Los recursos en contra de las oposiciones afectan a 6.000 plazas y a unos 65.000 aspirantes

Si ya se produjo polémica en la propia convocatoria de las oposiciones, y mantuvo en vilo a cientos de personas que se estaban preparando, ahora, y a poco más de un mes para que se celebren, el Ministerio de Economía y Hacienda recurre las convocatorias de tres comunidades a través de la Abogacía del Estado, y da instrucciones en otras cuatro comunidades para que se recurran ante los tribunales superiores de justicia. El motivo es haber rebasado, supuestamente, el límite impuesto de la tasa de reposición de las jubilaciones del 30%, establecido en el artículo 23 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En total, los recursos afectarían a más de 6.000 plazas de las cerca de 9.000 ofertadas este año en toda España, y a más de 65.000 aspirantes. Son el resultado de la suma de los tres recursos contra las oposiciones de Castilla y León, Navarra y Cataluña y la posibilidad de que también se recurran en Andalucía, Extremadura, Aragón y Baleares. La causa, según Economía y Hacienda, radica en la interpretación que estas comunidades han hecho de la tasa de reposición. La Ley de Presupuestos la fijó en un 10% para el conjunto de los funcionarios, pero para el sector educativo se elevó al 30%.

Desde la Consejería de Educación de Castilla y León explican que el recurso dice que “la reposición no puede referirse a los dos últimos años de oposiciones, sino sólo al último”. Esta Consejería calculó el 30% teniendo en cuenta las jubilaciones de los dos últimos ejercicios al entender que la convocatoria para el Cuerpo de Maestros es bianual, por lo que había que empezar a contar desde 2009.

La Consejería castellano-leonesa, que estima que unos 11.000 opositores aspiran a las 510 plazas que ha ofertado, asegura que “en la Ley de Presupuestos no figura literalmente que la reposición se refiera únicamente al año 2010”. Aragón, que oferta 320 plazas, también sumó las jubilaciones de los dos últimos años y añadió el número de docentes que podría ser necesario para obtener su porcentaje.

En Navarra, la Asesoría Jurídica del Gobierno Foral prepara ya las alegaciones, pues, a su juicio, “la convocatoria de 132 plazas docentes cumple la ley, después de que hubiera 471 jubilaciones en 2010”. Navarra, a cuyas 132 plazas aspiran unas 1.300 personas, sumó las jubilaciones del conjunto de funcionarios que hacían falta en la comunidad y sobre esa cifra calculó el 30% de plazas que luego ofertó para docentes.

Algo parecido al procedimiento de Navarra han realizado Andalucía y Baleares. Ambas comunidades decidieron cubrir el 100% de las bajas de docentes y congelar o reducir al máximo el resto de ofertas de empleo público, pero asegurando que se ajustan al porcentaje de la tasa de reposición. Según las consejerías, en Andalucía hay inscritas unas 35.000 personas para las 3.796 plazas y en Baleares unas 1.500 personas para las 150 plazas.

En Cataluña, donde hay 15.000 personas inscritas para las 1.241 plazas, la Generalitat aplicó el 30% sobre las jubilaciones de Secundaria, pero también sobre las excedencias, renuncias y puestos de nueva creación del último año. Pero desde el Departamento de Enseñanza explican que “de las 1.241 plazas que finalmente ha ofertado, la Abogacía del Estado indica en el recurso que , según los Presupuestos, sólo podría ofertar 430”.

Solución en Cataluña
El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, asegura que el vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, le ha indicado que “el Estado buscará la manera de resolver el conflicto sobre el recurso judicial presentado a la convocatoria de plazas de docentes en Cataluña”. En un acto electoral celebrado el pasado sábado en Vidreres (Girona), el secretario general de CiU reveló que Chaves le ha indicado que “buscaría la manera de resolver el conflicto” y que “me ha reconocido que incluso se había puesto a Cataluña como ejemplo y se ha comprometido a intentar buscar una solución”.

Judicialización del proceso
Desde la Consejería de Educación de Castilla y León consideran “un absoluto desastre que se hayan judicializado las oposiciones, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León puede fallar en un sentido y el de Navarra en otro”. Ahora, los tribunales de justicia autonómicos tienen diez días para presentar alegaciones. Una vez recibidas, la Abogacía del Estado también dispone de diez días para presentar sus argumentos. La suma de estos tiempos hace que para el 25 de mayo se falle la primera parte del proceso, que decidirá si se suspende o si debe seguir adelante.

La segunda parte del proceso, en el caso de que no se suspenda, se ocupará de determinar el número concreto de plazas que corresponde a cada comunidad. Al ser un proceso abierto, el Tribunal Superior de Justicia no puede demorarse, por lo que antes del mediados de junio debe decidir la cifra exacta de plazas.

La Rioja, que no ha convocado ninguna plaza, renunció a sacar las 200 que creía necesarias debido a las restricciones legales, así que considera justo que se recurran las oposiciones si no se respetan los máximos. Castilla-La Mancha, que tampoco convocó, cree que era de esperar que se recurrieran, pues es una “gran irresponsabilidad saltarse la ley”.

Donde no hay problemas
Entre el resto de comunidades, Galicia ha convocado 268 plazas (250 de ellas de maestro); Madrid, 489 plazas de maestro; y el País Vasco, 1.515 de maestros en noviembre pasado, antes de que se aprobara la Ley de Presupuestos del Estado de 2011. Asturias publicó 125 plazas (118 para profesores y siete para inspectores); y la Comunidad Valenciana, 110 en total, para maestros (80), profesorado de Secundaria (20) y de Formación Profesional (10). Por último, Cantabria ha convocado 65 plazas de maestro este año, pero no se cubrirán hasta 2012.