Sólo FETE-UGT apoyó retirar el concierto al Colegio “Torrevelo”
La Consejería de Educación de Cantabria dió a conocer la semana pasada la resolución de no renovar el concierto al Colegio masculino “Torrevelo” amparándose en la LOE, las leyes y decretos autonómicos e incluso la Constitución. Además, la Administración educativa ha informado desfavorablemente sobre la petición del concierto del Colegio “Peñalabra”, el equivalente femenino de aquel.
La citada resolución se conoció durante la reunión de la Comisión de Conciertos del pasado 14 de abril, donde sólo el sindicato FETE-UGT votó a favor de la retirada.
Ya con anterioridad, el 16 de febrero, FETE había pedido retirar o no concertar estos centros de Educación diferenciada ya que, según los responsables de este sindicato, “no tiene ningún sentido” que colegios que “discriminan” por razón de sexo y ofrecen una Educación “segregadora” se financien con fondos públicos.
Posible prevaricación
Por su parte, los padres afectados han anunciado la presentación de una querella por prevaricación contra la Consejería, ya que consideran que la Administración educativa ha actuado a sabiendas de que la resolución es injusta. Según las fuentes jurídicas consultadas, el problema de esta querella –de tipo penal– está en la dificultad de demostrar esa mala fe. Por ello, estas mismas fuentes recomiendan actuar a través de la vía del recurso contencioso-administrativo. La jurisprudencia anterior es favorable a estos recursos salvo en el caso de que se solicite protección de derechos fundamentales, donde el Supremo ha rechazado recursos anteriores, aduciendo que la concesión o no del concierto no vulnera derechos fundamentales. Lo cual no significa que la decisión sea legal.
En respuesta a este ataque, las organizaciones de padres Concapa y Cofapa han presentado un manifiesto por la libertad de enseñanza y en defensa de la Educación diferenciada al que se pueden adherir quienes consideren la Educación diferenciada como una opción pedagógica más que nada tiene que ver con la segregación o el trato desigual entre alumnos.
Según los defensores de este modelo educativo, la Educación diferenciada no resulta discriminatoria, como confirma el artículo 2 de la Convención de la Unesco relativa a la lucha contra las discriminaciones, y que ha sido ratificada por España.
Este modelo ha sido amparado por el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores de Galicia, Castilla-La Mancha, La Rioja o Andalucía como una opción totalmente legítima.
Por otro lado, sobre la concertación de estos colegios, las organizaciones de padres defienden que “todas las familias, sea cual fuere el modelo pedagógico que elijamos para nuestros hijos, tenemos derecho a que la Educación básica y obligatoria sea gratuita”, como establece el artículo 27.4 de la Constitución.
El concierto educativo se considera la concreción de ese derecho. “No es, por tanto, una ayuda o subvención a los centros; sino un derecho de las familias”, argumentan estas organizaciones.
Violencia de género
Por otra parte, ante las declaraciones del delegado del Gobierno para la violencia de género, Miguel Lorente, la Cofapa considera que “son reflejo de un absoluto desconocimiento de la realidad de la Educación diferenciada, donde la enseñanza se adapta a las peculiaridades de chicos y chicas, mejora sus resultados académicos, les facilita la socialización y al mismo tiempo disminuye la violencia en el aula”.
Lorente señaló que la separación de alumnos “impide la identificación con los valores de las personas del otro sexo”. Cofapa considera que la afirmación es “gratuita, ya que no se aportan datos objetivos que la sostengan ni demuestren” y se pregunta “qué resultado arrojaría el análisis de los casos de violencia de género en cuanto al modelo en que se ha educado el causante del acto violento”.