece que hay un solo sistema educativo y parte de nuestra misión es velar que eso se cumpla y que precisamente el sistema educativo español se enriquezca con las peculiaridades propias de cada Comunidad. Por eso, en la Ley de Calidad estamos estableciendo las fronteras que van a aportar la solidez necesaria al sistema. Uno de los retos del MECD es vertebrar el sistema de enseñanza tras el traspaso de competencias a las CCAA partiendo de criterios comunes. Por ejemplo, hasta ahora el comienzo del curso venía establecido en un artículo totalmente desfasado de la Ley General de Educación y que además se estaba incumpliendo sistemáticamente, sin que la Logse pusiera remedio. Ahora, nosotros, viendo la necesidad de coordinar y tener una cierta coherencia dentro del sistema, hemos establecido la disposición adicional cuarta sobre el calendario escolar. En la LOCE ya hay una regulación que hay que observar, aunque luego cada autonomía lo adapte a sus particularidades.

—Por cierto, que la Ley incluye demasiadas disposiciones adicionales y derogatorias. ¿No se ha pensado en refundir toda la normativa educativa en un solo texto legal que facilite el trabajo?
—La LOCE se aprobará así. Lo que ocurre es que luego, en la praxis, seguro que no tardan en publicarse volúmenes que faciliten el trabajo diario de la comunidad educativa.

—Una vez cocinada la Ley de Calidad todos los cambios apuntan a una norma que homologue el sistema educativo español con el de otros países de nuestro entorno. ¿Europa manda tanto?
—En el fondo se trataba de producir una normativa que fuera muy explícita a la hora de homologar las titulaciones. Lo mismo ocurre con el tramo de Preescolar, el de cero a tres años, que en ningún país de nuestro entorno es considerado puramente educativo.

—Sin embargo, la LOCE establece que este período sea voluntario, educativo y asistencial, ¿no temen que así la puerta quede abierta y se produzcan grandes diferencias entre las comunidades?
—En este tema ha habido un consenso unánime entre todas las CCAA. Se logra así que esta etapa quede totalmente regulada con los posteriores desarrollos de la Ley. Además, por parte de otros departamentos de Asuntos Sociales habrá medidas complementarias que faciliten a las familias el cuidado, Educación y asistencia de los bebés.

—La gratuidad de la Infantil supondrá a medio y largo plazo grandes inversiones en construcción de centros para CCAA como Andalucía o Asturias, contrarias a establecer conciertos con la Privada. ¿Qué pasará si se incumple esta medida?
—Cuando el Parlamento apruebe la Ley tendrá carácter orgánico y las comunidades tendrán que cumplirla.

—Muchos consejeros tachan la Ley de elitista y segregadora y amenazan con no cumplirla si no se modifica. ¿Qué autonomías ponen más pegas en las mesas de trabajo con los directores generales?
—No puedo dar una lista porque mi departamento tiene una relación positiva y cordial con todas las Consejerías, y siempre en un clima absoluto de colaboración. Yo confío en que con el desarrollo de la ley las relaciones sigan el mismo curso.

—¿En qué trabaja ahora la Dirección General de Alta Inspección y Cooperación Territorial?
—Estamos inmersos en la firma y desarrollo de los convenios con las CCAA para enseñanzas mínimas. Muchas ya han desarrollado la normativa específica en el marco de sus competencias a través de sus decretos desde finales de junio e incluso durante septiembre. Han salido en muchas comunidades como Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, … y estamos revisando los currículos de las comunidades comprobando que se ajustan perfectamente. Por ello, en la Ley de Calidad se ha incluido como competencia de la Alta Inspección la comprobación de que tanto currículos, como libros de texto y demás material didáctico se adecúen a las enseñanzas mínimas, para evitar y corregir posibles desviaciones.

—¿Qué se puede hacer desde esta Dirección General si se observan grandes diferencias entre las CCAA?
—En lo que sea competencia de las autonomías no se debe ni se intenta hacer nada desde la Administración del Estado. Eso sí, una de nuestras competencias es velar porque se cumplan las enseñanzas básicas comunes. Y es la única manera de poder homologar los títulos, facilitar la movilidad, posibilitar criterios de promoción o de evaluación homogéneos o al menos equiparables, etc. Lo que queremos es marcar en todos los sentidos un marco común mínimo que sea la garantía de homologabilidad.

—Y para comprobarlo ¿algo mejor que la Reválida?
—Bueno, está la Prueba General de Bachillerato y las también las Pruebas de Diagnóstico del sistema, que servirán en conjunto para evaluar la calidad del sistema de modo preciso y con toda garantía de éxito.