Buenas palabras para pocos acuerdos

Autor: Marta SERRANO

La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, lejos de proponer una solución a la polémica sobre la enseñanza de la religión católica en el sistema educativo, remitió a la Conferencia Episcopal Española (CEE) a una segunda reunión a finales de julio, para hablar con detalle del tratamiento de la enseñanza de religión y de las cuestiones que afectan a su profesorado, un momento en el que la LOE puede haber sido ya remitida al Parlamento. Por eso, San Segundo insistió en que “lo más eficiente y sensato” es que la futura Ley Orgánica de Educación (LOE) recoja principios generales y que los detalles de la regulación de la enseñanza confesional y otros aspectos se concreten en desarrollos normativos posteriores, a partir de principios de 2006, como es una posible asignatura alternativa. Además, recordó que la redacción del anteproyecto legislativo recoge que la religión sea de oferta obligatoria para los centros y de opción voluntaria para las familias.

Dijo que se trata de una “regulación mínima” y que es “difícil no estar de acuerdo en los principios”, ya que lo que la ley orgánica recoge es el “respeto a la legalidad vigente”, aunque es previsible que la CEE tenga sus opiniones sobre cuestiones de detalle.

“Debemos hacer compatibles los derechos de las familias que desean que sus hijos reciban enseñanzas de religión y los derechos de aquellas que no” lo quieren.

Al término de la reunión la ministra calificó el encuentro en el que se constituyó la comisión mixta entre el Gobierno y la CEE con vistas a un diálogo “estable y estructurado” sobre los asuntos educativos como “cordial” y “exploratoria” . Sin embargo, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, manifestó que “la Religión debe ser equiparada a disciplina fundamental” como establece el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979. Sin embargo, la ministra afirmó que al respecto que por parte de la CEE “no ha habido ninguna manifestación de ese tipo”, ni se habló del horario en que se impartiría.

En cuanto la regulación de la libertad de elección de centro educativo la ministra aseguró que “está plenamente garantizada bajo los principios que han impregnado nuestra legislación en los últimos 20 años, que hacen referencia al derecho de las familias a elegir el centro que desean para sus hijos (…) y, como las sentencias de los tribunales han establecido, esto significa que los centros no pueden elegir a los alumnos”.

En cuanto a si el proyecto legislativo sería enviado al Parlamento en los términos en que está redactado el anteproyecto, la ministra explicó que aún requiere algunos informes, que no existe un texto definitivo y que son posibles modificaciones.

La “venia” del profesor

En cuanto al profesor que ha denunciado que el Obispado de Tortosa no le ha renovado después de pedir un permiso de paternidad, la ministra defendió, a expensas de información detallada, que la situación de los docentes debe adecuarse a la normativa vigente (necesitan la “venia” de la confesión correspondiente). No obstante, San Segundo insistió en avanzar para mejorar la situación del profesorado, adecuándolo a la legislación laboral y a los principios constitucionales a partir de las sentencias judiciales para reducir el grado de conflictividad al mínimo.

Por otro lado, la ministra explicó que, en torno al contenido de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, “todos” están de acuerdo en que los principios de convivencia deben tener carácter transversal y que deben impartirla profesores de Filosofía y Ciencias Sociales.