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Protesta unánime contra la agresión a una maestra

La madre de un alumno del Colegio Público "Arrayanes", en Granada, agredió a una maestra que le dijo que su hijo había pegado a otro niño. Toda la provincia secundó las movilizaciones convocadas el viernes.
Viernes, 3 de noviembre de 2006
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El pasado lunes día 23 de octubre, la madre de un alumno del CP “Arrayanes”, en Granada capital, acudió al centro en compañía de varios familiares. El motivo era conocer qué había sucedido entre su hijo de cinco años y otro de tres al que supuestamente había pegado en el patio. Una maestra le narró los hechos, tras lo cual la progenitora abofeteó a la docente y la amenazó de muerte.
Las reacciones de repulsa no se hicieron esperar. Al día siguiente, la delegada provincial de Educación, Carmen García Raya, calificó la agresión de “inadmisible e inaceptable”.
A mediados de semana, la Junta de Personal Docente emitió un comunicado de condena en el que instaba a todos los centros públicos granadinos a secundar una jornada de protesta convocada para el viernes 27.
Poco después, los sindicatos representativos en la enseñanza concertada se solidarizaron con sus compañeros de la Pública al anunciar que también se sumarían a las movilizaciones.
Según todas las fuentes sindicales, el clamor contra la violencia fue unánime el pasado viernes en la enseñanza granadina. En el “Arrayanes” no hubo clase en todo el día y tuvo lugar una concentración a la entrada del centro. Además, el resto de colegios e institutos públicos realizaron paros de una hora entre las 11 y las 12 de la mañana en los que se leyeron comunicados contra la violencia escolar. Por su parte, la Concertada optó por concentraciones similares a la hora del recreo o bien por organizar actos de reflexión para denunciar todo tipo de agresiones ocurridas en entornos educativos.
 
Plantillas
 
Entre otras demandas, el presidente de la Junta de Personal, José Antonio Mesa, exigió que los actos violentos de padres contra profesores sean juzgados como delitos y no como faltas para que “la ley caiga con la mayor fuerza posible sobre los agresores”.
Por otra parte, el sector de enseñanza del sindicato CSI-CSIF en Andalucía aseguró haber realizado un informe que demuestra que “el 54,21% de los centros ha empezado con la plantilla incompleta”. Más aún, según el sindicato funcionarial “un 22,43%” de los colegios e institutos públicos andaluces tienen una ratio alumno/unidad “por encima de lo reglado”.
El informe refleja también que más de la mitad de los centros considera que su material escolar es “malo” o “regular”.
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