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El MECD debate el desarrollo de la Ley sólo con las organizaciones afines

La historia se repite.
Y, para más inri, la ministra de Educación pretende pisar el acelerador a la hora de aprobar los decretos de desarrollo de la Ley Orgánica de Calidad. En la imagen, Néstor Ferrera, presidente de Educacón y Gestión.
Miércoles, 29 de enero de 2003
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Las elecciones locales y autonómicas están muy cerca (el 25 de mayo), pero eso no parece importarle mucho a la ministra de Educación. Si el programa marco del PP anuncia la Educación como una de sus prioridades, Pilar del Castillo ya se ha puesto manos a la obra como la alumna más aventajada y prevé, una vez hecho público el calendario de los decretos que deben desarrollar la Ley Orgánica de Calidad, mantener una primera ronda de contactos con la comunidad educativa con el fin de que las primeras medidas puedan aplicarse ya a partir del curso 2003-04.

No obstante el malestar entre los distintos interlocutores crece por días ya que, como viene siendo habitual, sólo han sido llamados los elegidos, los buenos, los que están a favor de las reformas, al menos, por el momento. Sólo unos pocos entre patronales, sindicatos, asociaciones de padres y organizaciones profesionales han recibido las cartas de invitación para reunirse con sus señorías en la sede de Alcalá 34.

Entre buenos y malos

Parece así que el Ministerio de Educación y Cultura (MECD) ha arrojado la toalla a la hora de buscar el consenso entre todos los interlocutores del sistema educativo y repite el esquema de empezar a dialogar con sus papeles sobre la mesa que rondan, ni más ni menos, los 30 decretos que ya tendrían preparados según distintas fuentes. Un aspecto que no contenta a nadie ni, por un lado, a los convocados por la Secretaría General Técnica de Educación, que apoyan las reformas legislativas de la ministra, pero preferirían partir de cero con la aspiración de que en los reales decretos de desarrollo se recogieran parte de las aspiraciones que no se han visto plasmadas en el texto de la LOCE; ni, por otro, los no convocados, que no conciben la “arrogancia y prisas” de la ministra del ramo educativo a la hora de sacar adelante, a toda costa, aunque sea sólo gracias a su mayoría parlamentaria, unas reformas que les van a afectar de manera importante.

Ricardo Santos, Presidente de CSI-CSIF: “No hay segregación si todos los centros ofertan todos los itinerarios”

La postura de CSI-CSIF respecto a la LOCE ha sido la de apoyar algunos aspectos en los que se recogen reivindicaciones históricas de nuestra Central Sindical como la eliminación de la promoción automática del alumnado; la supresión de la comprensividad en la ESO; el establecimiento de itinerarios adaptados a los niveles e intereses de los alumnos, la recuperación de los cursos y las materias; el acento en el rigor y el esfuerzo; la incidencia en los problemas de convivencia y en la dignificación de la función docente, etc.
No obstante, Santos reconoce también algunos aspectos de la Ley que no se satisfacen, como en el caso del fomento de la enseñanza ¨Privada y la concertación de los niveles no obligatorios”.

Además, “las propuestas sobre promoción del profesorado nos parecen parciales y no muy acertadas”, reconoce Ricardo Santos.

Néstor Ferrera, presidente de Educación y Gestión: “La Ley mejora el sistema pero es insuficiente para la Privada Concertada”

La patronal de centros concertados Educación y Gestión (EyG), considera que la Ley de Calidad supone una mejora para el sistema educativo, pero es una ley “insuficiente” en muchos aspectos importantes para el sector de la privada concertada.
“Es una ley dirigida a la mejora de la enseñanza pública, ya que incluye medidas positivas de apoyo al profesorado y a la función directiva sólo para esta red, dejando fuera de las mismas a la enseñanza privada concertada”, advierte.

No obstante, EyG valora positivamente que se mejore la escuela pública, pero desea que también se tengan en cuenta las demandas de un sector que está dando el servicio gratuito de la enseñanza al 33% de las familias y no se ve favorecido en esta Ley. En cuanto al sistema de elección del director, la LOCE supone mejoras sólo para la escuela pública”, critica el presidente de Educación y Gestión.

Carme Chacón, secretaria general de Educación del PSOE: “La Ley de Calidad entra en vigor sin un sólo euro presupuestado”

La secretaria de Educación y Cultura del PSOE, Carme Chacón, ha denunciado hoy que la Ley de Calidad de la Educación promovida por el gobierno del Partido Popular “entra en vigor sin un solo euro presupuestado para su aplicación”.
Para Chacón,la ministra “comete la grave irresponsabilidad de poner en marcha una ley que no lleva aval económico alguno y que pretende, una vez la ha impuesto a la comunidad educativa y a las comunidades, obligar a que se cumpla sin que haya un sólo euro presupuestado sobre la mesa” La responsable socialista en materia de Educación ha recordado que el PSOE pedirá de nuevo al gobierno que “gaste en Educación»” para “no estar a la cola de la UE en algo tan fundamental como es la formación de nuestros niños en la escuela”. El PSOE insta por tanto al Gobierno a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Maite Pina Ledesma, presidenta de CEAPA: “Los padres de alumnos trabajaremos para atenuar los efectos de la LOCE”

Ceapa considera que el nacimiento de esta Ley sin consenso ni diálogo, con muy pocos apoyos, contribuirá a que su aplicación sea estéril en muchas escuelas.

“Si la Logse no fue del todo implantada debido a la falta de recursos económicos, la LOCE sufrirá del mismo mal”, señala Pina, también por falta de medios y con la mayoría del profesorado, estudiantes, padres y madres en contra.

Por el momento, Maite Pina asegura que “el movimiento asociativo de padres y madres trabajará para que los efectos perniciosos de esta Ley queden atenuados, a pesar de que el Gobierno quiera acallar su voz en los consejos escolares”.

La presidenta de Ceapa anunció asimismo que esta organización está estudiando la posible inconstitucionalidad de diferentes aspectos de esta Ley, como lo referente a las funciones de los consejos escolares, que parece que vulnera el artículo 27 de la Constitución, o el adelantamiento de los PIP a los 15 años”. 

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