Una sentencia censura a la Junta por discriminar a la Concertada

La CECE considera muy positiva la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condena las medidas de impulso de la Sociedad del Conocimiento, dictadas por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. La sentencia declara que este decreto de la Junta “supone una discriminación para los alumnos que no escogen un centro público para cursar sus enseñanzas, conculca el pluralismo educativo y la liberdad de creación de centros docentes” .

Según CECE Andalucía, “todas las actuaciones recogidas en la norma impugnada tienen el efecto de encorsetar a los centros en régimen de concierto, e impedir que ofrezcan lo que se subvenciona con dinero público”. De esta forma, “el Gobierno andaluz perjudica a los centros que han sido creados por iniciativa social y potencia sus propios centros, máxime cuando los centros concertados no pueden acogerse ni exigir ningún tipo de ayuda para ofrecer al alumnado los mismos instrumentos y medios materiales que la Administración está poniendo al servicio de los alumnos que optaron por la enseñanza pública”.

CECE Andalucía cree firmemente que “este tipo de actuación margina a los alumnos y los discrimina porque no han optado por centros de titularidad pública”. La sentencia recoge literalmente que “la falta de dotación de medios tanto a los alumnos como al resto de la comunidad educativa de los centros privados concertados, respecto de los públicos, constituye una patente discriminación por parte de la Administración pública”..

Según la letrada del recurso, Carmen Mora de la Rosa, “la Administración tiene que limitar su papel al de garante, promotor y protector último del derecho a la Educación y la libertad de enseñanza, facilitando a la sociedad los medios necesarios para ejercerla y creando las condiciones idóneas para su desarrollo”. Para Mora de la Rosa, “el Decreto, lejos de crear las condiciones idóneas para que haya libertad de enseñanza, discrimina a los alumnos que han elegido un centro concertado”. La sentencia argumenta el doble rasero de la Administración que somete a los alumnos que escogen centros privados concertados a los mismos procedimientos de escolarización que en los públicos, aunque no les dota de los mismos medios.