La Concertada y el PP hacen frente común contra el PSOE

Autor: Marta SERRANO

Mucho nos tememos que el final de curso va a ser movidito. El anuncio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de aprobar una moratoria para suspender el calendario de aplicación de la Ley de Calidad (LOCE) por dos años y crear una Comisión para acometer su reforma urgente de la legislación educativa, ha puesto en alerta tanto a las comunidades autónomas gobernadas por el PP como a buena parte de la comunidad educativa.

La semana pasada hubo reuniones en la sede del PP entre el equipo saliente del Ministerio de Educación y Cultura (MECD) y los consejeros autonómicos de Educación de Madrid, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares y La Rioja, que son la principal baza ahora mismo para que se aplique lo dispuesto en la Ley aprobada por el anterior gobierno.

Además, el sector de la concertada, en concreto las patronales EyG y CECE junto a FERE y la Confederación de padres de alumnos Concapa, se reunieron también con Eugenio Nasarre y Ana Pastor, coordinadora de Participación y Acción Sectorial del PP en Génova con el fin de intercambiar puntos de vista y acercar posturas en torno a la aplicación de la Ley de Calidad. Todas las organizaciones coincidieron en señalar la necesidad de aplicar la LOCE mientras no exista una normativa que diga lo contrario y el PP por su parte se comprometió a llevar a cabo todas las iniciativas parlamentarias en su mano para que la LOCE no quede en papel mojado.

Por su parte, el Sindicato de Profesores ANPE también ha criticado la decisión política de aprobar de manera inmediata las disposiciones necesarias para suspender la aplicación de la LOCE. Según el presidente de esta organización, Juan Miguel Molina, “es un hecho insólito –por la premura– en nuestra democracia, y ha llevado a la confusión al profesorado. Los docentes se preguntan cómo se puede llegar al consenso derogando por decreto”.

Según este sindicato, “la crispación política creada en estos días corre el peligro de extenderse al mundo educativo, sobre todo por las irresponsables actitudes políticas como la demostrada recientemente en las manifestaciones públicas hechas desde algunas Consejerías de Educación y por actitudes tales como la de aconsejar a los propios directores de los centros educativos a que actúen con olvido de la normativa vigente, obligándoles, institucionalmente, a la desobediencia civil”.

Compromiso de calidad

El presidente afirmó que “esperamos que con la mayor brevedad posible el nuevo equipo ministerial tome las decisiones adecuadas de manera que se corrija la situación denunciada anteriormente. Esperamos que el nuevo Gobierno ordene y armonice las reformas para que el sistema educativo alcance los compromisos adquiridos sobre calidad en el contexto de la UE”.

Las tres prioridades que debiera tener en cuenta el nuevo equipo ministerial en su arranque legislativo pasarían a juicio de este sindicato por “adquirir un compromiso decidido con la enseñanza Pública y con su profesorado, para mejorar la calidad y dignificar la función docente; elaborar un Estatuto de la función pública docente, petición que comparte la mayoría de los profesores y, por último, dar a conocer las medidas que piensa adoptar su Gobierno para conseguir un modelo de sistema educativo vertebrado, cohesionado y basado en los principios de descentralización y cooperación.

Por el contrario desde CCOO y FETE-UGT se ve con buenos ojos la paralización en la aplicación de la LOCE. El ex secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT) Jesús Ramón Copa Novo, (actual director general de Emigración) afirmó en rueda de prensa antes de dejar el cargo que “es necesaria la configuración de una nueva ley basada en el espíritu de la (LODE), para impulsar la creación de un Pacto Social por la Educación que evite que ésta esté a merced de vaivenes políticos”. En lo que toda la comunidad educativa coincide es en que los cambios no deben significar la continuación con el sistema derivado de la Logse. “No obstante, no se establecerán itinerarios, desaparecerá la Reválida, los PIP y se modificará la SCR entre otras medidas”, aseguró Copa.