Las incompatibilidades perjudican a los docentes
Autor: Marta SERRANO
Los docentes de centros sostenidos con fondos públicos están sujetos a la Ley de Incompatibilidades que impide el desarrollo de otra actividad laboral “perjudicando gravemente las posibilidades de desarrollo profesional y el nivel de poder adquisitivo”, según han denunciado los responsables de CSI-CSIF.
El presidente de Educación de este sindicato explica que “la Ley de Incompatibilidades obligó a muchos funcionarios, que hasta entonces habían venido desempeñando varios trabajos, a tener que abandonarlos y escoger uno solo para ceñirse a la legalidad”.
Desde ese momento, (principios de los años 80), “aquella ley sirvió para hacer bueno lo del refrán de quién hizo la ley, hizo la trampa”, añade, denunciando que “con más o menos disimulo o descaro, hemos visto como algunos funcionarios públicos fueron los primeros que pusieron excepciones, permitiéndose a ellos mismos compatibilizar su trabajo público con el cobro de importantes cantidades por asistencia a Consejos de Administración, honorarios de bufetes de influencias y la participación activa en un sinfín de actividades mercantiles”.
Mientras, el resto de colectivos de las diferentes administraciones públicas, se han visto obligados a lidiar con esta ley consiguiendo en unos casos compatibilidades bajo ciertos límites remunerativos o, en otros colectivos, complementos de exclusividad.
Por eso, los responsables de este sindicato denuncian que mientras distintos acuerdos permiten, por ejemplo a los funcionarios de Sanidad, trabajar a la vez en centros públicos de salud y consultas privadas, los funcionarios docentes padecen desde hace años la congelación salarial y un endurecimiento de la aplicación de la Ley de Incompatibilidades, patente en el hecho de que en el último ejercicio, el MAP y las CCAA han denegado la práctica totalidad de las solicitudes docentes presentadas.
